Tratamiento del Proyecto de Ley de Remoción de Buques Inactivos del Riachuelo

Sr. Presidente: adelantamos el voto positivo del Bloque de la Unión Cívica Radical para este proyecto de ley que fija las normas para remoción de barcos inactivos y/o hundidos en la cuenca Matanza Riachuelo y que fue extendido a todos los cursos de agua del país.

Estas embarcaciones generan desde hace largos años importantes daños ambientales sobre una de las cuencas más contaminada del mundo. Es trascendental señalar que el retiro de los barcos inactivos constituye solo una parte de este histórico  problema.

La Cuenca Matanza Riachuelo representa una de las mayores problemáticas ambientales de la Argentina. Su espejo de agua está totalmente degradado y el habitat a sus orillas presenta serios problemas ambientales y sanitarios para los casi 5 millones de personas que viven en su zona de influencia. Desde hace años el Estado es incapaz de encontrar una solución para el saneamiento, y lo que es peor, tampoco puede controlar la creciente contaminación provocada por las industrias y empresas que siguen arrojando sus desechos al río; ni contener la contaminación biológica provocada por la falta de obras de infraestructura cloacal y sanitaria. El   Riachuelo y sus afluentes reciben 368.000 metros cúbicos de aguas residuales domésticas por día, de los cuales sólo el 5 % recibe tratamiento previo, y a su vez recibe otros 88.500 metros cúbicos diarios de desechos industriales sin control, que aportan a una creciente y constante contaminación química.

El problema es antiguo pero las soluciones que cada gobierno hasta ahora propone quedan lamentablemente en el rubro promesas. Basta recordar los mil días de María Julia para entender rápidamente una historia de décadas de desidia y defraudación.

La administración Kirchner no parece distinta en este sentido, con gran expectativa se nombró al frente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a la Dra. Picolotti como una experta en medio ambiente que venía a resolver el problema de la cuenca. También con mucha prensa se envió al parlamento un proyecto que fue aprobado el 15 noviembre del 2006 creando la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) Ley Nº: 26168. Como es costumbre en el período Kirchner, en el momento del tratamiento no se consideraron los proyectos de otros diputados en este sentido. Quiero recordar que el 08 de noviembre del 2005, presenté el proyecto 6194-D-05, que fue el primer proyecto presentado en diputados para crear una autoridad de cuenca. La ACUMAR comenzó a funcionar tardíamente, se demoró más de seis meses en convocar a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para conformarla. Finalmente la Secretaria Picolotti como presidenta de la ACUMAR tuvo que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en dos oportunidades para rendir cuentas de lo actuado. Nótese que ante la falta de actuación de los poderes ejecutivos en el tema, fue la Corte Suprema en la Causa “Mendoza Beatriz Silvia y otros contra el Estado Nacional y otros sobre daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río – Matanza Riachuelo),” la que tuvo que reclamar la urgente intervención de los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en audiencias conjuntas. Como decíamos en las dos audiencias ante la Corte, la Secretaria Picolotti no pudo presentar un plan que conformara los requerimientos mínimos para el saneamiento, y las obras que hasta el presente se realizaron fueron por cuenta del gobierno provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Ahora bien para centrarnos en el proyecto que traemos hoy a debate, debemos decir que el gobierno nacional no tiene en cuenta que ya hubo desde el ejecutivo un decreto que trataba de reglamentar lo mismo y que jamás se aplicó, hablo del Decreto 180 del año 99 firmado por el entonces  presidente Menem, que proponía la creación de una Dársena de Buques Inactivos y la disposición de los buques inactivos o los hundidos que se reflotaran. Pasaron casi diez años y muchas promesas, los mil días de Maria julia y también las promesas recientes de Picolotti, sin que nadie se tomara en serio la remoción total de los barcos inactivos.

El problema ambiental que causan los barcos y estructuras abandonadas en el curso de agua, es serio, pero si uno verifica algunas cifras oficiales puede comprobar que el gobierno no tiene un diagnóstico preciso. En ese sentido debemos señalar que encontramos diferencias importantes en la información suministrada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Prefectura Naval Argentina y diferentes relevamientos realizados.

En noviembre de 1998, siendo Directora General del Centro de Gestión y Participación de los Barrios de La Boca – Barracas, dependiente del Gobierno de la Ciudad, me involucré directamente en la problemática del Riachuelo, los vecinos de la Boca y sus organizaciones sociales fueron los primeros militantes activos en la demanda de soluciones a la contaminación. Intentando darle respuesta a las inquietudes vecinales, solicité a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD) un Informe de Identificación y Cuantificación de Buques Inactivos, realizado con asistencia de la Prefectura Naval Argentina, en dicho relevamiento el total del listado ascendía a 67 buques inactivos en jurisdicción del riachuelo sin contar los hundidos o las estructuras sumergidas.

En abril del 2004, siendo ya Diputada Nacional, presenté un Pedido de Informes al Poder Ejecutivo, el Expediente: 1624-D-2004, sobre la situación institucional actual del Comité Ejecutivo del Plan de Gestión Ambiental y manejo de la Cuenca Hídrica Matanza – Riachuelo. Esta Cámara lo aprobó el 24 de noviembre del mismo año, y a finales del 2005 el jefe de gabinete de ministros respondió el pedido de informes. En el, adjuntó un listado de las naves amarradas en el área Boca del Riachuelo, aportado por la Autoridad de Aplicación, y el total fue de 87 embarcaciones inactivas.

Por su parte, la Dra. Picolotti, el 20 de marzo del 2007 informaba a través de la página web de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que: “en la actualidad, se encuentran registrados cerca de 80 barcos inactivos y/o hundidos”, 

En cambio, la Prefectura Naval Argentina en un informe presentado ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado reunida el 6 de noviembre del 2007,  indicaba que en la actualidad la cantidad asciende a 50 buques inactivos en la cuenca hídrica Matanza Riachuelo.

