Se generaliza la crisis

LaNación.com.ar – Por Carlos Pagni. Hasta el Turismo Carretera se plegó al clamor. En cada pueblo habrá movilizaciones y se forzará a intendentes y gobernadores a definir de qué lado están.

Cristina Kirchner enfrentará la protesta desde Roma, esperando su turno para hablar, mañana, en una cumbre de la FAO sobre emergencia alimentaria. Es posible que allí la Argentina empiece a ser vista como parte del problema, ya no de la solución: la retirada del país como proveedor internacional -en beneficio de Brasil, los Estados Unidos o Nueva Zelanda- está haciendo subir el precio de la soja, el girasol y el aceite, entre otros productos. El conflicto agropecuario ha cambiado de aspecto en la última semana. No sólo porque la actividad se puso al borde del colapso, sino porque convive con el agravamiento de las incógnitas energética, sindical y fiscal. Hablar de una crisis generalizada suena demasiado sombrío. Pero es evidente que la economía se comporta ya como un monstruo de varias cabezas.

La dirigencia agropecuaria confía en la presión política. Se estudia una movilización hacia Córdoba para el próximo 20 y otra más incierta a Plaza de Mayo para el 9 de Julio. También se estimula la contradicción entre los gobernantes peronistas y sus electorados agrarios. La semana pasada, Daniel Scioli fue conminado a definirse mientras hablaba en un acto en Luján. In absentia, lo vapulearon desde una tribuna de Tandil, donde son fuertes los Blanco Villegas, familia materna de Mauricio Macri.

Jorge Capitanich es otro hijo al que los Kirchner están devorando: el viernes pasado interrumpió una inauguración para no mancharse con una lluvia de huevos. Un ex marido de Elisa Carrió preside la Sociedad Rural del Chaco. Casualidades: Scioli y Capitanich se sueñan candidatos presidenciales en 2011 y comparten el asesoramiento de James Carville. Pero los consejos del estratega norteamericano no pueden competir con las despiadadas órdenes de Olivos.

Las entidades agropecuarias siguen buscando el canal para una negociación definitiva. Técnicos de Coninagro se entrevistaron con Julio De Vido, quien administra el respirador bolivariano de Sancor. Esta semana, delegados de los ruralistas contactarán a Guillermo Moreno con una intención más audaz: provocar un encuentro secreto con el esposo de la Presidenta.

A duras penas, el campo consigue evitar que se sumen a la protesta los camioneros. Los transportistas de granos no se identifican con el sindicato de Moyano, sino con la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas, que conduce Rubén Agugliaro, que aconseja un corte generalizado para forzar una negociación.

El Gobierno, tal vez, no cuente con Moyano para esa eventualidad: la principal alianza sindical de la administración se ha vuelto problemática. De Vido fue notificado el jueves pasado, en una reunión con gremios energéticos, de las dificultades que enfrenta la reelección del camionero, prevista para el 8 de julio. El ministro insistió en que Moyano debería continuar al frente de la CGT, pero los "Gordos" -conducidos por Carlos West Ocampo y Armando Cavalieri- sólo están dispuestos a prorrogarle el mandato hasta fin de año.

Figuras decisivas, como el colectivero Roberto Fernández o el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, apoyan esta salida de compromiso. Moyano observa que sus enemigos, interconectados por Luis Barrionuevo, proponen en su reemplazo a un ahijado de Kirchner, el metalúrgico Antonio Caló. Los argumentos de que se sirve esta división no podrían ser peores para el Gobierno. Al camionero lo culpan por su moderación salarial. Moyano debió tolerar, en los últimos 15 días, que el Gobierno convalidara más del 30% de aumento para la UOM de Caló; el 32%, para trabajadores de la carne; el 31%, para los gastronómicos de Barrionuevo, y el 35%, para Smata.

Otras malas noticias para Moyano -y para el plan económico, claro- llegaron desde Santa Cruz, donde los petroleros privados realizaron una huelga salvaje de 33 días. El secretario general, Héctor Segovia, rechazó una conciliación obligatoria, que el Ministerio de Trabajo tardó 25 días en disponer, y consiguió que esa cartera obligue a las empresas a otorgar un 15% de aumento a cuenta de lo que se negocie, además de una suba del 50% en componentes no remunerativos del salario. El experto en mercados regulados Sebastián Eskenazi, desde YPF, denunció a los gremialistas por la destrucción de instalaciones. El resto del kirchnerismo se alineó con Segovia, que agradeció el apoyo de Julio De Vido, del gobernador Daniel Peralta y del empresario Cristóbal López (la tregua la alcanzó Fabián de Souza, el hombre de López en el negocio energético).

El desafío de sus adversarios y el ejemplo del santacruceño Segovia podrían resentir los compromisos de Moyano con Kirchner y De Vido. Acaso sea a lo que apunta Barrionuevo: que el camionero se convierta en la involuntaria vanguardia de los disidentes del PJ (Duhalde, De la Sota, Reutemann) en su avance contra Kirchner.

Ya con su 19%, Moyano logró agravar la crisis fiscal de la provincia de Buenos Aires, otro desafío complicado para los Kirchner. El costo salarial de la recolección de residuos ha puesto contra las cuerdas a los intendentes, que reclaman a Scioli una transferencia adicional de $ 1200 millones. La provincia afronta un déficit de $ 5500 millones. Si el gobernador no cede al pedido, los jefes del conurbano exigirán al gobierno nacional que envíe a Buenos Aires la coparticipación "marcada": es decir, con la imputación de lo que corresponde a cada comuna. Sería extender al plano fiscal el régimen que ya impera en el político: Kirchner desdeña a Scioli en su vínculo con los alcaldes.

La alternativa que proponen los intendentes es igual de dañina para el gobernador. Consiste en extender a todas las actividades el gravamen del 3% sobre los ingresos brutos, lo que desataría en la industria un conflicto similar al que se verifica en el campo. La rentabilidad de las pymes manufactureras está en el límite. Por eso la restricción energética es determinante para la industria: la semana pasada volvió el racionamiento. Como publicó ayer LA NACION, los subsidios que demandará el régimen de energía barata para el próximo cuatrimestre alcanzan los 4300 millones de dólares.

El Tesoro no puede pagar esa cuenta. Si las empresas privadas tampoco lo hacen, sólo queda confiar en la versión de que De Vido selló un acuerdo con Venezuela para que Pdvsa financie durante los próximos años las costosas importaciones de combustibles de la Argentina. Lo de confiar es una exageración: primero habría que conocer, de existir ese pacto, a qué contraprestaciones quedó obligado el país.