Protección frente a la crisis

LaNación.com.ar –  El éxito de las medidas anticíclicas dependerá de su efectividad para preservar el nivel de empleo y asegurar un ingreso que, cuando menos, cubra las necesidades básicas. Las dos iniciativas del Gobierno, dirigidas específicamente al mercado de trabajo son la rebaja por dos años de las contribuciones patronales para los nuevos empleos, y la condonación de deudas previsionales por los asalariados no registrados que sean declarados (hasta 10 por empresa, a los que se les reconocerá 60 meses de aportes).

La primera medida parece más apropiada para la salida de una recesión que para la entrada a la misma, o, incluso, para una desaceleración en el nivel de actividad como la prevista en el presupuesto. La creación de empleo está disminuyendo desde fines de 2007. En el 3er. trimestre de este año, con una economía todavía creciendo cerca de 7%, fue prácticamente nula. Es difícil pensar que, en un escenario como el previsible, una reducción temporaria del costo laboral sea incentivo suficiente para revertir esta tendencia. En los 90, la rebaja de las contribuciones al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de 24.9% en 1994 a 4,7% para los nuevos empleos en 2000, no pudo impedir que el desempleo aumentara en casi 1 millón de personas.

Algo parecido puede ocurrir con la iniciativa para la formalización del empleo (que es independiente del ciclo). La condonación de las deudas previsionales por los asalariados que se regularicen (hasta 10) es un buen estímulo, pero que probablemente se esterilice, porque no considera la capacidad de pago de las empresas de muy pequeña escala donde se concentra el empleo no registrado. Uno de cada dos asalariados informales trabaja en un establecimiento de menos de 5 personas. En este estrato, más del 75% de los ocupados no está declarado. Si estos pequeños empleadores no pudieron regularizar a sus trabajadores en un quinquenio de alto crecimiento como 2003-2008, no parece haber muchas razones para que puedan hacerlo cuando la economía entra en recesión, aunque se condonen las deudas. En la mayoría de los casos, además, esta condonación tiene poco efecto práctico, ya que en el sector informal hay una rotación muy elevada.

Más realistas, las políticas deben focalizarse en preservar el empleo existente, sin apelar a prohibiciones o intervenciones administrativas; mejorar la calidad del empleo, reconociendo las restricciones del núcleo principal de la informalidad, y construir una red de contención para los trabajadores no protegidos que pierdan ingresos por el deterioro de la situación.

Las propuestas son las siguientes.

• Preservación del empleo. Cambiar despidos por suspensiones con pago de un bono y garantía de empleo, o -lo que es mejor para los trabajadores y para las empresas- establecer créditos de horas con pago de salario hasta que se recupere la demanda. La limitación, desde luego, es que se requiere una capacidad financiera de la que carece la mayoría de las empresas pequeñas o medianas afectadas por la recesión. En el mediano plazo, una posibilidad para superar esa limitación es crear un régimen de seguro para cubrir parte de los salarios en períodos recesivos. Como ahora no hay tiempo para desarrollar ese régimen, la opción es ampliar el Fondo Nacional del Empleo, reasignando a ese efecto (debe enfatizarse el término reasignando) dos puntos de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Cada punto de la masa salarial imponible representa unos $ 160 millones mensuales. El marco legal debe establecer las condiciones para calificar a este mecanismo dentro del procedimiento preventivo de crisis (incluyendo la flexibilización del procedimiento para pequeñas y medianas empresas) y la proporción de la nómina que pagaría el Fondo (que debería guardar relación con el tamaño de la firma).

• Formalización del empleo. El programa debería tener dos componentes principales; uno es la revisión de las regulaciones para las micro y pequeñas empresas de baja productividad, que incluiría la modificación del régimen de monotributo, incorporando una contribución fija por trabajador (hasta un máximo de 5) garantizando un paquete básico de prestaciones y un régimen laboral diferenciado (libreta de desempleo, como en la construcción); el segundo componente, en este caso para el régimen general, es la reforma de la base de financiamiento de la seguridad social, sustituyendo las contribuciones sobre la nómina por un IVA laboral parcialmente acreditable al IVA de compra-venta. Debería haber también incentivos para aumentar la demanda social por formalidad, como una tarjeta de seguridad social que otorgue beneficios similares a las tarjetas de débito para las compras en efectivo.

• Construcción de una red de protección social. Hay 11,5 millones de pobres; de ellos, 3,9 millones son indigentes (el Indec reconoce la mitad). En el primer semestre, la menor creación de empleos determinó que 250.000 personas cayeran en la pobreza. Debe definirse un plan social para afrontar el aumento ya ocurrido en la pobreza y el debilitamiento previsible del mercado laboral. El objetivo mínimo será proveer seguridad alimentaria a los más necesitados. Dependiendo de las hipótesis de aumento de la canasta básica, la compensación para cubrir la brecha de ingresos de los hogares en situación de indigencia oscilaría entre 0.3% y 0.5% del PIB. Este monto es manejable desde el punto de vista fiscal si se eliminan los subsidios implícitos, que benefician a los consumidores ricos (en alimentos, éstos reciben cerca de la mitad de esos subsidios). Es también fácilmente administrable a través de tarjetas de débito para compra de alimentos. La protección debería extenderse a los sectores medio bajos, afectados por la disminución de la demanda laboral. Una posibilidad es otorgar una compensación salarial hasta un tope de remuneraciones que podría relacionarse con la canasta básica de alimentos, variable según el número de cargas, que el empleador podría deducir de las contribuciones a la seguridad social.

El autor es economista, especializado en economía laboral.