Discapacitados y acceso al trabajo
Clarín – Las personas con necesidades especiales siguen siendo víctimas de políticas públicas que las relegan en forma discriminatoria.
Esta realidad ha llevado a la Justicia a dictar un pronunciamiento que le ordena al gobierno porteño a arbitrar las medidas necesarias para que en el plazo de dos meses se cumpla con las previsiones de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, habría sólo 0,3% de discapacitados contratados, cuando la Constitución y una ley también de la Ciudad establecen que se les debe asegurar el 5% de los puestos de la administración pública. El pronunciamiento, entonces, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad se dirige a corregir un grave incumplimiento.
En la asignación de cargos públicos, los principios básicos de justicia siguen siendo postergados por razones oportunistas y prebendas políticas, aumentando la exclusión que padecen las personas con necesidades especiales en nuestra sociedad.
Las personas con necesidades especiales son relegadas en la administración pública, transgrediendo disposiciones legales. Un fallo judicial ordena revertir este maltrato.
