La publicidad oficial como herramienta de presión

El Gobierno Nacional despliega durante el año electoral acciones concretas para profundizar la instalación hegemónica del discurso oficialista en los medios de comunicación. La designación de Juan Manuel Abal Medina como Secretario de Comunicación Pública y los plenos poderes que le dieron para la distribución de los recursos asignados a la pauta oficial y las audiencias encabezadas por Gabriel Mariotto para decidir que eventos deportivos y culturales deberán verse por la televisión abierta, persiguen el objetivo de lograr audiencias masivas saturadas de propaganda oficial en un año electoral decisivo para la Presidenta Cristina Kirchner.
El aumento de los recursos destinados a la publicidad ha sido escandaloso. Pasó de $ 46 millones en el 2003 a $ 512 millones para este año, un aumento de casi el 600%. Los últimos estudios privados de las consultoras que auditan medios arrojaron resultados que no nos sorprenden. En el 2010, las editoriales afines al gobierno concentraron el 47% de la publicidad para diarios y revistas y en Televisión, Canal 9, con una fuerte programación oficialista se llevó el 67,5% de la publicidad que el Estado destina a los canales de aire.

Esta discrecionalidad con la que se distribuye la publicidad oficial fue la que me llevó a denunciar en el 2006, cuando presenté el primer proyecto (expte. 3761-D-06) para regular la distribución de la pauta, que desde el oficialismo se buscaba cercenar la libertad de expresión castigando a los medios críticos o independientes y premiando a los medios pro-oficialistas con los recursos de la publicidad del Estado. No es menor la preocupación que existe en los ámbitos políticos y judiciales por el uso y abuso de la publicidad oficial como herramienta de censura previa. Por esta razón la Corte Suprema de Justicia ha puesto los temas que conciernen a la publicidad oficial como prioridad para este año electoral.

Desde todos los sectores de la oposición, avanzamos en la confección de una Ley que regule el uso de la pauta poniendo límites a los abusos del Gobierno. El 21 de Octubre aprobamos en comisiones el Dictamen de mayoría para regular la publicidad oficial fijando criterios claros para transparentar la asignación de los recursos públicos destinados a la misma, con un fuerte control del Parlamento y prohibiendo durante las campañas electorales la publicidad oficial, de modo de igualar las oportunidades electorales a todos los partidos políticos.

La falta de reglamentación de la ley 26.571 que impuso las internas abiertas obligatorias para el próximo 14 de agosto aún no ha sido reglamentada en cuanto a la asignación de espacios en los medios audiovisuales para los partidos políticos y sus candidatos. La inequidad y discrecionalidad que se produce es evidente. Si los padrones los maneja el Gobierno a través de la Dirección Nacional Electoral, los espacios en los medios (horarios, medios, y segundos asignados) los distribuye el Gobierno y si la asignación millonaria de publicidad oficial sigue saturando las pantallas durante la veda electoral con la cara e imagen de la Presidenta, gobernadores y funcionarios, se advierte claramente que las reglas fijadas apuntan a perpetuarse en el poder y a eliminar completamente la competitividad de los demás espacios políticos.

Durante el debate por la ley de medios sostuvimos que la prioridad para el gobierno no era la democratización de los medios de comunicación ni la diversidad de voces o el pluralismo. Hoy sólo hace falta recorrer el dial, escuchar un poco de radio o hacer un ejercicio de zapping para comprobar el avance vertiginoso de nuestro país hacia la hegemonía comunicacional. Entre todos debemos defender nuestros derechos y libertades, una matriz de medios que repita el libreto oficial permanentemente atenta contra la libertad de expresión. La libertad de expresión y la libertad de prensa es garantía de consolidación de una democracia. Algo que seguramente tendrán en cuenta los ciudadanos durante este año electoral.