La oposición pide la nulidad de la ley

Críticadigital.com.ar – Mientras en el recinto se debatía el proyecto sobre la ley de medios, afuera los jefes de los principales bloques opositores anunciaban que no votarían la iniciativa. El argumento: que la sesión especial fue “nula” y el tratamiento “inconstitucional”. La explicación de los diputados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica fue rebatida por el kirchnerismo. “Todos tenemos la legitimidad que nos otorga nuestro mandato. Debemos discutir el fondo y no la forma”, respondió Héctor Recalde.

Por momentos, el contenido del proyecto quedó a un lado. En la sesión de ayer, los diputados de la oposición no sólo criticaron el espíritu de la ley oficial de medios. Apuntaron, también, a supuestas “irregularidades” de forma en el tratamiento de la iniciativa, como la hora en que se inició la sesión especial o la manera en que se hizo la recolección de firmas para aprobar el dictamen en comisión. Constitucionalistas consultados por Crítica de la Argentina coincidieron en que los planteos hablan del cumplimiento de reglamentos internos y que no es una cuestión judiciable.

La primera denuncia llegó el martes por la noche de boca de la radical Silvana Giudici, quien aseguró que el oficialismo hizo circular y firmar el dictamen de mayoría mientras no había quórum en el plenario de comisiones. “Quiero dejar asentada la ilegitimidad de este procedimiento”, sostuvo ayer.

Uno de los ejes formales más cuestionados por la oposición fue la hora en que comenzó la sesión especial pedida por el kirchnerismo para las 10.30. Legisladores de la UCR, del PRO y de la Coalición Cívica dijeron que reglamentariamente debería haber comenzado no más allá de las 11 –media hora de retraso– y que el inicio a las 11.25 invalidaba el procedimiento.

Dos diputados kirchneristas, Héctor Recalde y Gerónimo Vargas Aignasse, refutaron los dichos de la oposición y aseguraron que el artículo 26 del reglamento “no establece que caiga la sesión especial” y que, al contrario, “el espíritu siempre es sesionar”. Textualmente, el ítem sobre “espera reglamentaria” sólo dice que “es obligación de los diputados que hubiesen concurrido esperar media hora después de la designada para la sesión”.

Para el constitucionalista Félix Loñ, la práctica habitual del Congreso “debe ser más estricta cuando se trata de proyectos que generan tantos enfrentamientos”. En este caso, dijo, “hubo incumplimientos reglamentarios elementales como que los despachos de comisión no estuvieran a disposición de los legisladores con siete días de anticipación”. Sin embargo, el abogado reconoció que habitualmente la Justicia ha rechazado denuncias de este tipo con el argumento de que “son cuestiones políticas y no judiciables”.

La falta de tiempo para analizar el proyecto fue otra de las críticas que lanzó la oposición desde el recinto. Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, denunció que hubo sesiones “secretas del oficialismo, fuera de los ámbitos parlamentarios, donde se cocinó un dictamen que se trajo a la comisión, del cual no hemos podido discutir un articulado”.

Según Roberto Bugallo, otro de los constitucionalistas consultados por este diario, “hacer este tipo de planteos formales carece de seriedad. El Congreso funcionó de esta manera toda la vida y, en todo caso, es un organismo que puede sanear sus propias falencias. Hay que tener un mínimo de razonabilidad y discutir el contenido de la ley”. El abogado Gregorio Badeni coincidió: “El intérprete del reglamento es la propia Cámara. Si se sanciona la ley puede llevarse a la Justicia, pero debe haber una violación flagrante y grosera”.

Más discreción para repartir pauta

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, toma cada vez más atribuciones respecto del reparto de la multimillonaria pauta estatal, de más de 1.100 millones de pesos anuales. Según el decreto 1.247, publicado ayer en el Boletín Oficial, Fernández tendrá ahora las facultades necesarias para dictar “las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias necesarias” que instrumentarán los mecanismos burocráticos necesarios para manejar la publicidad oficial.

Tras varios años de reparto a través de organismos descentralizados, la pauta de Presidencia pasó, a fines de julio, a ser controlada por un solo organismo, la Secretaría de Medios, que depende de la Jefatura de Gabinete. Gracias al decreto de ayer, Fernández creará, a partir de ahora, una nueva instrumentación para el reparto (y sobre el cobro) de la propaganda K.

Hasta ahora, la Secretaría de Medios que depende del jefe de Gabinete tenía autoridad para distribuir con absoluta discrecionalidad el presupuesto de fondos de los organismos centralizados. Ahora tendrá poder sobre las millonarias cajas de la AFIP, la ANSES y el PAMI, que están presupuestadas para distribuir entre los medios.

OPINIÓN

El partido de la acción
Susana Viau

El gobierno apuró el tratamiento de la Ley de Servicios Audiovisuales porque aún cuenta con una ventaja de propios y afines que se esfumará después del 10 de diciembre. Es una ventaja formal, porque sólo existe puertas adentro del Palacio Legislativo, donde las viejas mayorías se mofan de las nuevas que esperan en el exterior. El pasado se burla del presente. Sin embargo, la superioridad numérica no fue suficiente para el kirchnerismo, que, además, se dio a la tarea de reducir a papel mojado los reglamentos de la Cámara: ayer por la mañana, en el recinto, estirando lo que hiciera falta la media hora estipulada para alcanzar el quórum; la noche anterior, concediendo apenas ocho horas para que la oposición estudiara el texto de 162 artículos y sus 217 modificaciones. Así tramitaron los diputados oficialistas y sus aliados una legislación que, según descubrieron, lleva una espera de 26 años, seis de los cuales –más de una cuarta parte de ese tiempo– han sido administrados por la pareja de Santa Cruz. A ellos no les importan los métodos, les importan los resultados. No tienen pruritos, el kirchnerismo es “el partido de la acción”.

Pese a todo, hay algo de justicia poética en este desenlace. El proyecto de ley presentado “en nombre” de los periodistas desaparecidos resultó, al final, un mamarracho mezquino. Era lógico, entonces, que en el trámite de su aprobación no apareciera ni un gramo de grandeza, ni una pizca de épica. Le resultará difícil a Cristina Fernández presentar como un triunfo lo que no fue sino el producto de una trapisonda legislativa. Las crónicas de hoy y la foto final del oficialismo y sus satélites en la soledad de sus bancas quizás vuelvan a darle la razón a William Faulkner cuando decía, en El sonido y la furia, que “una victoria minuciosamente contada se parece a una derrota”.