Un alivio para el gran multimedios
El Grupo Clarín por ahora puede respirar tranquilo. Los jefes del bloque del PRO suspendieron ayer la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que debía tomar una decisión sobre el tendido del servicio de televisión por cable.
CriticaDigital.com – Esto significa que Multicanal y Cablevisión, las dos empresas que el holding multimedios tiene en el rubro, no estarán obligadas a soterrar toda la red de coaxil.
Tal como anticipó Crítica de la Argentina, el macrismo aceptará el fallo de la Justicia que declaró inconstitucional una parte de la ley que regula la actividad en el distrito. Pero será una jugada silenciosa: para no dejar rastros de una medida que puede complicar la relación con el Grupo Clarín, propietario de las dos empresas que concentran el negocio, dejarán que corra el tiempo hasta que venza la próxima semana el plazo que tiene la Legislatura para expedirse. De este modo, el fallo del Tribunal Superior de Justicia quedará firme. Pero no habrá versión taquigráfica.
La jugada encierra dos propósitos: evitar el debate en el recinto sobre la millonaria inversión que deben hacer las empresas privadas para soterrar los tendidos de cable coaxil, y además posponer la solución de fondo para el problema ambiental y económico que implica el despliegue del cableado.
En diciembre, la Justicia hizo lugar a un pedido de inconstitucionalidad que planteó una empresa del sector contra la ley 1.877, de 2005, que reguló la instalación de esas redes. La norma pretendió eximir a las tres empresas que hoy operan en la ciudad (Multicanal y Cablevisión, del Grupo Clarín, y Telecentro, del ex presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri) de la obligación de invertir en la mayor parte del distrito los 300 millones de dólares que aproximadamente requiere el soterramiento.
En cambio, la ley obligaba a los eventuales competidores nuevos a tender sus cables bajo tierra. En los hechos, implicaba que se cerraban las puertas a las nuevas empresas. El Superior Tribunal de Justicia entendió que esos artículos de la ley favorecían las prácticas oligopólicas y los anularon. Lo que no resolvieron los jueces es cómo debe ser el nuevo esquema de inversiones.
Esa misma ley permite que un máximo de tres empresas (las existentes) puedan mantener sus cables por aire tendidos de postes metálicos. Y limitó a cuatro el número de postes por cuadra. Es decir que sólo los operadores que hoy prestan el servicio en la ciudad pueden mantener sus cables fuera de la tierra. Estas restricciones, sumadas al fallo judicial, abrieron un vacío legal sobre el modo en que deben obrar los posibles competidores.
El Gobierno tiene dos opciones para resolver esa contradicción: obligar a todos a invertir para soterrar sus tendidos o permitirles a los nuevos operadores que utilicen los postes para tender más cables por el aire porteño. Esta segunda opción liberará nuevamente a las empresas de su obligación. Un sector del macrismo, liderado por el justicialista Cristian Ritondo, es funcional a los intereses del Grupo Clarín y quiere una salida intermedia que alivie la carga que recaería sobre las empresas. Ellos proponen un sistema mixto, donde el Estado se haga cargo de una parte de las erogaciones. Pero la decisión aún no llegará. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, instruyó que la cuestión de fondo se resolviera cuando los “eventuales competidores” dejaran de ser eventuales y el vacío legal pasara de ser un problema potencial a uno verdadero.