Falta inteligencia para la prevención del delito

Cronista.com – El mayor esfuerzo de la actividad de inteligencia del Estado debe estar orientado a la prevención de situaciones que pongan en riesgo la vida y, a la vez, a la erradicación del delito. Los lamentables hechos de Villa Soldati o de la Estación Constitución lo demuestran palmariamente. Incluso, resuena como una confesión de parte los dichos de la ministra Nilda Garré admitiendo la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana.

Frente al sufrimiento de los ciudadanos, el gobierno nacional actúa tardíamente y el de la Ciudad se manifiesta incapaz. Con una actitud irresponsable se limitan a observar el enfrentamiento de pobres contra pobres ante la inacción de las fuerzas policiales.

En el Parque Indomamericano la absoluta ausencia del Estado y la falta de política pública de seguridad, se hicieron evidentes. La gente no reclama un Estado represor ni tampoco uno que deja hacer y deja pasar, pide atención a sus problemas que no son otros que pobreza, falta de trabajo, vivienda, educación y salud.

Acciones de prevención junto a la incorporación de nuevos paradigmas de gestión democrática de la seguridad ciudadana, con protocolos de presencia y cercanía, deberían ser premisas de calidad institucional. Sin embargo, la puja política consume mucha mas energía.

En lugar de tener una SIDE con mil millones de pesos de presupuesto anual destinados a vigilar, escuchar o apretar opositores, el gobierno debería hacer inteligencia para prevenir el delito en cualquiera de sus formas. Al menos el 80 por ciento de esos recursos deberían destinarse a producir inteligencia, es decir información útil y sensible, coordinando el funcionamiento de las diferentes fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

La ineficiencia de la Dirección de Inteligencia Criminal anula la necesaria respuesta del Estado. Se desconoce la evolución del crimen, y consecuentemente, se hace imposible un accionar eficaz, pero menos aún la prevención o la persecución penal de los responsables. Las sociedades organizadas y democráticas necesitan políticas de seguridad que estén por encima de la confrontación de diferencias irreductibles.

La respuesta de la política, en base al cumplimiento de la ley, debe ser la aplicación de políticas activas con la asignación de presupuestos óptimos. La actividad de inteligencia orientada a la prevención, entonces, constituye una prioridad.