Creemos que para comenzar un plan de retiro de embarcaciones en el riachuelo por lo menos la autoridad competente, debería tener un diagnóstico exacto de la situación para luego evaluar correctamente acciones, plazos y costos de la remoción.

Como dije, vamos a acompañar con el voto afirmativo este proyecto porque delimita y consigna mejor los plazos y condiciones para la extracción de los buques, pero debemos insistir: que ya en el año 99 el Poder Ejecutivo, estableció por decreto, similares condiciones que no se aplicó nunca, como tampoco hubo nunca un plan integral de remoción de inactivos, solo acciones aisladas. Como vemos hasta ahora en materia de saneamiento del riachuelo se va para atrás y para adelante sin plan definido y muchas veces contradiciendo lo anterior. Por ejemplo el decreto mencionado preveía la creación de una dársena de inactivos, este proyecto que tratamos hoy en su artículo 17º indica que: “los buques, artefactos navales y aeronaves de bandera nacional o extranjera, sus restos naufragos y los objetos y construcciones de cualquier naturaleza que se encuentren en aguas jurisdiccionales argentinas deben ser extraídos, removidos, trasladados a lugares autorizados…,”, lo que no dice, es cual será la zona de traslado, debemos creer que será fijado por reglamentación o que la totalidad de los buques será removida y desguasada. Si es así ¿en que plazo se concretará la remoción de todos los inactivos? El desmantelamiento de los buques se realizará por cuenta de terceros, como señala este proyecto de ley, si es así ¿quien controlará las licitaciones y los márgenes de ganancias de quienes realicen el trabajo, qué parte volverá al estado de lo producido?

Lo importante, como aquí se ve, es dejar de improvisar, darle a la Corte Suprema de Justicia, que cuestiona la acción de la ACUMAR, las precisiones solicitadas. Precisarnos a nosotros, los diputados que ya señalamos en su momento la falta de información seria sobre el tema. Cuando se creo la ACUMAR no se constituyó capital para el nuevo ente, no se fijó cronograma de obras y tampoco se nos informo el plan de inversión, HOY LA ACUMAR FUNCIONA COMO UNA DEPENDENCIA MAS DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y no como un organismo suprajurisdiccional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya ha señalado la falta de claridad en la integración del organismo y la falta de precisiones sobre su financiamiento. Las acciones realizadas hasta la fecha tienen que ver solo con acciones de la provincia o de la ciudad que actúan según sus propios cronogramas y no sobre la ACUMAR en conjunto.

En materia del saneamiento del Riachuelo lo que falta es voluntad política, ya que existen los recursos necesarios. Esto quedó demostrado claramente en la partida presupuestaria que la Secretaría tuvo asignada para el 2007 y su falta de ejecución, ya que  Romina Picolotti, tuvo en el 2007, 66,6 millones de pesos para obras y gestión ambiental en la cuenca Matanza Riachuelo, y solo utilizó 17,2 millones, es decir, el 26% del total de la partida.

La ausencia de obras no es por la inexistencia de recursos como se ve, sino por incapacidad de gestión. En cuanto a la falta de control sobre las empresas contaminantes y demás, tampoco se han cumplido las metas. No puede seguir culpando a los privados si el estado no controla. Normativa tampoco es lo que falta, ya que hay 55 normas ambientales y administrativas que pueden aplicarse en la cuenca Matanza Riachuelo, lo señalábamos en oportunidad de presentar nuestro proyecto de creación de la autoridad de cuenca. Lo que debió haber hecho la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, además de enviar este proyecto que corrige los plazos para la remoción de inactivos abandonados es abocarse, inmediatamente de constituida la ACUMAR, a la formulación de un digesto ambiental que ordenara e hiciera mas ágil el control sobre la normativa vigente.

Acompañamos este proyecto pero señalando que no compartimos el criterio con el cual el ejecutivo maneja la ACUMAR, destacando que hasta ahora solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia han encarado distintas obras, y que las que le corresponden a la Nación aún no han sido iniciadas.

Acompañamos este proyecto pero exigimos a su vez que se le informe a este Congreso el plan de inversión y el cronograma de obras de la ACUMAR. Debemos conocer la rendición de cuentas por lo ejecutado tanto en cuanto a obras, saneamiento del espejo de agua, rehabilitación de las orillas, eliminación de basurales clandestinos, como también en cuanto a la construcción de infraestructura cloacal y de plantas depuradoras que aún no se han realizado. Tampoco se tiene información sobre la subsanación de la emergencia sanitaria que afecta a los habitantes más inmediatos de las márgenes del Riachuelo. En definitiva Sr. Presidente lo que no queda claro para este honorable cuerpo y para los ciudadanos es cual es el plan para el saneamiento del riachuelo, en que plazo se concretará y por qué hasta ahora desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, solo llegan sospechas por malversación de fondos (caso judicializado) y reprobaciones por parte de la Corte Suprema que sigue cuestionando las pocas acciones realizadas.

El momento de recuperación económica que estamos viviendo, es el indicado para empezar a resolver este problema histórico, desaprovecharlo es seguir condenando a los habitantes del sur de la Ciudad de Buenos Aires y del área Metropolitana a la degradación y al peligro sanitario. Con la corrección al Decreto 180 del año 99 que efectuamos a través de la sanción de esta ley estamos dando una herramienta legal más, pero esto de nada sirve si no se toma con urgencia y firmeza la decisión de comenzar a reparar el daño ambiental que afecta a casi cinco millones de argentinos.

Gracias Señor Presidente.