Satisfacción por la ley de educación en cárceles

Parlamentario.com – El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, se pronunció a favor de la ley de reforma integral al régimen de la educación en las cárceles, sancionada este miércoles por el Senado y remarcó que “con este nuevo marco legal, la autoridad penitenciaria y, principalmente, las autoridades educativas nacionales y provinciales deberán intervenir sobre un escenario preocupante”.

Gil Lavedra sostuvo que “los últimos datos oficiales, correspondientes al año 2008, muestran que de un total de 54.537 internos, solo 2.913 habían completado su educación secundaria” y que “alrededor de 22.744 había completado únicamente su educación primaria”.

Además, remarcó que “los internos con estudios primarios incompletos ascendían a 12.838” y que “de todos ellos, 3.545 no habían recibido ningún tipo de instrucción; 24.951 no tenían oficio ni profesión y 41.135 no participaban de ningún programa de capacitación laboral”.

Gil Lavedra destacó también, entre los aspectos más relevantes de la ley “la instauración de la escolaridad obligatoria para los internos que no hayan cumplido el mínimo establecido por la ley, la creación de un régimen de estímulo para los internos y el establecimiento de un mecanismo de fiscalización de la gestión educativa”.

El diputado radical remarcó que la situación actual de la problemática “evidencia una deuda de nuestras instituciones”.

“Al igual que en los años fundacionales de nuestra nación, la educación sigue siendo hoy, el medio indispensable para crear al ciudadano y hacer posible la democracia”, consideró Gil Lavedra.

Para el diputado, “por esto un verdadero Estado de derecho debe tener un rol protagónico en el estímulo del interés de sus ciudadanos por instruirse, y no puede ignorar el dilema ético que supone imponer los castigos más intensos, a quiénes a raíz de las deficiencias de nuestro sistema se han visto privados de la posibilidad de integrarse a la comunidad como miembros plenos, ni tampoco permitir que esta situación de indefensión y privación de derechos subsista en la situación de encierro”.

“Si buscamos una democracia sólida, inclusiva y plural, debemos actuar de modo consecuente con sus exigencias y asumir sus cargas”, expresó Gil Lavedra.

En tanto, el radical sostuvo que “este nuevo texto legal no es condición suficiente de cambio” y que “su incidencia sobre la situación de los miles de presos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, será relativa”.

Sin embargo, consideró que “con todo, contiene algunos cambios que podrían cooperar a una mejor atención del problema”.

Además, Gil Lavedra remarcó que “en la norma sancionada se reconoce en forma más clara y contundente los derechos de los internos, resalta la obligación de equiparar la oferta educativa dentro y fuera de la cárcel, y se pone a las autoridades educativas nacionales y provinciales a cargo del diseño e implementación de la oferta, con un deber explícito de cooperación en cabeza de los servicios de custodia”.

Al mismo tiempo, destacó que “se habilita el reclamo por la educación a través de hábeas corpus, y finalmente, se establece que los logros educativos deben ser reconocidos en la progresividad del régimen penitenciario, dando un mandato contundente y con soporte legal, que exigirá revisar las prácticas dominantes, donde ello no necesariamente ocurre”.

“Desafortunadamente nuestras prisiones se encuentran, hoy, muy lejos de cumplir con el programa constitucional. Los preocupantes niveles de sobrepoblación, el trabajo y las prestaciones de salud al interior de las cárceles son otras de las asignaturas pendientes, y objeto de distintas iniciativas que estamos impulsando”, expresó el titular del bloque del radicalismo en la Cámara baja.

Finalmente, Gil Lavedra consideró que “la sanción de esta ley es apenas un humilde aporte para comenzar a transformar lentamente un sistema carcelario incompatible con derechos humanos básicos, pero ofrece una perspectiva alentadora a futuro al demostrar que, al menos, en algunas oportunidades e incluso durante un año electoral, es posible discutir seriamente sobre la cuestión carcelaria”.