Usos y abusos de la publicidad oficial

La Nación – En un país donde la principal preocupación de los ciudadanos es la inseguridad o la carrera entre la inflación y los salarios (que comenzó al paso y hoy anda al galope), es probable que el tema de la publicidad oficial resulte para muchos irrelevante.

Sin embargo se trata de una cuestión muy seria que afecta directamente la libertad de expresión, ya que el reparto de la publicidad del gobierno, discrecional y abusiva, se utiliza como instrumento para disciplinar a editoriales o periodistas críticos, y para premiar a los amigos con recursos millonarios.

En el año 2006, presenté el primer proyecto para regular la publicidad oficial (expediente 3761-D-06), y desde entonces he monitoreado detalladamente los excesos cometidos en el reparto de la pauta publicitaria y promovido una norma para darle transparencia y legitimidad a estos recursos que el actual gobierno incrementa geométricamente año tras año.

En los próximos días daremos un paso más en el proceso de sanción de una ley para la regulación de la pauta oficial, con los aportes de todos los que han presentado proyectos y también los análisis generados por Poder Ciudadano y la Asociación de Derechos Civiles, en su control permanente sobre las partidas presupuestarias y los medios beneficiados.

Estas organizaciones, junto a otras como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtieron la distorsión que sufre la publicidad oficial en la Argentina y denunciaron en el año 2007 que este gobierno la utiliza como una herramienta de censura indirecta.

A tal punto, que la Justicia falló a favor de la Editorial Perfil y ordenó restituirle la pauta, observando la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema en el caso "Diario Río Negro c/la Provincia de Neuquén" que establece que el Estado: “No puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios y no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión”.

Muchas veces comparé lo que pasó en la provincia de Santa Cruz con lo que ocurre hoy en todo el país.

Es indiscutible que desde que Kirchner llegó a la gobernación de Santa Cruz los medios públicos y privados fueron cooptados hasta la sumisión, y transferidos a manos amigas como negocios formidables, solventados a través de la asignación de publicidad oficial.

El resultado es una provincia en la que casi no quedan voces independientes o críticas al Gobierno, y sólo algunas radios sobreviven resistiendo un hostigamiento permanente. Este modelo es el que se intenta imponer directamente al resto del país.

Cuando lo denuncié en el congreso se me atacó con dureza, sin embargo sólo hay que mirar un ratito de fútbol (que no es para todos ni es gratis) para comprobar que esa millonaria máquina estatal de propaganda ya ha sido puesta en marcha. Sólo algún turista futbolero de paso por Buenos Aires puede creer en esos maravillosos indicadores económicos, en el incremento sideral de la matrícula escolar, o en esta versión de país deportivo sin otros anuncios que los de una Presidenta omnipresente.

La publicidad oficial se utiliza burdamente como un aparato propagandístico de dimensiones nunca vistas. Además, los grupos que usufructúan en exclusividad la pauta oficial no conservan el mínimo decoro, al punto de que varios empresarios K son ya propietarios de grandes multimedios construidos de la noche a la mañana con dinero público. Todo esto bajo denuncias judiciales que pusieron a la luz estos manejos en el área de Medios y también en la agencia Télam.

Pero no termina allí el circuito de la pauta, con otras medidas mucho más evidentes y efectivas el gobierno de Cristina Kirchner intenta completar la "transmutación” de medios como se realizó en Santa Cruz.

Cuando sostuve que la ley de medios era el vehículo para el objetivo final del Gobierno, que es la hegemonía comunicacional, los números no estaban disponibles.

Ahora sólo hace falta una simple suma: a los $900 millones que se invierten en el fútbol, se suman los más de $800 millones de publicidad oficial anuales y los más de $1000 millones que se destinan a la creación de la televisión digital gubernamental.

Tantos miles de millones de pesos demuestran que la diversidad de voces sólo fue un slogan más, que se intenta imponer únicamente la voz del Gobierno, transformando la programación pública en un atril permanente para el ataque a la oposición y la prensa independiente.

Por todo esto renovamos nuestro esfuerzo en sancionar una ley que ponga fin a la corruptela, una ley marco que permita ser adoptada también por los gobiernos provinciales, una ley de similar tenor a las que rigen en otros países como España, Canadá o Gran Bretaña. Que imponga la transparencia como regla, que exija a los funcionarios controles internos y externos, que otorgue poder a los ciudadanos a través de la información, creando registros que reflejen quiénes reciben publicidad oficial y a quiénes se le niega.

La sanción de este proyecto permitirá un fuerte control parlamentario a la distribución de recursos, y devolverá el carácter público de la pauta para ponerle fin a su utilización como limitante de la diversidad y amenaza para la libertad de expresión. La distribución igualitaria de pauta oficial garantiza la pluralidad y el sostenimiento de los pequeños emisores que dependen de ella como principal fuente de ingreso.

La ley que proponemos tiene la urgencia de los grandes temas. Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad sobre el destino de los recursos públicos, y por suerte también tienen derecho a decidir con su voto si acompañan a un gobierno que con tal de alcanzar la hegemonía comunicacional es capaz de dilapidar miles de millones de pesos, que por otro lado niega a los jubilados o a las demandas sociales urgentes en materia de seguridad.