Reconstruir la vida de los partidos políticos

LaGacetaOnline. om.ar- La voluntad política del pueblo se inicia en los partidos, sigue en la selección interna de candidatos y culmina en los comicios destinados a elegir autoridades nacionales”, expresó a mediados de 2007 la Cámara Nacional Electoral en una resolución. En ella subyacía la inquietud respecto de la forma desordenada e irregular con la que la ciudadanía concurriría a las urnas para elegir presidente y legisladores nacionales. El cuerpo de magistrados -Rodolfo Muné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corchera- demostraba con ello preocupación y decisión loables, ya que advertía sobre el grave rumbo de un proceso electivo salido de sus cauces constitucionales. La Constitución nacional, enfatizaron los jueces, estableció una democracia de partidos que se rige por la Ley 23.298, entre otras normas, por lo que, de continuar con el proceso irregular que llevó a los comicios sin elecciones internas en los partidos, “deberán tomarse drásticas medidas o reformarse la Constitución”. Esa declaración constituyó una suerte de consideración para tratar de crear un consejo consultivo de partidos políticos antes de las elecciones, en procura de consensuar medidas con el fin de reconstruir la vida partidaria. Sin embargo, eso no fue posible, pues la crisis más grave se producía en las dos mayores organizaciones -el PJ y la UCR-. En ambos se han producido severas dispersiones y el primero está intervenido desde hace más de dos años, y es escasa la voluntad oficialista de normalizarlo.
Bastante menores son las posibilidades de que ese consejo consultivo pueda reunirse actualmente, pues la crisis que afectó la casi totalidad de los 39 partidos convocados inicialmente haría ilusoria una deliberación con aquel fin. Técnicamente, puede afirmarse por ello que los fundamentos electivos del presente período institucional están en tela de juicio o, por lo menos, al margen de la democracia de partidos. Testimonio irrefutable es el método utilizado para proclamar la candidatura presidencial de quien habría de asumir por el voto popular. Suponer que basta el sufragio para sanear el sistema constitucional puede ser un sentimiento político, sino legítimo, comprensible, mas no el necesario para que la seguridad jurídica e institucional tenga la legitimidad de origen que la garantiza en toda circunstancia. La casi totalidad de los candidatos presidenciales que concurrieron a los comicios lo hizo por la voluntad de comités o acuerdos dirigenciales; a esas situaciones contribuyó la decisión gubernamental de suspender la vigencia de la ley de internas abiertas. Mediante igual procedimiento se eligió un número elevado de legisladores nacionales, por lo cual es muy improbable que el propio Poder Legislativo lleve a cabo algún proceso recuperador, como la Justicia intentó sin éxito.
Nunca desde la Ley Sáenz Peña, que en 1912 estableció el voto obligatorio, universal y secreto, se produjo una situación semejante, en cuanto al grado de inobservancia constitucional. Por añadidura, los constituyentes reformadores de 1994 incorporaron a la Carta Magna la figura de los partidos políticos, situación que los hace más inexcusables como intermediarios de la representación ciudadana.
Fundamentalmente, vinculan al pueblo con el Gobierno, y constituyen fuerzas de cambio y de evolución social, así como escuelas de la democracia y factores decisivos para el control político, reaseguro de la competencia política y de la necesaria alternancia en el poder. Todo rumbo que no lleve a recuperarlos con plenitud y en igualdad de condiciones no sería sino un sombra amenazadora para la República.