La transgresión deriva en muerte

Parece imposible lograr avances en la lucha contra los accidentes de tránsito. La irresponsabilidad e imprudencia de muchos conductores se potencia con la enorme dificultad del Estado para prevenir primero y castigar después.

Irresponsabilidad de la sociedad civil e incompetencia del Estado son la explicación de la imposibilidad de lograr avances en la lucha contra los accidentes de tránsito y su secuela de muertos, heridos e incapacitados.

Durante el 2007, año de la seguridad vial, el tema de los accidentes de tránsito ganó un mayor lugar en la agenda pública. Así los medios de comunicación pusieron mayor foco en el problema; organizaciones de la sociedad civil desplegaron campañas para sensibilizar sobre el tema y también organismos estatales realizaron acciones comunicacionales junto a la introducción de algunas medidas relevantes como el control de alcoholemia en rutas y calles, mayores exigencias para obtener la licencia de conducir o la intención de hacer más severas las penalidades ante las infracciones.

Esto, no obstante, no ha derivado en una mejora sensible de la situación y enero del 2008 ha mostrado un recrudecimiento de accidentes, varios de ellos dantescos.

También han sucedido hechos insólitos como aquella refriega donde miembros de la infantería de la Policía Federal se refugiaron en sus escudos con la pared de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a sus espaldas, mientras personas vinculadas a gremios de taxistas y colectiveros los agredían ferozmente, protestando por una iniciativa parlamentaria que pretendía endurecer las penalidades a los transgresores en el tránsito. Este hecho, surrealista, inimaginable en una sociedad civilizada, plantea a las claras las dificultades que posee nuestra sociedad con el respeto de la ley y hace recordar a quienes no somos jóvenes, a aquel personaje del programa de Tato Bores que se adjudicaba ser representante del Sindicato de Ladrones de Pasacasetes, planteando frente a un Tato pasmado que ellos también debían tener acceso a los derechos de los trabajadores.

¿Por qué entonces, a pesar de los esfuerzos desplegados, no logramos avances en mejorar los índices de siniestralidad relativos al tránsito? Sin duda, inciden factores explicativos como el aumento del parque automotor o el estado de algunas rutas, pero estos no son los problemas centrales ya que es inadmisible que existan tantos accidentes en autopistas modernas, bien iluminadas, donde se circula en la misma dirección y no hay riesgo de choques frontales. Por lo tanto debemos concluir que el problema persiste porque el núcleo básico que lo causa no ha sido atacado. ¿Cuál es este?

La mayor parte de los conductores manejan aceptablemente, pero es significativa la cantidad de transgresores que, alcoholizados o no, circulan a velocidades mayores de las permitidas y realizan a alta velocidad maniobras imprudentes como cambios bruscos de carril y sobrepasan en curvas y otros lugares prohibidos. El no respeto de los semáforos y de la distancia entre vehículos son otras transgresiones con efectos letales.

En otras palabras, un conjunto pequeño de individuos, aunque no insignificante, poseen una conducta vehicular que significa una amenaza grave a la vida e integridad de otros conductores y transeúntes. Por ello la irresponsabilidad de este sector de la sociedad civil es un aspecto del problema básico de los accidentes.

Pero a este aspecto se suma otro: la omisión y incapacidad del Estado para evitar que dichas conductas sean limitadas a un mínimo. En verdad, no existen agentes públicos destinados a fiscalizar aquellas conductas letales. Las rutas y autopistas están desprovistas de fuerzas policiales organizadas para detectar aquellas transgresiones y detener a su autor. Se limitan a controles pasivos mayormente destinados a requerir documentación de conductores y vehículos o controles de alcoholemia, pero no a combatir aquellas otras transgresiones graves. Un cuerpo motorizado en coordinación con puestos de control sería el camino para atacar el núcleo del problema.

Sin duda el trabajo será arduo al comienzo, pero los conductores transgresores deberán ir progresivamente entendiendo que no habrá impunidad y deberán pagar caro sus faltas graves. Ciertamente una dificultad para que esto suceda es la falta de legitimidad y autoridad que aún tiene la Policía, por historia y ciertas prácticas, dificultad que no debería paralizar a las autoridades.

Estas deben además entender que de no experimentarse cambios positivos en la siniestralidad se exponen a ser acusadas de permitir, por omisión, el genocidio en vía pública.

Una acción del Estado dirigida a controlar el comportamiento letal de conductores por medios preventivos y represivos no es la única, pero sí la acción principal para bajar drásticamente los índices de accidentes y las consecuencias fatales de los mismos.