La oposición propone hacer transparente el manejo de los fondos

LaNación.com.ar – "En la Argentina, no hay gastos reservados; hay plata negra para uso discrecional del gobierno de turno sobre la que no se rindieron ni rinden cuentas", asevera el ex senador Rodolfo Terragno (radical independiente), ex jefe de Gabinete de la Alianza, que propuso, ya por entonces y sin éxito, alternativas para un control más efectivo.

Al igual que Terragno, otro puñado de legisladores nacionales -incluso oficialistas- presentó en los últimos dos años proyectos de ley para hacer más transparente el manejo de los gastos reservados. Ninguno prosperó.

Hoy, si bien la partida de gastos reservados de la SIDE figura cada año en el presupuesto nacional, sus huellas luego desaparecen en la ejecución, bajo el argumento de que revisten del carácter secreto que confiere la ley 25.520 de inteligencia nacional, aprobada en 2001. Eso sí, establece una instancia de control parlamentario, por medio de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Fue una tardía reacción ante el creciente escándalo de las coimas del Senado, que se habrían pagado con fondos reservados de la SIDE, durante el gobierno aliancista.

Sin embargo, tanto los legisladores como la Oficina Anticorrupción advirtieron que la norma resulta insuficiente para un control eficaz. Es que sólo la comisión conoce el destino de esos gastos reservados y no hay remisión de un informe especial al plenario de las cámaras. La comisión dice auditar -y para ello tiene un presupuesto de tres millones de pesos por año-, pero nada se conoce de sus investigaciones.

Por ello, Terragno propuso restringir los gastos reservados a operaciones secretas de defensa y seguridad, y que cada peso gastado sea contabilizado. "Es correcto que esos fondos en principio no sean públicos, pero no tienen que constituir un secreto indefinido. Debiera regir un «período de reserva», por ejemplo de cinco años, vencido el cual los gastos reservados que se hayan realizado quedarán expuestos al escrutinio público", sostuvo.

Por su parte, el diputado Javier Lovaglio Saravia (PJ-Salta) propuso que los gastos reservados tengan un monto fijo en el presupuesto y que no se permitan transferencias de recursos hacia y desde esa partida.

"En la actualidad, los fondos reservados no son conocidos ni aprobados por el Parlamento dado que el Congreso sólo aprueba el presupuesto a nivel de la partida principal: servicios no personales. A partir de esto, se dictan decretos distributivos, que asignan esos fondos a la partida de gastos reservados", advirtió.

En el mismo sentido, se pronunció Mario Guinle (Frente para la Victoria-Chubut), autor de otro proyecto. "No alcanza sólo con que las leyes reservadas o secretas relativas a los gastos reservados asuman un carácter público, sino que es necesaria la participación activa del Congreso en la regulación de la asignación, utilización, registro y control de estos fondos. Las desviaciones en la ejecución de los gastos y sus significativos incrementos sin las debidas explicaciones socavan la escasa legitimidad de la que gozan", sostuvo.

El senador radical Ernesto Sanz (UCR-Mendoza), en su iniciativa, propone circunscribir los gastos reservados a la función de inteligencia, y exhibe una detallada propuesta de control. "Es necesario ajustarlos a requisitos exigentes, para terminar con el manejo discrecional y sin control de esos gastos, lo que ha sido práctica corriente."

Por su parte, la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta) propuso que la Comisión Bicameral remita un informe público a ambas cámaras para informar los resultados de la labor desarrollada y las medidas por instrumentar. "Aun cuando el informe de la comisión deba ser secreto, ello no impide que se dé publicidad a las conclusiones en la medida que no contengan información que deba quedar a resguardo", enfatizó.