Malas intenciones con la Justicia

Una vez más el Gobierno Nacional tiñe con títulos correctos sus verdaderas intenciones de la misma forma que bajo el lema de la diversidad de voces, llevó a cabo la implementación de la ley de medios que, como quedó demostrado sus verdaderos objetivos fueron crear una concentración de medios afines, callar las voces que piensan distinto y desinformar a la población.

Hoy bajo la denominada “democratización de la justicia” se pretende esconder un objetivo inconfesable, que es la subordinación definitiva del Poder Judicial a los caprichos de la Casa Rosada.

La idea central de la iniciativa consiste en un cambio rotundo del paradigma del Poder Judicial.

Desde los comienzos de la democracia moderna, el Poder Judicial fue el custodio de la supremacía de la Constitución, esto quiere decir que tiene el deber de controlar que las leyes sancionadas por el Poder Legislativo no sean contrarias a la Constitución.

Esta doctrina fue sentada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos el 24 de febrero de 1803, en el trascendental caso Marbury contra Madison, cuando solo habían transcurrido 14 años desde que fuera operativa la Constitución de dicho país.

Desde entonces la justicia se constituyó en un contra peso del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Desde su independencia, al Poder Judicial le corresponde controlar que las leyes que se sancionan, no sean contrarias a la Constitución Nacional.

En tanto que la Constitución Nacional es nada más ni nada menos que el contrato social de la Nación, donde están plasmados los derechos y garantías de todos los ciudadanos, es de vital importancia el control de constitucionalidad de las leyes por parte del Poder Judicial.

Estos derechos fundamentales, sagrados e inalterables, deben permanecer protegidos de cualquier iniciativa que los ponga en peligro, incluso de aquellas que puedan impulsar las circunstanciales mayorías electorales.

La iniciativa del gobierno pretende que la Justicia deje de ser un Poder independiente, que funcione como contrapeso de los otros poderes del estado, y se convierta en una suerte de Escribania de la Casa Rosada.

Esta idea no es nueva en la Argentina, los servidores del pasado en copas nuevas, llaman democratización de la justicia a lo que en la década menemista se llamó “mayoría automática” de la Corte.

La pregunta sigue siendo la misma, ¿cuál es la conducta correcta que les debemos exigir a los magistrados cuando colisionan los derechos inalienables con los deseos de la mayoría?

Los jueces alemanes en el año 1935 decidieron respetar los deseos de la mayoría y aplicaron las leyes de Núremberg de pureza racial, convalidando el primer paso a la solución final del “problema judío”. Estuvieron bien? No.

Tampoco actuaron de forma correcta los jueces Sudafricanos que durante décadas convalidaron las leyes del apartheid.

Qué distinto sería el mundo si los jueces de estos países en su oportunidad, hubieran tenido la integridad y el coraje de contrariar los deseos del Gobierno de turno, sentenciando que la vida es sagrada y que todos los hombres somos iguales.