Pesimismo entre los jueces de una histórica sentencia

LaNación.com.ar–  Por Martín Di Natale. Tienen la intención común de acelerar en lo inmediato todas las causas por violación de los derechos humanos en la dictadura y creen que el Gobierno posee un alto grado de responsabilidad en este delicado tema por su "ineficacia, desorientación o ignorancia".

Con diferentes matices, plantean soluciones concretas para unificar las 850 causas que hoy están desperdigadas en diferentes juzgados. Y consideran que los testigos de las causas de derechos humanos corren "serio peligro", a la vez que están convencidos de que al paso que hoy marcha la Justicia los juicios podrían demorar una década.

Llevan en sus voces parte de la historia argentina y no es para menos: los ex jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra y Andrés D´Alessio integraron la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que sentenció a la junta militar de la dictadura en noviembre de 1985. LA NACION reunió en un debate a estos tres ex magistrados para analizar la actual situación de los juicios a militares.

-¿Se pueden acelerar los juicios como planteó en un reciente dictamen el procurador general?

Torlasco: -Se debería dar un remedio cuanto antes para evitar la repetición de juicios y la citación de testigos que ya han declarado. Si no todo se somete a un gran desgaste.

D´Alessio: -La propuesta del procurador general en muchos casos coincide con nuestro proyecto de ley que presentó la bancada radical en el Senado, y creo que hay que ir más allá porque son causas muy particulares de hechos que ocurrieron hace más de 30 años. Por lo tanto hay dificultades muy grandes de reconstruir lo ocurrido. Si no se unifican las causas, los testigos terminan desgastándose o muriéndose, en el peor de los casos.

-¿Pero creen que hay voluntad del Gobierno para que se avance con estas causas?

Gil Lavedra: -Creo que en este tema el Gobierno muestra la misma ineficacia que hay en otros temas y que nunca consiguió resolver. No resolvió la inflación ni la crisis energética y todo queda en la nada. Y en política de derechos humanos, lo mismo: crearon organismos por todos lados, hay una comisión de la verdad y la justicia que presentó Kirchner, encargada de diseñar un mapa crítico de los testigos en peligro, y nada. Hay una unidad de estudio también en la Corte. Es decir, estamos plagados de unidades y de causas, pero nadie da respuestas.

-¿Cuál sería entonces el interés del Gobierno en mantener todo esto como está ahora?

Torlasco: -Yo no estoy en política, a diferencia de Gil Lavedra, pero lo que advierto es que este gobierno ha tenido en cuenta el tema de los derechos humanos. Hay un interés real de que estos juicios se concreten. Nosotros tuvimos la oportunidad de llevar adelante un juicio de miles de hechos y lo pudimos terminar. Una de las maneras para enderezar todo este despilfarro de causas sería volver a la primigenia idea de que interviniera un tribunal por cada zona del Ejército. Había cinco zonas, entonces las cámaras federales funcionando en esos lugares unificaban todo.

D´Alessio: – Creo que el Gobierno esta desorientado. La idea que daba Torlasco de unificar las causas por cuerpo del Ejército es buena, aunque nosotros [con Gil Lavedra] proponemos unificar por centro de detención. Serían menos tribunales y de esta manera se podría entrecruzar información. Me extraña la resolución de Righi [el procurador general], porque no aparece la creación de un banco de datos unificado cruzando la información de los testigos. Yo lo empecé a hacer cuando tuvimos la causa del Primer Cuerpo en una pequeña computadora Commodore. Al cruzarse la información en un tema donde han pasado tantos años cada vez se hace mas difícil reconstruir. Y éste no es un tema de intencionalidad política, sino de falta de una intencionalidad lúcida…

Gil Lavedra: – Me gustaría hacer una aclaración importante. Comparto la idea del Gobierno de avanzar con la reapertura de los juicios. Es que el Gobierno no sabe cómo hacerlo. No tomó medidas útiles. Esto no tiene nada que ver que yo pertenezca a un partido diferente del justicialismo. Lo digo sobre la base de datos objetivos: han pasado cuatro años desde que la Corte decretó la invalidez de las leyes del perdón, se reabrieron muchos casos y lo que ocurrió es que no cuidaron a los testigos: tenemos al primer testigo desaparecido en democracia como es Julio López, no hay un programa de detención de los testigos, no cuidan a los represores, tenemos muertes dudosas como la de Febres. El subsecretario de Derechos Humanos [Luis Duhalde] fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijo que tenía detectados 300 testigos en situación de alto riesgo y creó un programa que no existe. Esto es de una ineficacia mayúscula.

-¿Usted, Torlasco, comparte la idea de que los testigos corren peligro por la "ineficacia" oficial?

Torlasco: -Lo que salta a la vista es que para alguien que ha estado secuestrado en esos centros y lo citan a declarar por el mismo lugar, va y declara, y luego lo citan en otra causa por el mismo hecho, va y declara. No puede ser. Es un esfuerzo que se les pide que es ir a un lugar totalmente desagradable y tienen que rememorar todo lo que sufrieron. Ahora, con lo que pasó con López, la gente debe de tener mucho miedo y esto es justificado. Esto hay que resolverlo rápidamente. A los testigos hay que protegerlos.

-¿Creen que se debería fijar algún plazo para resolver estos juicios?

Gil Lavedra: -Sinceramente creo que al paso que vamos tenemos no menos de una década más de juicios. Se deben aplicar reglas de procedimiento especiales para estos juicios que no tienen nada que ver con los juicios comunes. El Gobierno sustenta un argumento grosero y que tiene una torpeza enorme que es igualar los delitos comunes con los delitos de lesa humanidad.

-¿Creen que hoy la política tiene injerencia en la actuación de algunos jueces?

Torlasco: -No creo que haya diferencias entre los jueces y el Gobierno en este tipo de juicios.

D´Alessio: -Lo que sí veo es que el manoseo de la Justicia en la época de los 90 de Menem puso a los jueces en una situación que nosotros no teníamos. Hubo mucha prensa que nos atacó. Pero nos sentíamos muy por encima de esto. Hoy creo que los jueces tienen mayor miedo de cómo van a aparecer en la opinión pública y esto los condiciona.

-Cuando la Presidenta vincula la inseguridad con los grupos de mano de obra desocupada de la dictadura, ¿qué opinan?

Torlasco: – Creo que no tiene nada que ver la inseguridad de hoy con todo eso.

D´Alessio: -Me parece que sería atribuirles una superioridad a estos grupos que por su edad no cierra.

Gil Lavedra: -Habría que ver cuáles son hoy las políticas públicas en materia de seguridad. Pero hay que destacar que es posible cerrar estos juicios. Nosotros no teníamos computadoras, teníamos sólo dos fotocopiadoras y nos manejamos con una treintena de empleados que cobraban horas extras. Pusimos en marcha los juicios y ya estaba todo cerrado en 1987. En consecuencia, se puede.

Torlasco: – La falta de recursos no puede ser un justificativo para que no se avance…

Gil Lavedra: -No, yo lo dije como un ejemplo para mostrar que con poco se puede hacer.

-Por último, ¿creen que debería existir asimetría entre persecución a militares y a los montoneros?

Torlasco: -Hay que hacer una diferenciación. Una cosa es un grupo armado con ansias criminales y de revolución y otra cosa mas grave es cuando un Estado montado con toda su estructura decide cometer estos delitos atroces. Pensar que en la Argentina hay dos bandos es una equivocación.

D´Alessio: -Todavía en el derecho penal internacional no se pueden encuadrar los delitos de terrorismo como de lesa humanidad.