El dedo en la llaga

LaNación.com.ar – "Todo eso que se ha venido degenerando en los últimos años, y que lleva a que la ciudad tenga, en diversas áreas, más del 30% de ausentismo. Uno de cada tres, en algunas áreas, no trabaja. Un disparate." Esta declaración, hecha a LA NACION por el jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, en la entrevista que firma Ricardo Carpena en la sección Enfoques del 25 de enero pasado, es un diagnóstico de una fuerza de cambio como pocas veces hemos visto en la política argentina de los últimos tiempos. Aun matizando sus manifestaciones, el ingeniero Macri les anuncia a los porteños que ha llegado a la conclusión de que una parte sustancial de los recursos públicos de la ciudad se pierden en la bajísima productividad del trabajo burocrático.

Tomé contacto con los problemas de la ciudad cuando Fernando de la Rúa asumió la primera jefatura, en 1996. Y, a medida que ese gobierno se instalaba, los amigos me fueron anoticiando del desorden administrativo que amparaba toda clase de corruptelas. Trabajaron para aclarar el panorama, a veces con medidas ingratas, como la vituperada "cuenta única", que tantos malos ratos le trajo al secretario de Hacienda, Rodríguez Giavarini; pero al final de aquella gestión Enrique Olivera entregó el mando de una ciudad con superávit. En esos días, y mientras se hacía lo posible, nos quedó claro que la dotación de personal era excesiva; el rendimiento del trabajo, muy pobre, y las consecuentes prestaciones a los vecinos eran complicadas y poco transparentes.

En los años siguientes, la mala práctica de los nombramientos arbitrarios o los contratos innecesarios no se detuvo. Y aunque el universo de personal era globalmente desconocido -tal era la oscuridad de la información interna- llegamos a la conclusión de que la planta general estaba excedida, en comparación con otras ciudades del país y del exterior, por lo menos en una tercera parte. Esta proporción coincide con la que ahora denuncia, con moderado lenguaje, el ingeniero Macri.

El tema es trascendental en todas sus dimensiones. Reducir en un 30% el gasto en personal -incluyendo todos los costos laborales directos- puede significar un ahorro del 20% en el presupuesto, liberando miles de millones de pesos para obras o para un tema tan crítico como la seguridad.

Pero los que tenemos experiencia de estos ordenamientos en el sector privado, como me ha sucedido, sabemos que esas reducciones tienen un impacto desconocido pero potencialmente grandísimo en los costos fijos. En otras palabras, con 30.000 agentes menos -por estimar una cifra- la ciudad ahorraría cientos de millones en servicios y liberaría miles de metros cuadrados de oficinas ubicadas en lugares de alto valor de la ciudad; oficinas que el gobierno alquila o que, siendo propietario, podría vender o rentar con beneficio para el erario.

El achicamiento de la planta significará, paso a paso, una reducción de los trámites administrativos, muchos de los cuales han crecido para justificar un trabajo realmente innecesario. Los menores trámites redundarán en un beneficio directo para los vecinos. Nadie ha estimado cuánto vale el tiempo de los vecinos gastado en trámites municipales innecesarios o superfluos: todo ese esfuerzo inútil de los "clientes" volverá en simplicidad y comodidad para ellos mismos.

Una planta de personal más reducida podrá ser jerarquizada. La vieja y prestigiosa carrera municipal está ahora deformada y detenida. Los buenos empleados y funcionarios -que son miles, hay que subrayarlo- están ahogados en el desorden y postergados en su progreso personal y profesional. Buena parte de los fondos que se rescaten por la reducción de planta podrán destinarse a mejorar las remuneraciones de los confirmados. Lo dice el ingeniero Macri en esa misma declaración: "Queremos premiar al que asume compromisos y separar a aquel que estafa la buena fe del vecino?"

El proceso de modernización así encarado permitirá conocer mejor las prestaciones, los errores, las demoras y las trampas en la administración. El bosque de empleados y trámites favorece la creación de situaciones oscuras y beneficios privados contrarios al interés general y que, por cierto, pagamos los vecinos de Buenos Aires. Demás está decir que, de realizarse lo supuesto, los funcionarios políticos tendrán a su disposición un aparato administrativo mucho más eficaz y listo para ejecutar las directivas que resultan de los mandatos electorales.

Esta gigantesca reforma puede sonar traumática si se la imagina como un sistema de despidos masivos, aunque fueran compensados. No es así necesariamente, en primer lugar, porque los que no concurren regularmente a su trabajo casi siempre tienen alguna otra actividad rentada fuera de la administración. En segundo lugar, porque si el programa tiene los objetivos claros y los instrumentos flexibles, se pueden lograr muy buenos resultados con la colaboración del personal existente, ésta es mi experiencia.

Cuando en 1998 me hice cargo de los teatros de la entonces OTPA -el Alvear, el Sarmiento, el Regio, el de la Ribera y el anfiteatro Alberdi-, me encontré con el esperado asunto de la hipertrofia de personal y un desorden que casi formaba parte de la picaresca, con una familia viviendo furtivamente en el entretecho de un teatro, por mencionar un caso.

Como no tenía autoridad para reducir la planta, acordé un programa de interés común con los delegados sindicales de la casa: trabajaríamos todos para aumentar las prestaciones de modo de justificar la planta excesiva que teníamos. Ese acuerdo, cumplido lealmente de ambas partes, nos permitió en la corta gestión de dos años programar todas las salas con aceptable calidad y realizar reformas estructurales de fondo en los edificios, que hoy se siguen apreciando en el Alvear y en el Sarmiento, así como las adecuaciones de menor monta en el Regio y en la Ribera. Fue posible mejorar fuertemente la productividad del trabajo sin necesidad de despedir a nadie. Aprendí también cuánto buen conocimiento y buena disposición hay en la mayoría de los empleados de la ciudad.

Yo espero que el gobierno de Buenos Aires encare las ideas que formuló el ingeniero Macri con firmeza y flexibilidad, para realizar los cambios protegiendo la idoneidad y la permanencia de los buenos servidores públicos. Pero no puedo menos que decir a mis convecinos que en estos anuncios del jefe de gobierno está contenida una formidable reforma de la ciudad y sus instituciones, y acaso el primer paso mayor hacia la reforma y modernización del Estado que necesita el país.

Comprendo que es un tema difícil y levantará grandes resistencias. Mientras más cambio, más resistencias, es una ley de calidad del cambio. Algunas resistencias serán genuinas y muchas brotarán sólo para defender canonjías, trampas y negocios personales. Pero desde el punto de vista político, creo conveniente hacer una precisión: modernizar el Estado es una política de servicio popular, porque sólo un buen Estado protege el interés general de las maniobras corporativas y el abuso de los intereses particulares.

¿Se habrá vuelto el ingeniero Mauricio Macri un gobernante de centroizquierda? Me divierte el chascarrillo, pero creo superflua la adjetivación. Basta y sobra con reconocerle que, en este tema, ha puesto el dedo en la llaga.