Una agenda energética cargada

El año próximo el sector energético va a seguir enmascarando sus problemas estructurales bajo las sombras de una recuperación económica mediocre y de patas cortas. Este año el escenario fue de “luces encendidas y economía apagada”. En 2010 vamos a un escenario de “luces encendidas y economía a media luz”. La economía se va a recuperar algo, pero, en nuestra opinión, no va alcanzar los niveles del producto de 2008. Con 1,5 a 2% de crecimiento el aparato productivo va a seguir trabajando a media máquina y el Gobierno va a seguir diciendo que se superaron los problemas de oferta energética. El sector sabe que no es verdad. La descapitalización del sector de energía de todos estos años seguirá su curso. Para revertirla, hay que invertir mucho más, alrededor de 2 puntos del producto; y tienen que invertir el Estado y el sector privado. Sin embargo, la dirigencia política y social, y la opinión pública en general, deben tomar conciencia de que habrá que asumir un inevitable interregno con problemas de escasez y recomposiciones graduales de precios y tarifas. Son las consecuencias de las políticas populistas desplegadas todos estos años en un sector capital intensivo. El talón de Aquiles de la descapitalización energética está en el agotamiento de las reservas de gas natural (51% de la oferta de energía primaria). A principios de la década las reservas probadas pisaban los 800 mil MMm3, mientras que hoy no superan los 400 mil MMm3. La caída de las reservas de gas a 8 años de los niveles de consumo, la declinación productiva en los últimos años, el mayor porcentaje de gas de baja presión, y la consecuente caída de productividad por pozo, prefiguran un futuro energético complicado para una matriz que debe diversificarse y que no cuenta con sustitutos en el corto plazo. El gas de nuevos yacimientos, exploración exitosa mediante, está a 10/12 años vista. El gas importado de Bolivia no está seguro, y el gas por barco impone la construcción de una planta de regasificación. Las reservas probables y el gas de arenas compactas (tight sands) esperan para su desarrollo otras señales de precio. El precio promedio al productor local es de 1,85 dólares la unidad técnica (millón de BTU), el precio que pagamos por el gas importado a Bolivia en el último trimestre es de 6,1 dólares; y el precio que pagamos por el GNL en el invierno pasado fue de 7 dólares. Si todo sigue igual, vamos a importar cada vez más gas por barco (ya se habla de hacerlo de Chile usando los gasoductos que construimos para exportar) o vamos a importar líquidos del petróleo a precios de referencia internacional. Para revertir el cuadro es necesaria otra política energética. Una política energética que abreve en el largo plazo, que recree la institucionalidad y la certidumbre, y que asuma el costo político de recomponer precios y tarifas en el conjunto, implementando una tarifa social para los pobres. Creo que hay que esperar el turno de otra administración de gobierno. Es difícil que esta administración libere la energía de la trampa del corto plazo. Es difícil que asuma el costo de desmantelar los subsidios energéticos, aunque haya aceptado a regañadientes que se favoreciera más a los ricos que a los pobres. Salvo necesidades fiscales extremas, el matrimonio gobernante va a evitar recomponer precios y tarifas en la cadena de valor energética. En 2010 habrá que conformarse con el avance de obras de infraestructura relevantes que dependen de fondos públicos y que deben terminarse (Campana y Timbúes, Atucha II, Yacyretá, Plan Federal de Transporte, Gasoducto Magallánico). No vaya a ser que como parte de la herencia energética envenenada también se transfieran los mayores costos de los incumplimientos contractuales. La buena noticia de 2009 fue el acuerdo sobre políticas de Estado alcanzado por ex secretarios de Energía. Ojalá que en 2010 esos consensos básicos se sigan profundizando