Va llegando la hora de la verdad

LaNación.com.ar – ¿Fue nada más que un cambio táctico para, ahora por la vía parlamentaria, “poner al campo de rodillas”? ¿O se trató de un giro autocrítico que deja en manos de los legisladores la solución de un conflicto que diezmó de forma dramática el consenso social de su gobierno? Hasta anoche todos los indicios fortalecían la primera hipótesis. Y es posible que las novedades que se produzcan esta tarde, en las discusiones preliminares de los diputados y en la entrevista de la Presidenta con la dirigencia rural, la confirmen.

La Casa Rosada pretende que la ley que sancione el Congreso no exceda la frontera alcanzada en la –llamémosle así– negociación de Alberto Fernández con los líderes agropecuarios. Se evitará, claro, la antipática fórmula de votar “a libro cerrado”. Pero el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, tiene instrucciones para que el corazón de la polémica Resolución 125, las alícuotas móviles, se mantenga intacto.

Para disimular esa intransigencia, Fernández permitió operaciones periféricas: se clasificará de nuevo a los beneficiarios de subsidios, habrá un régimen para monotributistas y se legislará sobre arrendamientos, política lechera, ganadera y sistemas de financiación. Estas reformas deberían lograr que el Gobierno mantenga su principal eslogan: los que resisten la medida son los grandes productores o, para utilizar un arcaísmo presidencial, los "estancieros".

Las estrategias del jefe de Gabinete suelen ser la versión edulcorada -sus detractores dirían "cínica"-, del espíritu que se respira en Olivos. El campo debe ser doblegado en el Parlamento y, si eso no se consiguiera por falta de votos, cualquier cambio sustancial en la ley sería vetado por la Presidenta. Carlos Zannini, custodio de la ortodoxia oficialista, defendió esa posición delante de varios interlocutores la semana pasada.

En síntesis: para el gobierno, el trámite legislativo sólo pretende dotar de mayor espesor legal y político la resolución 125, de tal manera que quienes se levanten contra sus disposiciones puedan ser descalificados, con mayor verosimilitud, como golpistas. Los funcionarios parecen ajenos a la hipótesis de que por esa inflexibilidad vuelva a estallar, de manera más agresiva, el conflicto.

La estética oficial se completa con la invitación de Cristina Kirchner a las entidades rurales para que hoy se sumen a las tratativas del Acuerdo del Bicentenario. El gesto haría creer que el entredicho agropecuario ya no forma parte de la agenda del Poder Ejecutivo. Induce también a imaginar que la suspensión del paro y los cortes de rutas es definitiva. El mismo texto de la invitación incluyó una especie de bienvenida al sistema democrático, que el campo habría abandonado al impedir la libertad de circulación. Los ruralistas aducirán que, si la Presidenta ya no forma parte del problema, debería suspender su resolución hasta que se expida el Congreso.

Para que la coreografía oficial no sea vista como un irritante simulacro, el Gobierno debería superar varias dificultades. La primera es la fragmentación del oficialismo parlamentario. Para aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo, al rosarino Rossi le falta una veintena de votos. Durante el fin de semana se multiplicaron en el interior las reuniones en las que los militantes agropecuarios intentaron persuadir a los legisladores de su zona para que la presión tributaria regrese al 35% anterior al 11 de marzo. El propio Rossi quedó fragilizado por la presión de su entorno rosarino.

La intransigencia de los Kirchner choca también con la interna peronista. Sobre el tratamiento de las retenciones se proyecta la discusión de poder que atraviesa al PJ. Es decir, los legisladores que obedecen a José Manuel de la Sota o a Juan Schiaretti, a Carlos Reutemann, a Eduardo Duhalde, a los Rodríguez Saá o a Juan Carlos Romero, entre otros, alentarán un régimen más favorable al campo. Schiaretti y Alberto Rodríguez Saá, por ejemplo, presentarán sus propios proyectos delante del vicepresidente Julio Cobos. Romero, por su parte, elaboró hace tiempo una iniciativa que devuelve las retenciones al 35% y distribuye su producido entre las provincias. El gobernador de su provincia, Juan Urtubey, no apareció por Buenos Aires durante toda la semana pasada. El titular de la comisión de Presupuesto, Walter Agosto, está alineado con el disidente Jorge Obeid. Y hasta Cobos elaboró una propuesta de retenciones móviles con límite en el 40%, que su asesora, la diputada Laura Montero, consultó con varios ruralistas. Tal vez sea lo último que haga Cobos antes de que los Kirchner lo sumerjan en el ascético anonadamiento de su antecesor Daniel Scioli.

A las dificultades oficiales se suma el activismo opositor. La UCR, la Coalición Cívica, el socialismo de Hermes Binner y Pro intentan coincidir en un proyecto. La iniciativa limita la capacidad del Ejecutivo para modificar aranceles, establece las retenciones en una alícuota fija del 40% y propone distribuir lo recaudado entre las provincias según el índice de coparticipación, con lo que se podría introducir otro factor de dispersión en el kirchnerismo: el estado de San Luis, en su presentación ante la Corte, ya cuantificó lo que las retenciones les hacen perder a las provincias en concepto de impuesto a las ganancias.

Pero el arco opositor también exhibe divisiones. Su dilema principal es que, al admitir retenciones del 40%, tal vez conseguiría sumar al PJ disidente y, con esa fuerza adicional, bloquear la iniciativa de los Kirchner. Pero resignaría un principio general. Por ejemplo, un sector importante de la Coalición Cívica, en el que milita la propia Elisa Carrió, viene sosteniendo que esa alícuota es confiscatoria, ya que la recaudación del 40% de los ingresos equivale al 80% de las ganancias de un pequeño productor. Es decir, la oposición corre el riesgo de que la Corte, en el mediano plazo, declare que también su postura es inconstitucional.

En el radicalismo, las prevenciones son otras. Algunos temen que el partido quede atrapado en el juego de la Coalición Cívica. Al mismo tiempo, Carrió presiona a sus legisladores para que se diferencien de Mauricio Macri.

Para sintetizar: en las próximas tres semanas, que es el lapso previsto para la discusión legislativa, el oficialismo y la oposición estarán desafiados por sus propias patologías. Los Kirchner, tal vez por primera vez desde 2003, deberán demostrar que, además de atemorizar a sus seguidores, saben seducirlos y negociar con ellos. Hasta ahora, esas capacidades no aparecen: los diputados que esta tarde participarán de la reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Presupuesto y Hacienda llegarán a esa instancia sin haber discutido dentro del bloque ninguna postura unificada. Los líderes de la oposición, por su lado, acaso vuelvan a dispersarse por la costumbre de rechazar del otro lo que más se les parece. Esa propensión que Sigmund Freud denominaba "el narcisismo de las pequeñas diferencias".