Gualeguaychú levantará el corte de la ruta por 60 días

Fue una noche larga, tensa y de decisiones tomadas en puntas de pie y con sabor a dramatismo. Después de impedir durante tres años y medio el paso hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos, en protesta contra el funcionamiento de la pastera UPM (ex Botnia), la asamblea de vecinos de Gualeguaychú decidió levantar pasado mañana a las 13, durante dos meses, el corte de la ruta internacional 136.

Por 87 votos de diferencia, los vecinos resolvieron también abrir canales de diálogo con los gobiernos de la Argentina y Uruguay, tendientes a establecer un monitoreo ambiental binacional sobre la planta.

Pero, como herramienta de presión, los asambleístas no abandonarán del todo la ruta, sino que permanecerán junto a ella, en el refugio construido en Arroyo Verde, hasta asegurarse que científicos argentinos puedan participar en el control de la pastera, que sus informes sean públicos y que el Gobierno aplique el código aduanero a las importaciones y exportaciones de Botnia.

La decisión se tomó al filo de la medianoche, en una convulsionada sesión en la que no faltaron insultos y chicanas entre las dos líneas en pugna.

Mientras que no hubo dificultad para aprobar la apertura del diálogo con los gobiernos de Cristina Kirchner y José Mujica, la paridad de fuerzas a la hora de decidir si los manifestantes debían permanecer sobre la ruta o al margen de ella (es decir, seguir con el corte o no) obligó a separar a los votantes en dos grupos, ubicarlos en distintos puntos del salón y contarlos uno por uno. Ese proceso llevó cerca de una hora y hubo que recurrir a ocho veedores de la propia asamblea.

Finalmente, la voluntad de permanecer al costado de la ruta reunió 402 votos, contra 315 de los que exigían mantener el corte como herramienta de presión y "visibilidad" de la protesta.

A diferencia de votaciones anteriores en las que naufragó la intención de levantar el corte, la sesión de anoche estuvo marcada por fuertes presiones del Gobierno, que denunció por 18 delitos penales a un grupo no determinado de dirigentes del colectivo ambientalista.

La denuncia, impulsada el miércoles por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, fue ratificada el viernes por un decreto de la presidenta Cristina Kirchner, hoy en poder del juzgado federal de Concepción del Uruguay, en la causa que tramita el juez Gustavo Pimentel.

Por otra parte, los asambleístas habían sido notificados el lunes de la orden de liberar del mismo magistrado de liberar el paso hacia el puente General San Martín. La medida fue ejecutada por el Escuadrón 56 de la Gendarmería Nacional, con asiento en esta ciudad, que también identificó a siete de los asambleístas presentes en el corte de Arroyo Verde.

El último elemento que jugó en la determinación de levantar temporalmente el corte fue un inesperado gesto de Mujica, quien desde la página web de la presidencia uruguaya anunció anteayer que estaba dispuesto a permitir que la pastera de capitales finlandeses fuera monitoreada desde su interior.

Con todos estos elementos en juego, además del desgaste por una protesta que comenzó hace siete años y el decreciente apoyo de la sociedad local al corte, admitido hasta por los sectores más duros de la asamblea, anoche se sometieron a votación once propuestas, divididas, básicamente, en tres grupos.

El primero, motorizado por el sector más radical de la organización, negaba abiertamente la posibilidad de levantar el corte, dialogar con el Gobierno o, siguiera, considerar la propuesta de Mujica. Lisa y llanamente, abogaron por mantener la barrera de Arroyo Verde hasta lograr el desmantelamiento de la pastera.

Los otros dos grupos coincidían en aceptar el monitoreo y abrir una negociación con el Gobierno, pero diferían en cuanto a la permanencia del corte. Unos, identificados con la moción de Raúl Almeida, sostenían que era necesario apartarse de la ruta por 60 días, como un gesto que demostrara la voluntad de negociación de la asamblea. El resto, alineados con las presentaciones de Paula Robles y Luis Leissa, en cambio, propuso que el corte debía mantenerse como herramienta de presión, hasta tanto el Gobierno avanzara en alguno de sus reclamos.

Se impuso la voluntad de mantenerse al costado de la ruta, pero se acordó una serie de peticiones comunes que el Gobierno deberá encaminar en los próximos 60 días.

Además del monitoreo binacional en el interior y el efluente directo de la pastera, los asambleístas demandan que se aplique el código aduanero a la ex Botnia, con la intención de limitar la llegada de sus insumos y la salida de sus productos. Además, le exigirán al Poder Ejecutivo que motorice una nueva demanda judicial ante un tribunal internacional por la contaminación de gases de la pastera, materia en la que la Corte de La Haya se declaró incompetente.

Mientras la asamblea decidía estas cuestiones, unas 600 personas firmaron un documento para autoimputarse en la causa iniciada por el Gobierno.
TESTIMONIOS

"Quiero decirle al mundo que Botnia contamina, no con nuestra voz, sino con la de la tecnología más avanzada"

JUAN VERONESI
Asambleísta de Gualeguaychú

"Uruguay muestra una amplia lista de incumplimientos. Hay que realizar el monitoreo dentro de la planta"

JORGE BUSTI
Diputado Provincial (PJ)

"El monitoreo de la planta no debería ser negociado por el levantamiento del piquete"

OMAR LAFLUF
Alcalde de Río Negro (Uruguay)

"Levantar el corte es una muestra de madurez y verdadero compromiso con el futuro de la región"

SERGIO URRIBARRI
Gobernador de Entre Ríos