El pedido al FMI desmiente las puestas en escena del INDEC

Clarín – Hace apenas dos años y medio , con la bendición política del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, las autoridades del INDEC anunciaron la puesta en marcha de un nuevo Indice de Precios al Consumidor para el área metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires). Este índice supuestamente corregía las “distorsiones del pasado” y colocaba a la Argentina a la vanguardia en la elaboración de las estadísticas , según los anuncios que se hicieron en un Seminario Internacional de Estadísticas en Pilar.
Simultáneamente, sin dar explicaciones, se anunció que se “discontinuaba” la difusión del IPC Nacional. Es el mismo que ahora el Gobierno quiere reelaborar con ayuda del FMI. Lo extraño es que se supone que la Argentina cuenta con un nuevo y actualizado IPC metropolitano “robusto” y “sólido”, como se dijo en el citado seminario.

La presentación del “nuevo” índice, con base abril 2008, estuvo a cargo de Beatriz Paglieri, entonces directora del área de Precios de Consumo del INDEC, y mano derecha del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en el organismos.

Alberto Fernández cerró el seminario elogiando el cambio del IPC porque -dijo- “estamos volviendo a poner las cosas en orden”, ya que “en los años 90 se introdujeron distorsiones”. Y aseguró que con relevamientos realizados en la encuesta de consumo se
habían detectado “metodologías que eran raras”.

Lo “raro” fue que el nuevo IPC naciera con la defunción del IPC Nacional, que incluía los números de inflación de las principales provincias, como Santa Fe, Córdoba o San Luis. Y que desde que el área de Precios fue intervenida en enero de 2007, venían arrojando subas de precios dos o tres veces superiores a la del IPC de Capital y Buenos Aires. Era más que evidente que la supresión del IPC Nacional apuntaba a evitar comparaciones “odiosas” que ponían al descubierto la “manipulación” del nuevo índice. Sin embargo, el cotejo de estadísticas prosiguió porque los Institutos Provinciales continuaron la tarea, sin la asistencia del INDEC.

En julio de 2009, ante las evidencias de que el “nuevo” IPC continuaba manipulando los datos de inflación, el Gobierno conformó el CAES (Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento) del INDEC con representantes de cinco universidades nacionales.
Pero las conclusiones no fueron las que esperaba el Gobierno . Tras dilaciones y rispideces con el INDEC, el consejo académico elaboró un documento muy crítico sobre el IPC. Esto llevó a que el Ministerio de Economía postergara casi tres meses su recepción, argumentando “problemas de agenda” del ministro Amado Boudou.

Sólo después que se anunció que el Gobierno había pedido al FMI asistencia técnica para un IPC Nacional, Boudou recibió el informe universitario. Pero no convocó a los rectores que le habían solicitado una audiencia.

Los académicos creen que “el consejo asesor se cavó su propia tumba” cuando opinó en su informe que el IPC oficial no es confiable y recomendó hacer uno nuevo. Esto impidió que pudiera continuar con su labor tomando a su cargo la elaboración del IPC Nacional , que figura en el informe entregado a Economía como una de las recomendaciones para subsanar la falta de credibilidad en el actual índice de precios.

Paso a paso

En diciembre de 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner anunció que había decidido cancelar en efectivo toda la deuda con el FMI. El pago se hizo en enero de 2006 y ascendió a 9.500 millones de dólares.

El Gobierno argumentó que de esa forma se liberaba de la supervisión de las recetas económicas del Fondo. A partir de entonces, se rechazaron todos los pedidos del organismo para que el país cumpla con la revisión anual de su economía, prevista en el artículo 4 del estatuto.

El FMI volvió a reaparecer en la agenda del Gobierno cuando Cristina Kirchner retomó las gestiones para ponerse al día con el Club de París, al que le debe 6.700 millones de dólares. Esta entidad exigía que el país obtenga una venia del Fondo para lograr una refinanciación.

Por otro lado, dentro del Grupo de los 20 algunos países redoblaron la presión para lograr que Argentina acepte la revisión del artículo 4. La negativa oficial dejó al país al borde de una sanción del Fondo. Para evitarla, se aceptó que el FMI revise las tareas del INDEC.