Mucho por conciliar
Por Ricardo Gil Lavedra
LaNación.com.ar – Frente a un cuadro de violaciones masivas de los derechos humanos, los Estados tienen el deber de averiguar lo sucedido, investigar y sancionar a los responsables, y reparar adecuadamente a las víctimas y familiares.
La Argentina ha intentado satisfacer de diversas maneras estas obligaciones respecto de los crímenes cometidos por la dictadura militar, pero salvo en lo que hace a la reparación patrimonial no ha conseguido cumplir totalmente lo requerido en materia de verdad y justicia.
La reapertura de los juicios por violaciones de los derechos humanos, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida que lo impedían, no ha conseguido todavía alcanzar un grado de justicia satisfactorio, debido a la morosidad en el desarrollo de los procesos por la falta de políticas públicas eficientes para alcanzar ese objetivo.
Por otra parte, si bien se ha avanzado mucho en la búsqueda de la verdad, gracias al esfuerzo tanto de las víctimas como de sus familiares, nada han aportado los propios autores de los delitos ocurridos durante la dictadura militar, que son quienes poseen la información de qué ocurrió puntualmente con cada uno de los secuestrados.
Los argentinos deseamos cerrar con verdad y con justicia la etapa más dramática y dolorosa de nuestra historia.
Pero ésta no es una tarea sencilla, por la compleja relación entre ambos principios.
El proceso penal y la imposición de un castigo no siempre permiten, por las características de los hechos de que se trata, llegar a la verdad.
Nos queda entonces todavía pendiente, a pesar de todo lo realizado hasta ahora, encontrar el modo de conciliar razonablemente la verdad con la justicia.
El autor integró la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares y fue ministro de Justicia.
