La ciudad en caída libre

Frente al flagelo de la exclusión social la administración Macri exhibe una preocupante subejecución presupuestaria del orden del 40%. A pesar del incremento de los índices de pobreza desde la crisis de 2001 la asistencia habitacional se redujo en más del cincuenta por ciento. El dato es revelador en residencia en hogares de tránsito y en la reducción de permanencia en hoteles. Las familias porteñas en emergencia habitacional reciben hoy sólo el 4% de lo que destinaba el Estado porteño hace 9 años atrás. Familias y planes de vivienda sociales están en franco deterioro. Sin embargo, más del 80% de los recursos asignados al Ministerio Público son destinados al gasto en personal. Mientras el presupuesto destinado a vivienda social se redujo en un 40% se agranda la plantilla burocrática estatal. El personal asignado a la Planta de Gabinete triplica el que había en 2000.

El fuerte deterioro social lo sufren las personas con capacidades diferentes y necesidades especiales. Habiéndose incrementado en un 250% el número de personas con reclamos de becas el Estado cubrió el 66% en 2000 y sólo el 20.5% en 2008, El panorama en el sistema educativo no es mejor. La enseñanza común que incluye los niveles inicial, primario, medio y superior no universitario no le escapa a la desproporción en la asignación del gasto. Mientras que el total de la matrícula del sistema de enseñanza de gestión estatal duplica a la matrícula de gestión privada, hay una significativa carencia de las unidades educativas en el sector público (42,76%) en detrimento del privado (57.23%) La respuesta del área educativa fue la reducción de 54 millones destinados para la construcción de escuelas y de 11 millones destinados a las raciones alimentarias. El presupuesto educativo pasó del 25.3 en 2008 al 23.7 en 2009, lejos del histórico 30 % de otras administraciones. En el sistema de salud se ha mantenido estable el número de pacientes que se atienden en consultorios externos en hospitales públicos en la última década. En su mayoría oriundos de la Capital (60%) y menos del conurbano (36%), es casi intrascendente la presencia de pacientes de otras provincias o países limítrofes (1.2%) Las tasas más altas de mortalidad infantil se registran en las Comunas: 4 (Barracas, Boca, Nueva Pompeya, Parque Patricios) y 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati). Mientras la Legislatura de la Ciudad destina el 76,10% del presupuesto de 283 millones a gastos de personal, el Concejo de la Magistratura el 79.43% de 281 millones, la Auditoria General el 88.93% de 72 millones y el Ministerio Público el 82.04% de 203.535.214 millones de pesos. Resta saber si somos capaces de establecer con claridad las prioridades de políticas públicas que permitan a niños, jóvenes y ancianos que están fuera del sistema alcanzar una vida decente.

Claudia Guebel
Convencional Nacional UCR y miembro del Grupo Aurora