Números apretados
Después de las elecciones, el kirchnerismo tendrá que cicatrizar heridas. El rol de la Justicia en la campaña. La citación a De Narváez y la denuncia de robo de Servini de Cubría.
Crítica de la Argentina – Sucesos menores pueden modificar el paisaje electoral. Uno de ellos, la torpe aparición de la claque durante una entrevista televisiva, achicó drásticamente la intención de voto con la que contaba Aníbal Ibarra en la ciudad. El 15 por ciento se redujo a una cifra de entre el 7 y 9. Gabriela Michetti se estancó, aunque mantiene una diferencia de 7 a 10 puntos con su más cercana competidora, la Coalición Cívica. Pino Solanas va del 9 al 11, según quien firme la encuesta, pero en todas el candidato oficialista Carlos Heller figura en el quinto puesto. El banquero cooperativista, de todos modos, habrá dinamitado una tradición: por primera vez el PJ lleva a un extrapartidario (y no peronista) a la cabeza de sus listas.
Respecto de la provincia Buenos Aires, un experimentado consultor asegura que al día de hoy, en el conurbano, el dúo Néstor Kirchner-Daniel Scioli le saca una distancia de cinco puntos a la fórmula Francisco de Narváez-Felipe Solá y éstos aventajan por 15 al Frente Justicialista para la Victoria en el interior, que concentra un tercio de los votos bonaerenses. Cualquiera sea el resultado de los comicios, el día después el kirchnerismo deberá restañar las heridas infligidas a los soldados sacrificados en el altar del posibilismo. Patricia Vaca Narvaja está dolida porque Ricardo Jaime la excluyó de las listas de Córdoba; el secretario de Medios Gabriel Mariotto se asoma a la cabeza de una colectora del primer cordón. Se rumorea, además, que tras una reunión celebrada en Olivos, Kirchner se fue a dormir con la promesa de Carlos Reutemann de que su campaña evitará la confrontación con la Casa Rosada. En tal caso, la postulación de Agustín Rossi habría perdido toda razón de ser: el servicial jefe del bloque oficialista –que muestra índices paupérrimos en los sondeos– sólo puede terciar en la conversación como desafiante del ex piloto de Fórmula Uno.
La Justicia también ha sido llamada a comparecer en la disputa por las bancas. El juez federal de Campana Federico Faggionatto Márquez citó a De Narváez en base a un cruce de llamadas que figura en otra causa, radicada en el juzgado del juez penal económico Ezequiel Berón de Astrada. Faggionatto es un magistrado polémico y los cuestionamientos a su conducta están en stand by en el Consejo de la Magistratura. A fines de 2008, afirman, y a pedido de un veterano ministro K, hombres de la SIDE se dedicaron a “peinar” los expediente ligados a la efedrina. Buscaban a Solá, dicen, y encontraron a De Narváez. El 30 de abril, la declaración de Faggionatto ante el Consejo se suspendió. Igual, la consejera ultra K Diana Conti habló largo rato con él en su despacho. Al día siguiente, Faggionatto citó a De Narváez y el 5 de mayo llamó a su presencia a Segovia. El narco relató que el juez le propuso incriminar a De Narváez a cambio de protección para sus familiares.
A su turno, María Servini de Cubría denunciaba que robaron de sus oficinas el escrito que respondía a la acusación de “forum shopping” formulada por el abogado Ricardo Monner Sans ante el Consejo de la Magistratura. Servini, sostiene Monner Sans, habría atraído a su despacho, sin sorteo, denuncias referidas al juego en la Capital y, por lo tanto, a Cristóbal López, el zar de las tragamonedas, amigo y socio de los Kirchner. Servini ejerce una extraña atracción para los ladrones de documentos: unos 200 expedientes desaparecieron de su tribunal cuando se desempeñaba en la justicia ordinaria; ascendida al Juzgado Federal Nº 1 y durante la tramitación del Yomagate, denunció que le habían robado papeles de su caja fuerte. Algunos entrevén en sus menciones al negocio del juego una sutil advertencia al Gobierno. El Poder Ejecutivo presiona para lograr de una buena vez la aprobación de las cuentas de la campaña de 2007, donde se encuentran, precisamente, las contribuciones hechas por los traficantes de efedrina. En el fondo, nada cambia: las causas que tratan las oscuridades del poder funcionan como salvoconducto para los magistrados; el fuero federal es un cementerio de pruebas.
