Jugadores compulsivos

Como un auténtico jugador compulsivo a quien la fortuna parece haberle dado irremediablemente la espalda, el gobierno de los Kirchner procede en forma semejante a lo que puede asociarse como una auténtica partida de naipes entre poder hegemónico contra federalismo.

En efecto; como un enajenado que ante la ruina económica termina asumiendo un derrotero egoísta e irreflexivo, empeñándose, y valiéndose de recursos tan ajenos como circunstanciales para intentar doblegar inútilmente un azar desfavorable, el gobierno de Cristina Fernández —y su titiritero Néstor Kirchner— incurre en prácticas semejantes, apropiándose indignamente de los recursos de los argentinos con un plus adicional: el chantaje.

Fiel a su estilo de mesianismo, arrebato, y crispación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha firmado un decreto de necesidad y urgencia a través del cual se procura establecer un singular marco de coparticipación a las retenciones surgidas de la producción agrícola. Así, y de acuerdo a datos publicados por diversos medios periodísticos, el 30% de los 6.520 millones de pesos derivados de las retenciones a la soja serán coparticipados a las provincias y municipios en un hipotético fondo federal solidario.

La irrestricta condena que desde toda perspectiva nacional y democrática inmediatamente surge frente a la lamentable decisión de establecer un marco legal a lo que de por sí constituye una indudable acción de prepotencia y latrocinio —no obstante— merece ser fundamentada. No sólo para desestimar la mecánica respuesta oficial que permanentemente le endilga a los sectores opositores el recurrir a un rechazo automático y cerril a toda iniciativa de su propia autoría, sino —fundamentalmente— para dar cuenta a ciertos sectores de la sociedad civil que aún piensan que la discusión de la coparticipación federal es de naturaleza técnica y económica, y no comprenden suficientemente que lo que está en juego es nada más y nada menos que el federalismo argentino y la integridad de la Nación.

Para ser claros vale la pena responder ¿por qué se rechaza una medida supuestamente fundada en fines altruistas? Las razones son múltiples aunque toda ellas son en sí complementarias a un principio rector: el rechazo a todo avasallamiento institucional de la República.

De este modo, se formulan algunos de los aspectos que fundan el rechazo, a saber:

1. El gobierno rompe con su deber indelegable de gobernar para todos. Diez son las provincias que se ven principalmente favorecidas, mientras el resto del país permanece como un auténtico convidado de piedra, considerando que el criterio de reparto es básicamente el grado de intensidad de producción sojera. Según datos publicados por el diario Clarín en su edición del 22 de marzo del corriente año, la provincia de Buenos Aires obtiene $1.383 millones de pesos; Santa Fe $562,8; Córdoba $559,2; Chaco $314,2; Entre Ríos $307,5; Tucumán $299,6; Mendoza $262,6; Santiago del Estero $260,2; Salta $241,4; y Corrientes: $234,1. Las demás provincias solamente son coparticipadas con fondos menores. De ello puede suponerse que ese mismo carácter selectivo sería el que se deduce a escala provincial; el 70% correspondiente a cada gobierno provincial, y el 30% restante coparticipándose a los municipios que más se vinculan con la señalada producción. En cuanto al resto de los gobiernos locales, quedan sujetos a la discrecionalidad de quien ejerce circunstancialmente el poder político.
2. La coparticipación no puede sustentarse en el chantaje. Es sabido que no hay federalismo sin recursos coparticipables. Y la trascendencia de tal principio se verifica a partir de la necesidad imperiosa de contar con una ley de coparticipación basada en el principio de justicia y equidad distributiva. El oficialismo, lejos de exhibir una voluntad política semejante, recurre a un peculiar ejercicio de distribución que lejos de perseguir la paz social, incrementa las diferencias entre centro y periferia, y quiebra la cohesión de las jurisdicciones. Así se estimula un enfrentamiento entre nación y provincias, y gobiernos provinciales contra gobiernos municipales.
3. Se niega una vez más el valor del consenso. Ello se percibe fácilmente a partir del planteo del gobierno nacional que obliga a aceptar la cuestión sin discusión, y a modo de todo o nada. El consenso, que debiera ser un aspecto básico propio del sentido común, constituye un elemento lejano y exótico. Una decisión tan trascendente no puede ser tomada a la luz de la exclusiva especulación política del Poder Ejecutivo, ni desde un instrumento de por sí arbitrario como un decreto de necesidad y urgencia, que pone de manifiesto un total desdén por la división de poderes en general, y la potestad del Congreso de la Nación como expresión genuina de los intereses de las provincias en particular.
4. Se sientan las bases para una economía agrícola progresivamente orientada al monocultivo. A partir del chantaje referido, el gobierno nacional procura canalizar la explotación agropecuaria en mayor producción de soja. Es lógico suponer que gobiernos provinciales, municipales, y productores orientarán su accionar hacia la soja por ser ésta mucho más rentable, dejándose de incentivar o subsidiar producciones alternativas, y debilitándose hasta límites alarmantes la producción de otros productos indispensables por ausencia progresiva de cultivos.
5. Se recurre a la irresponsabilidad política. No sólo no se resuelve el problema de fondo sino que se lo pretende eludir, transfiriéndolo sin más a otras jurisdicciones. Así se coloca entre dos fuegos a los gobiernos provinciales frente a eventuales embates con el gobierno nacional, y en relación a las complejas tensiones con sus municipios. Por otra parte, se procura “socializar” y “diluir” el conflicto, fiel al principio de divide y reinarás, y tratando de que los productores agropecuarios ya no vean al gobierno nacional como el único aparato político con el que confrontan por sus intereses, sino fundamentalmente a los gobiernos provinciales. Desde este punto de vista toda duda que aún pudiera quedar en pie respecto al carácter atentatorio de la medida para con el federalismo se derrumba: los gobiernos provinciales quedan absolutamente a merced de los fondos que gire el Estado nacional y en tensión permanente con municipios y productores. En aras de incrementar poder se recurre a un irresponsable manejo autoritario y discrecional que desdibuja toda posibilidad de contraste con el otrora despotismo menemista de los ’90.

Lo que en 2003 comenzó como una posibilidad cierta de superación del paradigma neoliberal, hoy se erige como su auténtico e igualmente indigno sustituto. Es que más allá de su mera prédica progresista, el kirchnerismo constituye una nueva versión de populismo regresivo y prebendario que condena a la Argentina a una lamentable postración y a un incesante derrotero.

Es menester que las próximas elecciones parlamentarias sean el puntapié inicial para la construcción de un poder democrático alternativo que definitivamente ponga fin a esta lógica dicotómica que crispa y divide a los argentinos. Pese a todo, es posible.