Inadmisibles presiones a camaristas
Los ataques del kirchnerismo a la Cámara de Casación son otra prueba más del avasallamiento a la Justicia
La Nación – Sin tapujos, desde hace por lo menos dos años, el Gobierno ejerce una abierta presión sobre casi todos los jueces que integran la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal de la Nación, arguyendo malintencionadamente que han demorado la tramitación de los juicios sobre la represión y que en algunos casos han beneficiado a algunos de los imputados con esas causas al otorgarles la excarcelación.
Obviamente, una de las herramientas de presión es el Consejo de la Magistratura, órgano que, al contar con mayoría oficialista, puede disponer, al antojo de los deseos del Poder Ejecutivo, la apertura de un juicio político contra los camaristas, como lo ha hecho en algún caso.
En 2007 comenzó un fuerte hostigamiento al camarista Alfredo Bisordi, presidente de la Cámara de Casación, con acusaciones públicas formuladas por el entonces presidente Néstor Kirchner, quien sostenía que Bisordi trababa el avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos. El ataque presidencial se tradujo en escraches en el domicilio particular del magistrado, donde vive con su madre, en una investigación que se le abrió en el Consejo de la Magistratura y en un pedido de licencia por razones de salud presentado por Bisordi, quien finalmente se acogió el año pasado a la jubilación y su renuncia fue aceptada por Cristina Kirchner.
Sin embargo, la presión continuó y este año el senador kirchnerista Nicolás Fernández propuso al Consejo de la Magistratura, que él integra, una auditoría en la Cámara de Casación para evaluar la conducta de cinco de sus jueces. Su proyecto apuntaba a "acreditar las imputaciones formuladas" por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien acusó a los camaristas de demorar las causas que investigan crímenes del último gobierno de facto y de beneficiar a ex militares.
Poco antes, el Gobierno había impulsado denuncias por mal desempeño contra casi todos los jueces de la Casación, entre ellos, contra Luis García, Guillermo Yacobucci, Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Angela Ledesma, paradójicamente por haber cumplido con la ley al disponer la liberación de un grupo de represores que llevaban varios años detenidos sin condena.
No caben dudas de que el kirchnerismo se encuentra muy urgido por mostrar avances en las causas por la represión durante el gobierno de facto. La defensa de los derechos humanos ha sido una de las banderas de Néstor Kirchner desde su arribo al poder; bandera que, como es sabido, jamás empuñó durante sus largos años como gobernador de Santa Cruz ni antes, como intendente de Río Gallegos.
Sin embargo, el discurso kirchnerista de los derechos humanos había quedado solamente en eso: en mero discurso (que le ganó la adhesión de un grupo de intelectuales y periodistas), mientras que, por diversos motivos, la mayoría de los cuales no pueden achacarse a los camaristas de Casación, los juicios no avanzaban. Así, cuando se desnudaba el cariz proselitista del discurso, se produjo la desaparición de Jorge Julio López, testigo en uno de los escasos juicios que se llevó a cabo. Hasta el momento, esta desaparición no fue esclarecida, como tampoco el secuestro y posterior liberación de Luis Gerez, otro testigo.
Urgido por la falta de resultados, el kirchnerismo apuntó contra la Cámara de Casación. La presión trascendió las fronteras, y hace pocas semanas un centenar de jueces de América latina denunció que el Poder Ejecutivo argentino afecta la independencia del Poder Judicial con las denuncias por mal desempeño de sus funciones, presentadas contra los camaristas.
La Federación Latinoamericana de la Magistratura, que agrupa a representantes de 14 países del continente, afirmó durante su última reunión, realizada en El Salvador, que las imputaciones realizadas con el ficticio argumento del mal desempeño en el ejercicio de la magistratura ocultan la disconformidad con el contenido de decisiones adoptadas y expresan una grave e inaceptable afectación a la independencia de quienes las dictaron.
Igual que cuando gobernó Santa Cruz, el kirchnerismo ha sacrificado la división de poderes en favor de su perpetuación. Cualquier presión del Poder Ejecutivo sobre los jueces contraría los principios republicanos, mucho más cuando se pretende remover a magistrados por cumplir con la ley. Esta inexcusable agresión al Poder Judicial no sólo puede afectar el desempeño de los camaristas en el presente, sino que también demuestra que lo que impulsa al oficialismo es la venganza antes que el valor supremo de la justicia.