El atroz ejemplo de Egipto

La Nación – Desde mediados de enero, varias manifestaciones populares conmueven a los regímenes árabes del norte de Africa y Medio Oriente, amarrados por décadas a las estructuras del Estado. Las protestas en Túnez, que concluyeron con el exilio del ex presidente Ben Ali en Arabia Saudita, inauguraron la saga de movilizaciones, y el fenómeno alcanzó ya a una decena de países.

Entre ellos, el caso egipcio es el de mayor envergadura debido al papel estratégico de El Cairo en la región, el tamaño de su población -más de 80 millones-, y la resistencia ofrecida por el presidente Hosni Mubarak para dar acuse de recibo a las protestas que exigen su renuncia después de 30 años en el poder y la apertura política.

Por supuesto, el pueblo egipcio debe dirimir este conflicto, pero ni el derecho a su autodeterminación, ni la obvia inexistencia de "recetas mágicas" nos eximen del deber de denunciar las violaciones a los derechos humanos y contribuir a su remedio. El avasallamiento de los derechos humanos y de las libertades que el gobierno de Mubarak auspicia desde la última semana, con el propósito de silenciar a los vastos sectores de la población movilizados, son intolerables.

El pueblo egipcio, activistas de derechos humanos, periodistas y diplomáticos fueron objeto de intimidaciones, secuestros, saqueos y violencia física incompatibles con la dignidad humana.

Ningún régimen puede favorecer la transición hacia un gobierno democrático cercenando las libertades de expresión, de prensa y de reunión de sus ciudadanos. Es una contradicción en sus propios términos. El disenso y la tolerancia, al contrario, son las piedras angulares para la construcción de una sociedad informada, dispuesta a participar de la actividad pública, y el acceso a la información es el medio para ello.

Sabemos que la transición de sistemas de gobierno y el camino hacia la consolidación de las democracias son sinuosos, pero es necesaria una resolución pacífica que permita superar la parálisis actual sin opresión.

Como comunidad nos hemos anudado al compromiso de la democracia y de los derechos humanos y debemos apoyar tales aspiraciones, tanto en casa como puertas afuera. La Argentina todavía se nutre de las ajustadas denuncias que los miembros valientes de la comunidad internacional hicieron del terrorismo de Estado. Debe honrar esa memoria histórica y sin vacilaciones ratificar su compromiso con la protección y la promoción de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y contra cualquier persona condenando, como otros lo hicieron con los abusos de aquí, al régimen de Mubarak y las atrocidades cometidas.