El impacto social que tendrá la nueva asignación familiar

Eleconomista.com.ar – Si bien el Gobierno llamó al programa “Universalización de las Asignaciones Familiares”, en la práctica no es universal como tampoco una asignación familiar. No es universal porque existen criterios que en teoría pueden dejar fuera a casi 3 millones de menores de edad, como tampoco es una asignación familiar dadas las notables diferencias para acceder al mismo entre un empleado registrado y uno no registrado. En efecto, con el objetivo de asistir sólo a los menores más vulnerables, el Gobierno estableció tres criterios: 1) exigencia del cronograma de vacunación al día, 2) constancia de alumno regular en establecimientos educativos públicos para mayores de cinco años, 3) ingresos mensuales inferiores al salario mínimo vigente ($1.500 mensuales desde enero 2010). Si bien los criterios otorgan un incentivo económico para el cuidado de la salud y educación de los menores en hogares vulnerables, lo cierto es que implican una discriminación horizontal dado que para los asalariados registrados dichos criterios no aplican. Además, el tope de ingresos mensuales para acceder al beneficio son más de tres veces superiores al salario mínimo vigente. Ahora bien, los primeros dos criterios son comprensibles al observar los guarismos de atención médica y deserción escolar de los menores de edad, e incluso es necesario extenderlo a toda la sociedad. En tanto que el tercer criterio, en la realidad, no aplica en forma tajante. Mientras se esté en la informalidad, quien se presente con los DNI y las partidas de nacimiento de los menores, podrá cobrar el subsidio.
A gran escala
Pese a lo antedicho, el programa bien puede entenderse como el más ambicioso plan de asistencia social de la Historia Argentina, focalizado en los hogares pobres con presencia de menores de edad. El mismo aspira a tener un alto grado de cobertura cercano a 2,3 millones de hogares pobres, donde residen 5,1 millones de menores de edad. Las cifras equivalen a todos los hogares pobres del país y todos los menores de edad pobres en la Argentina. Más aún, la transferencia monetaria directa a hogares pobres alcanzará un monto suficiente que permitirá sacar a casi todos los hogares de la indigencia, además de reducir significativamente los niveles de pobreza de la población a escala nacional. El importante impacto social a esperar se pone en evidencia cuando se advierte que su puesta en marcha implicará triplicar los recursos que el Estado destina a los hogares pobres, al pasar de $ 3.700 millones en 2009 (costo total anual de los tres principales programas de asistencia Social: Plan Jefas y Jefes, Plan Familia y Plan Madres), a cerca de $11.000 millones en 2010. Para tener una idea del impacto social, un hogar indigente dentro del Plan Madres que percibe un subsidio mensual de $390, ahora pasará a uno de $1.260 (un incremento de 223%). Un hogar promedio dentro del Plan Familia, pasa de $270 a $630 mensuales (134%). En tanto que un hogar promedio dentro del “Plan Jefas y Jefes”, pasará de $150 a $270 mensuales (80%). Por último, un hogar pobre con menores que actualmente no percibe asistencia social desde el Estado, de inscribirse contará con $396 mensuales.
Los cuestionamientos
Tres comentarios finales. Hablar de clientelismo carece de sentido dado que se individualiza al beneficiario, del mismo modo que se individualiza a cada jubilado. El vínculo es directo entre el Estado y el beneficiario, sin intermediarios. Segundo, si se acepta la tesis de que el plan se asemeja más a una reconversión de los actuales programas de asistencia social, que a una asignación familiar, entonces carece de sentido la comparación estricta entre ambos. Por último, está su forma de financiamiento. Tal como fue presentado, el programa tendrá un costo total de $11.000 millones anuales, aunque al netearlo del costo de los actuales programas de asistencia social, incrementará el gasto público en $7.400 millones, equivalente a 0,6% del PIB. Si bien la magnitud no es significativa y menos si se pondera que llega a quien lo necesita, además de que honra el rol del Estado, es justo advertir que la Argentina en 2009 perdió absolutamente todo el superávit fiscal. Nuevamente el Estado Nacional no dispone de recursos para el servicio de la deuda pública.
Sin riesgos
El escenario de default todavía no está en el horizonte dado que el Gobierno sólo necesita de 2,3% del PIB para el pago de intereses y capital en 2010 (neto de deuda intrasector público), de los cuales la mitad es en pesos y para el resto dispone de abultadas reservas. Ahora bien, si el Gobierno no se establece como meta recuperar el superávit fiscal, la situación se encamina bien a financiarse con más deuda pública (tal como en los ’70 y los ’90), o bien a financiar al Estado con inflación, como en muchas décadas anteriores. La Historia mostró que en ambos casos nunca se termina bien. Si bien existe margen político para la reasignación del gasto público desde subsidios indirectos y generalizados, a subsidios directos a los hogares, lo cierto es que los subsidios indirectos tomaron tal magnitud que su traspaso requiere de tiempo y medida planificación, que no hace simple de llevarlo a cabo. Aún así, no podrá evitar el impacto económico sobre amplios sectores de la sociedad, y por lo tanto, su costo político. Con la carrera presidencial en marcha se hace difícil esperar avances significativos en la materia, por lo que posiblemente el Gobierno esté a cargo de ambos tipos de subsidios para 2010.