La Auditoría resistió el plan de copamiento
Querían recortarle funciones al titular de la AGN por haber difundido un informe que señalaba sobreprecios en Santa Cruz y Chubut.
Después de una tensa reunión de tres horas, que terminó a los gritos, los representantes del Gobierno en ese cuerpo se vieron obligados a retroceder en su intento por recortar las facultades que hoy posee el radical Leandro Despouy, a la cabeza de la Auditoría. La AGN es un órgano colegiado que está integrado por siete miembros: tres a propuesta de cada una de las dos Cámaras del Congreso (dos por el oficialismo y uno por la oposición) y un presidente que designa el partido de la oposición con mayor cantidad de legisladores.
Los auditores oficialistas Oscar Lamberto, Javier Fernández, Vilma Castillo y Vicente Brusca habían presentado un proyecto que pretendía arrebatarle a Despouy la autoridad para redactar el orden del día que fija los temas que deben tratarse en cada sesión, la dirección de Comunicación –la oficina que publica los informes de la AGN– y el ejercicio de la representación del ente. El plan era una respuesta al escándalo que había originado la publicación de una auditoría que reveló millonarios sobreprecios en una obra del tendido de alta tensión entre Santa Cruz y Chubut que realizó Electroingeniería, propiedad del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra. Alertados sobre el proyecto de avance K, los legisladores de la oposición lanzaron una contraofensiva.
Originalmente, la reunión del Colegio de Auditores que debía decidir el destino de la reforma había sido convocada para la semana pasada. Pero esa sesión se levantó luego de que la diputada por la Coalición Cívica Marcela Rodríguez reclamara la realización pública del debate. Hasta ese día, lo auditores estaban acostumbrados a decidir a puertas cerradas sobre las investigaciones que analizan la gestión del Gobierno. “La AGN es un órgano auxiliar del Congreso. Todas sus actuaciones deben ser públicas, de lo contrario serían ilegales”, argumentó Rodríguez. Esa movida obligó al cuerpo a realizar una reunión extraordinaria para establecer el reglamento de las sesiones públicas. En el orden de día del encuentro previsto para ayer también fue incluida la iniciativa de Lamberto, Fernández, Castillo y Brusca. Pero el proyecto naufragó en el intento.
Cuando los auditores ingresaron a la sala de reuniones, los aguardaba –en el estreno de la modalidad abierta de las sesiones– una veintena de legisladores nacionales de la oposición, cámaras de televisión y representantes de las ONG Poder Ciudadano, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fopea y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Ante el público y las cámaras, el oficialismo desistió. Pero el debate cerró con un escándalo. Para despejar dudas, el presidente Despouy inquirió al cuerpo: “¿Es decir que los representantes del kirchnerismo retiran su propuesta?”. La pregunta no cayó en gracia de los auditores del oficialismo, que respondieron a los gritos y con golpes en la mesa. “Usted no me va a insultar a mí. Yo no soy kirchnerista ni nada. Yo soy peronista. Usted no me va a insultar a mí”, dijo Fernández. “Yo a usted no le digo puntero radical”, acusó Lamberto. El escándalo sorprendió a todo el mundo: los funcionarios fueron designados por el kirchnerismo en el transcurso
del último año.
La pauta es mía, mía, mía
El gobierno nacional quiere llevar hasta la Corte Suprema la discusión por la distribución de la pauta oficial a Editorial Perfil. La Procuración General del Tesoro apeló el fallo que hace quince días había considerado discriminatorio que ningún medio de la editorial de Jorge Fontevecchia recibiera ni un solo aviso de la propaganda oficial.
El recurso extraordinario se presentó ante la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el mismo órgano que había hecho lugar a un recurso de amparo presentado por la editorial con el argumento de que se trata de “una conducta discriminatoria con el único objeto ostensible de castigar a publicaciones no afectas al gobierno de turno”. Con la apelación, queda suspendida la obligación del Gobierno de comenzar a entregarle pauta a Perfil hasta que se resuelva el recurso. Si le dan lugar, será el máximo tribunal quien tome
la decisión.