Pulseadas que van más allá de la caja

La Nación – Es demasiado que la presidenta Cristina Kirchner haya asegurado que la Argentina vuelve al default en tres meses, si se sanciona el proyecto legislativo para actualizar todas las jubilaciones. Es demasiado que un millón de clientes de Fibertel deban contratar compulsivamente -también en tres meses- un nuevo servicio de Internet, porque el ministro de Planificación resolvió hacerlo desaparecer tras acusar a la empresa de "usurpar" la licencia durante años, sin que previamente haya existido ninguna advertencia, multa o intimación oficial. Es demasiado suponer que las retenciones a las exportaciones agrícolas habrán de desaparecer de la noche a la mañana y que la economía no sufrirá ninguna alteración.

Estas pulseadas entre el oficialismo y la oposición, así como entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín (a las que podría sumarse el caso Papel Prensa como una suerte de revancha político-ideológica con casi 40 años de atraso), tienen como denominador común la total ausencia del sentido de las proporciones. Y, en consecuencia, que la Argentina viva al día en materia de inversiones privadas. Si bien un aumento de la inversión es imprescindible para sostener en el tiempo el actual crecimiento de la economía, no pasa semana sin que aparezcan arbitrariedades políticas que inhiben a todos aquellos que no integran el círculo del "capitalismo de amigos". Shell y Techint también pueden volver a dar fe en estos días del revanchismo oficial a la hora de resolver conflictos.

Si en estos casos el "factor K" alimenta la desconfianza, las disputas en el Congreso no se quedan atrás. Por ahora prometen más ruido que nueces.

El heterogéneo arco opositor logró una victoria política con la media sanción en Diputados del proyecto para que los jubilados cobren haberes más dignos, aun sin ponerse de acuerdo en cómo financiarlos. Sin embargo, ésta es la hipótesis de máxima. Aunque no lo digan públicamente, pocos son los legisladores opositores que apuestan a que esta ilusión de la clase pasiva habrá de convertirse en realidad. Más bien apuntan a una hipótesis de mínima que ya comienza a perfilarse: que el kirchnerismo asuma el costo político de cajonear el proyecto en el Senado (si vuelve a "convencer" a los pocos senadores que suelen desempatar votaciones clave a favor del oficialismo); o bien de vetarlo si llegara a convertirse en ley. La alerta presidencial sobre un improbable default es apenas una línea argumental para abrir el paraguas en caso de que deba rechazar la promulgación. Y resulta mucho menos explicable luego de que el ministro Amado Boudou alardeó sobre el superávit fiscal récord de julio, sin aclarar que responde a la emisión de 3000 millones de pesos transferidos por el Banco Central por utilidades contables.

En realidad, el Gobierno cuenta con recursos -genuinos y no tanto- para atender en 2010 el salto extra de los haberes jubilatorios. De hecho, antes de fin de año se apresta a ampliar el Presupuesto Nacional en una cifra que se estima entre 45.000 y 50.000 millones de pesos, a través de un decreto de necesidad y urgencia para incorporar una recaudación tributaria mucho más elevada que la prevista y convalidar aumentos de gastos ya anunciados y comprometidos.

Pero la magnitud de la mejora jubilatoria es tan alta ($ 36.000 millones) que lo obligaría a recortar gastos en otras áreas y reducir el margen de discrecionalidad con que suele asignar buena parte de ellos. En otras palabras, esto supondría aceptar que sea la oposición la que le marque límites y prioridades en el manejo de la caja fiscal y los recursos de la Anses de aquí hasta las elecciones de octubre de 2011. Nada que ver con los usos y costumbres del kirchnerismo, que ha transformado estas herramientas en su principal capital político-electoral, aun a costa de una mayor inflación.

Retenciones en la nebulosa

Una situación similar ocurre con las retenciones, que buena parte de la oposición promete eliminar (o reducir, en el caso de la soja), con distintas variantes, entre ellas, la segmentación según volúmenes de producción. En dos días vence el plazo de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, pero llevará tiempo acordar un texto común entre los 29 proyectos presentados en la Cámara baja. Al desfile de propuestas en danza acaba de sumarse incluso el ex presidente del BCRA, Martín Redrado, quien plantea la eliminación para maíz y trigo y una reducción programada para la soja de 2/3 puntos porcentuales cada seis meses, con la particularidad de que el pago sea a cuenta de cargas sociales para los trabajadores rurales.

Aquí también el debate se plantea como una pulseada por la caja, entre el Gobierno, que quiere dejar todo como está (para asegurarse una recaudación algo superior a los 40.000 millones de pesos anuales, de los cuales más de la mitad corresponde al complejo sojero), y los principales partidos opositores, que buscan presionarlo para que resigne ingresos y asegurarse el voto del campo.

No obstante, en el caso de la soja, el oficialismo cuenta como eventuales socios a muchos gobernadores provinciales que, a diferencia de lo que ocurría con la resolución 125, reciben ahora 30% como coparticipación. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis de la Realidad Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz, por cada punto de reducción de retenciones, las provincias en conjunto dejarían de percibir por este concepto un ingreso de 101 millones de pesos anuales. Y esta merma sería más difícil de compensar en las provincias no productoras, que a su vez representan el 70% de los votos del Senado (mientras que las productoras concentran el 50% en Diputados).

Con este cuadro no será fácil avanzar rápidamente. Además, si bien la reducción de otras retenciones (no coparticipables) implicaría una mejora inmediata del tipo de cambio real para los productores y un mayor incentivo para aumentar la siembra, puede presionar sobre los costos de la industria de la alimentación.

Sin una política económica articulada, ni un debate legislativo que vaya más allá de las elecciones, lo que sería un beneficio para hoy puede ser un perjuicio para el futuro. Paradójicamente, un mayor ingreso de dólares por mayores cosechas -con déficit fiscal y alta inflación- tendería a bajar el tipo de cambio real de la economía. Tampoco nadie plantea un fondo anticíclico para prevenir altibajos, como ocurre en Chile con el cobre.

En la pulseada por la caja, sin embargo, el temor que se está instalando en la oposición pasa por otro lado: que el Gobierno envíe en septiembre al Congreso otro presupuesto ficticio para 2011. No para que sea aprobado, sino para que se prorrogue automáticamente el de este año, con los ingresos ya ampliados y sin margen para debatir en qué se gasta.