El acuerdo entre kirchneristas y macristas por el negocio del juego
Los intereses del empresario K Cristóbal López estarán menos vigilados. No tendrán auditorías. El plan de Aníbal Ibarra. El decreto que firmó Néstor Kirchner en diciembre pasado que, se sostiene, hará historia. Susana Viau.
“Cristóbal está enojado”, fue la frase que precipitó la enmienda al Plan de Auditoría 2008, más precisamente al punto 04.08.04, que preveía la realización de un seguimiento de la gestión del Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos Aires. El ítem que disgustaba al empresario santacruceño Cristóbal López fue reemplazado por un “relevamiento” del juego clandestino y de las consecuencias del juego compulsivo. El cambiazo se acordó en el transcurso de un encuentro celebrado en un “petit comité” entre kirchneristas y macristas, a mediados del mes pasado. Ahora, en la sesión del 8 de mayo, la oposición no kirchnerista a Macri intentará replantear el debate mediante dos proyectos de tratamiento preferencial. Todo hace prever que será una jornada de altas temperaturas, puesto que a ello se sumará un proyecto de Aníbal Ibarra que procura derogar la resolución que permitió a López y su socio, el banquero Federico de Achával, beneficiarios de la privatización del Hipódromo de Palermo, mantener el usufructo gratuito del predio ubicado frente a las instalaciones para utilizarlo como estacionamiento para los apostadores. El decreto que lo hizo posible fue firmado por Jorge Telerman el 6 de diciembre de 2007, un día después de que Néstor Kirchner prorrogara la concesión del hipódromo, con sus salas de tragamonedas, corazón del negocio, hasta el año 2032.
El 15 de abril, Diego Kravetz, hombre del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y Juan Manuel Olmos, fiel al sindicalista Víctor Santamaría, se reunieron con los macristas Santiago de Estrada (auditor adjunto del gobierno porteño) y Diego Santilli (presidente de la Legislatura) para comunicarles que existía preocupación en torno al punto que proponía la realización de una auditoría de “gestión” en el Instituto del Juego. Acordaron entonces efectuar un pequeño retoque al apartado que había desencadenado la irritación de López. Así se lo comunicó luego De Estrada a Sandra Bergenfeld, titular de la Auditoría del GCBA. Por lo tanto, entre gallos y medianoche, la auditoría “de gestión” sobre el instituto que supervisa y regula la timba en la Capital se convirtió en auditoría de “relevamiento y verificación”, pero del “juego clandestino” y del “juego compulsivo”, número de denuncias recibidas, actuaciones judiciales, cantidad de profesionales asignados a prevenir la adicción, la línea de ayuda 0800 y los “pedidos de asistencia” recibidos. Según esta remake del Plan de Auditoría 2008, el “objeto” se limitará a “relevar y verificar la acción del instituto en relación con los temas mencionados”.
La maniobra puso los pelos de punta a la oposición no K y crispó los nervios del macrismo, que, temeroso de un escándalo, dio luz verde a dos mociones que tendrán “tratamiento preferencial” en la sesión del 8 de mayo. Se trata del expediente 131-D.-08, presentado por la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, y el 367-D.-08 por los bloques del Partido Socialista, Coalición Cívica, Nueva Izquierda e Igualdad Social. Ambos proyectos pretenden hundir el cuchillo hasta el hueso en la cuestión del juego.
El primero exige al Ejecutivo de la Ciudad que informe sobre las salas de bingo, concesiones, renovación de licencias, controles efectuados, constancias de ingresos en concepto de juego del bingo, ingresos en concepto del juego de tragamonedas a lo largo de los períodos 2005, 2006 y 2007, montos mensuales, especificación de los recaudado en el Casino de Buenos Aires e Hipódromo de Palermo, y recaudación obtenida por cada slot (máquina tragamonedas). El proyecto incluye información acerca de apuestas hípicas y medidas tomadas por el Ejecutivo porteño respecto del decreto presidencial 1.851/07 (que prorrogó la concesión hasta 2032).
El segundo proyecto con tratamiento preferencial reclama que el Ejecutivo responda por qué no se denunció el convenio suscripto entre el Instituto del Juego de la Ciudad y la Lotería Nacional en 2003, que, pese a haber vencido, se mantiene vigente “por omisión”. Pide además una rendición de cuenta de los ingresos obtenidos por ese convenio, el destino de los fondos y las acciones iniciadas en función de lograr el cierre del casino flotante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la ley 538, de juego y apuestas.
DOBLETE. El 5 de diciembre pasado, Kirchner rubricó un decreto que, se sostiene, hará historia. Se trata del 1.851/07, que estiró hasta el 2032 la concesión de la explotación del Hipódromo de Palermo a la sociedad HAPSA, formada por López y De Achával, accionista y directivo del ascendiente Banco Columbia. El texto estableció que, dado el breve plazo (nueve años) que le quedaba a HAPSA para amortizar la inversión realizada, se le concederían quince años más a partir de 2017, fecha en que debía expirar la concesión. Eso sí, el decreto establecía condiciones. La más dura fue la obligación impuesta a López y De Achával de incrementar en 1.500 slots el parque existente en el Hipódromo (3.000) para abastecer las “necesidades del mercado lúdico”. Es decir, los condenó a aumentar sus ganancias a expensas de las compulsiones ciudadanas. El decreto, calificado de “escandaloso” por la prensa y la oposición, vio la luz en el Boletín Oficial recién el último día del año (31 de diciembre), entre brindis, papelitos, inicios de vacaciones y feria judicial.
Al día siguiente, el 6 de diciembre, Jorge Telerman, en su calidad de jefe de Gobierno de la Ciudad, firmó otro decreto, el 1.993/07, por el cual concedía a HAPSA en forma precaria, gratuita y por un plazo de cinco años el terreno comprendido por las avenidas Dorrego, Del Libertador, Marcelino Freire y las vías del Ferrocarril Mitre. En menos de 24 horas, la dupla López-De Achával había recibido dos magníficos regalos. El proyecto presentado por Ibarra y su corriente, Diálogo por Buenos Aires, solicita la derogación de esa norma “más allá de la investigación de eventuales responsabilidades administrativas y/o penales surgidas de la aprobación del mismo”.