La corrupción mata

Hoy elegimos no olvidar los 4 años de la tragedia ferroviaria más grande que sufrió nuestro país. A las 8:32 de aquel 22 de febrero de 2012, una formación de la línea sarmiento chocaba en la estación de once, dejando como saldo 51 muertos y más de 700 heridos. Pero esto no fue casualidad.

Trenes de Buenos Aires (TBA), tenía la concesión de está línea de trenes. De 2005 a 2010 el subsidio mensual que recibió esta empresa vía el Ministerio de Planificación Federal, comandado por Julio De Vido, creció en un 146%, pero ese dinero no fue ejecutado en obras para mejorar el servicio ferroviario. El subsidio por pasajero transportado creció de 2003 a 2009 más del 483%, sin embargo, esto no pudo impedir el fatal destino de aquellas personas.

Desde la Unión Cívica Radical, mediante la Auditoría General de la Nación, se realizaron diferentes informes que daban cuenta del pésimo estado en que rodaban los trenes en Buenos Aires, pero desde el Gobierno Nacional, comandado por el Frente Para la Victoria, no solo se hizo caso omiso a estos informes, sino que se siguió alimentando a una empresa que degradaba el servicio cada día más. El 100% del material rodante de aquel entonces había superado su vida útil, por ejemplo. Además, desde 2008 hasta la fecha de la tragedia, sucedieron 15 accidentes más, que advertían, de modo elocuente, que las cosas no estaban bien.

El choque finalmente sucedió, los muertos tuvieron que ser contabilizados, pero, tras meses y meses de lucha de los familiares de las víctimas, la justicia también llegó. Tras un juicio oral que duró casi dos años, el 29 de diciembre del año pasado, las condenas llegaron.

Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi recibieron seis y ocho años de prisión respectivamente, además de la inhabilitación para ejercer como funcionarios públicos. Y entre tantas otras sentencias, Claudio y Roque Cirigliano, principales responsables de TBA, recibieron nueve y cinco años de prisión respectivamente. Además, el maquinista, Marcos Córdoba fue condenado a tres años y seis meses de prisión, además de no poder manejar trenes durante seis años. Los familiares ya no podrán recuperar a sus seres queridos, pero estas condenas llevan tranquilidad hacia ellos, y hacia una sociedad que está asqueada de la corrupción, y de ver como algo extraño cuando alguien es condenado por esto. Desde la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires luchamos día a día para que no haya nunca más un 22 de febrero y para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Esa es una de las vertientes más importantes para que la sociedad vuelva a creer que podemos ser un país mejor.

La lucha continúa y es por la cárcel efectiva y que la condena quede firme.

Acompañamos a los a familiares en esa pelea como lo hicimos los últimos 4 años.