Prevenir un fraude electoral

La Nación – Cuando sólo falta poco más de una semana para las elecciones legislativas, el fantasma de un posible fraude se vuelve cada día más corpóreo si nos atenemos a las últimas y preocupantes informaciones.

Tal como reveló LA NACION, casi el 40 por ciento de los 61.854 telegramas remitidos por la justicia electoral para notificar a los ciudadanos que fueron designados autoridades de mesa en territorio bonaerense no pudieron ser entregados. Suman casi 24.000 los telegramas devueltos por el Correo Argentino a la Secretaría Electoral bonaerense con los avisos de "inexistente", "rechazada" y "se mudó".

En cambio, en la Capital la entrega de los telegramas tuvo mucho mayor éxito pues sólo fue rechazado el cinco por ciento de las 12.512 notificaciones. La diferencia con la provincia radica en que en la Capital, la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, no recurrió al correo oficial sino a la Policía Federal.

Por lo pronto, llama poderosamente la atención la demora para cursar los telegramas en la provincia. Lo ocurrido allí prenuncia la posibilidad de que, sobre un total de 30.927 mesas de votación que estarán habilitadas el domingo 28 del corriente mes, habrá muchas que carecerán de presidente o de suplente.

Esta grave realidad se producirá en una provincia que constituye el principal distrito electoral del país en cantidad de votantes, un distrito que siempre ha sido decisivo en toda elección y que tiene sectores, como el segundo cordón del conurbano bonaerense, donde repetidamente ha habido graves y fundadas denuncias de irregularidades.

Como antecedente inmediato es preciso recordar que en las última elecciones, las que llevaron a la presidencia a Cristina Kirchner, fueron numerosas las denuncias de presuntas irregularidades en los sitios de votación.

A esto hay que sumarle la reconocida dificultad, por no decir incapacidad, de la mayoría de los partidos de la oposición de contar con fiscales propios que puedan controlar el desarrollo de los comicios en los sitios de votación.

De manera inversamente proporcional, es conocido el poder del aparato electoral peronista para ejercer el control en beneficio propio.

Por este motivo, los principales partidos de la oposición instaron a la Cámara Nacional Electoral a tomar una serie de medidas para evitar "un nuevo fraude".

La Coalición Cívica (CC) pidió "de manera urgente" a la Cancillería argentina que se convoque formalmente a la OEA para que envíe veedores que puedan "garantizar la transparencia del acto electoral".

Los dirigentes que advierten sobre un posible fraude son Gerardo Morales (UCR), Patricia Bullrich y Claudio Bargach (CC), Rubén Giustiniani y María Barbagelata (Partido Socialista), Luis Lusquiños y Pedro Balde (en representación de los hermanos Rodríguez Saá) y Esteban Bullrich (Pro).

Ellos elaboraron un petitorio de diecinueve puntos en el que solicitan, entre otras medidas, la designación de delegados judiciales en cada uno de los locales de votación del país; garantizar que no haya personas ajenas a los comicios en esos locales, y nombrar fiscales informáticos en el sitio de procesamiento de datos.

Como puede advertirse, el del fraude no es un fantasma producto de los temores de parte del periodismo. A la luz de los datos precedentes, ninguna tranquilidad proporcionan las predicciones del director nacional electoral, Alejandro Tulio, en el sentido de que "van a sobrar los presidentes de mesa". Y su temeraria afirmación de que "nunca puede haber fraude cuando hay una justicia independiente" suena a burla, dado el poder que tiene el Ejecutivo sobre muchos jueces por medio del Consejo de la Magistratura.

Como vimos, son numerosos e importantes los partidos que temen ser víctimas de un fraude y son varios los hechos que hacen imposible descartarlo como una probabilidad cierta.

Una eventual manipulación de los resultados no haría más que coronar una serie de graves decisiones, que hemos cuestionado en estas columnas. Por ejemplo, el repentino adelantamiento de las elecciones; las vergonzosas candidaturas testimoniales de candidatos oficialistas que, es bien sabido, se postulan pero no asumirían los cargos para los que serán votados y, finalmente, las operaciones judiciales y de prensa dirigidas a perjudicar a Francisco de Narváez, principal rival de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

Todo esto, sumado a la inescrupulosidad demostrada por el oficialismo, impide descartar que esté en marcha una burla más al principal acto del ejercicio democrático.