El déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires

El déficit habitacional es uno de los desafíos más importantes que deberá afrontar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los próximos años. Varias razones fundamentan esta afirmación. En primer lugar, el auge de los emprendimientos lanzados en los últimos años son, a nuestro entender, apenas un paliativo menor frente a una demanda siempre creciente como es el acceso a una vivienda digna. En segundo lugar, el bajo presupuesto asignado por ley nº 24.464 (F.O.N.A.V.I) de 1,3%, con que cuenta en la actualidad la Ciudad de Buenos Aires, obliga a desarrollar una gestión muy eficiente de sus recursos. En tercer lugar, desde hace mucho tiempo la Ciudad es un polo de atracción para muchos ciudadanos que llegan desde todos los rincones del país. En este sentido, podemos afirmar que desde los años \’50 se mantiene un flujo migratorio constante desde el interior del país hacia la Ciudad que determina que el déficit habitacional mantenga una tendencia creciente. Asimismo, la población llegada del interior presenta ciertas características que la diferencian de la demanda tradicional. Por lo general, estas familias numerosas no se asientan en villas sino en casas tomadas, hoteles o pensiones. Pero, por su procedencia y su cultura es, al mismo tiempo un público que tampoco se acostumbra a vivir en edificios de consorcios. Por lo tanto, teniendo en cuenta el elevado costo de la tierra en la Ciudad de Buenos Aires, podemos afirmar que esta es una demanda muy particular dentro de la demanda habitacional que siempre tuvo la Ciudad.

Vale aclarar que, de acuerdo a la ley nº 24.464, el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) se nutre del 42% del 79% del impuesto a las naftas súper y común. Así, de acuerdo a lo presupuestado para el corriente año, $ 1.500 millones, la Ciudad de Buenos Aires recibe sólo el 1,3%, siendo esta uno de los mayores contribuyentes, con el 25% de dicho monto. Del mismo modo, del Plan Federal de Vivienda que se realiza en todo el país con fondos del Tesoro Nacional, la Ciudad obtiene el 10% de lo presupuestado, que asciende a $ 5.000 millones para el año 2010.

Esto demuestra a las claras que con más o menos promesas, la Ciudad de Buenos Aires ha sido, relegada y abandonada en materia habitacional en los últimos 30 años.

La trayectoria del FONAVI y el subsidio a la oferta.

En 1977 la sanción de la ley 21.581 (Fondo Nacional de la Vivienda) modificó la ley 19.929. Entre las modificaciones más importantes se pueden destacar: a) la ampliación del espectro de los posibles adjudicatarios (a partir de entonces, alcanzaba también a los sectores medios-bajos de la población); b) la planificación, ejecución y responsabilidad operativa se transfirió a las jurisdicciones provinciales y sus respectivos organismos de vivienda autárquicos (Institutos Provinciales de Vivienda) y c) el aumento de los recursos dado que se incrementó el porcentaje de los aportes: el 5% sobre todas las remuneraciones abonadas en el país, públicas y privadas, y el 20% de los aportes previsionales para los trabajadores autónomos (Slemenson; 1998).
A partir de ese momento, comenzaron a ganar protagonismo tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación como los Institutos Provinciales de Vivienda. La primera, cumplía funciones financieras y normativas de alcance nacional. Por un lado, centralizaba los fondos y los giraba a los respectivos IPV y, por el otro, fijaba los grandes lineamientos de las políticas, normas técnicas y administrativas. Por su parte, los Institutos Provinciales de Vivienda (IPV) eran los encargados de canalizar los fondos hacia la ejecución de las obras.

Esta situación nos demostró, a partir del Censo Nacional realizado en el año 1991, que los adjudicatarios de las viviendas de hace diez años, eran para esa fecha, deficitarias. Asimismo, se comprobó que los conjuntos habitacionales eran de mala calidad y muy caros. Lo que nos evidenció que este sistema de aplicación de las políticas habitacionales, basado en subsidiar a la oferta (empresas constructoras) y no a la demanda (adjudicatarios), que aún hoy el Gobierno Nacional insiste en llevar adelante, no solo no tiene ningún rédito social, sino que termina siendo una dilapidación de los recursos del estado.