Se reducirá más el envío de fondos de coparticipación a las provincias

LaNación.com.ar – El conflicto entre el Gobierno y el campo desnudó, como ningún otro, la profunda inequidad fiscal en el país, con una nación rebosante de recursos frente a provincias asfixiadas y sus cuentas en rojo. El conflicto rural se apaciguó, pero aquel contraste entre Nación y provincias no sólo continúa hoy, sino que persistirá el año próximo: según el presupuesto de 2009, sólo el 24,8% del total de la recaudación se destinará a la coparticipación.

En efecto, según el presupuesto de 2009, el Tesoro girará alrededor de 80.000 millones de pesos a las provincias el año próximo, el 24,8% del total de los ingresos anuales.

Este porcentaje se sitúa muy por debajo (10 puntos menos) del piso mínimo que establece el último pacto fiscal entre la Nación y las provincias, que fijó ese umbral en el 34%. Asimismo, es el porcentaje más bajo de los últimos 50 años.

Esta situación de fragilidad fiscal, sumada a la creciente inflación y las demandas salariales de los sindicatos estatales, coloca a las provincias en una situación de dependencia creciente con la Nación.

Esto explica por qué en las últimas semanas no sólo los gobernadores peronistas díscolos como Juan Schiaretti (Córdoba) reclaman un reparto más equitativo de los ingresos, sino que incluso el kirchnerista Daniel Scioli (Buenos Aires) hizo trascender que reclamará a la Nación una nueva ley de coparticipación y un reparto más justo del impuesto al cheque.

En la Cámara de Diputados, los oficialistas "rebeldes", encabezados por Felipe Solá (Buenos Aires) y Enrique Thomas (Mendoza), presentaron un proyecto para aumentar la coparticipación del impuesto al cheque (como se informa por separado).

Esta iniciativa se suma a una jugada conjunta de la oposición, que también puso en la mira ese tributo que fue aprobado como provisional y cuya eliminación nadie se plantea hoy. Es lógico: significa para el Tesoro una recaudación global de entre 15 y 20 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, de ese total, la administración nacional cede menos del 30% a las provincias.

Es cierto que, además de la coparticipación (que se gira de manera automática), la Nación realiza transferencias adicionales de fondos a las provincias, destinadas mayormente a vivienda, educación y obra pública.

El problema es que se trata de giros discrecionales, es decir, que no están sujetos a normas objetivas sino que los deciden los funcionarios de turno sobre la base de intereses políticos también coyunturales.

Según precisó la semana pasada el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, a los diputados de la Comisión de Presupuesto, en 2009 se girarán 15.600 millones en concepto de transferencias discrecionales.

Si se los suma a los 80.000 millones de coparticipación automática, las provincias recibirán, en total, 95.600 millones de pesos. Pero ni aun con estos fondos adicionales se alcanza al piso mínimo que fija la ley, apenas con esos giros la cifra araña el 29%.

¿Qué grado de discrecionalidad, según el presupuesto, habrá el año próximo en el reparto de los recursos a las provincias?

De acuerdo con un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), "las provincias donde más se aumentará el gasto son Chaco, Misiones, Tucumán y Chubut. Por el contrario, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Tierra del Fuego son las que menos incrementos verán".

El reparto de recursos para la construcción de caminos y rutas también llama la atención.

"La Pampa, Tucumán, Salta y Chaco verán un aumento en este rubro muy superior a la media; por el contrario, Buenos Aires, La Rioja y Córdoba se encuentran entre las que menos incrementos tendrán o incluso disminuirán los fondos que la Nación invertirá en Vialidad", se afirma en el informe.

Allí se precisa que La Pampa, por ejemplo, tendrá una mejora del 74% respecto de 2008, Tucumán del 71% y Salta del 66%. En cambio, Buenos Aires recibirá un 40% menos de recursos y Córdoba, un 7% menos.

Una ley demorada

La demora, de más de 10 años, en sancionar una nueva ley de coparticipación -como se fijó en la Constitución nacional tras su reforma de 1994- genera estas distorsiones en el reparto de recursos, según afirman los expertos.

Si bien sancionar una ley de coparticipación es complicado, pues se requiere el acuerdo de todas las provincias, desde que el kirchnerismo llegó al poder, nunca esbozó intención de avanzar en la materia.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna propuso recientemente una serie de criterios para discutir una nueva coparticipación, entre las cuales figura la coparticipación de todos los impuestos nacionales, incluido el impuesto al cheque y retenciones, de acuerdo con la distribución secundaria entre las provincias.

Asimismo, sugiere que los excedentes de la recaudación tributaria, que hoy concentra la Nación, también se vuelquen a las provincias.

Sobre este punto, el diputado Esteban Bullrich (Pro-Capital), advirtió que de los 36.000 millones de excedente presupuestario de este año que la presidenta Cristina de Kirchner reasignó por decreto de necesidad y urgencia, ni un solo peso llegará en forma de fondos frescos para las administraciones del interior.