El Gobierno se acerca bastante a una crisis política

LaNación.com.ar – Daría la impresión de que el gobierno de Cristina Kirchner, ansioso por mantener el superávit de sus cuentas, dio otra vuelta de tuerca sobre los ingresos de los productores rurales y que éstos, hastiados de que el fisco se siga apropiando de su renta, estallaron en ira. Pero esa impresión es falsa.

Este conflicto es distinto de los anteriores por la peculiar naturaleza de las retenciones móviles a las exportaciones de soja y a los cambios que introdujo la inflación en el contexto en que se dispusieron esas medidas. Por eso, esta crisis es más virulenta e involucra a nuevos actores, muy importantes, pero no siempre visibles.

El campo interpretó con claridad el mensaje de las nuevas retenciones de Martín Lousteau: en adelante la rentabilidad de sus empresas sólo podrá achicarse. Si las retenciones acompañarán las subas y bajas del precio de los granos, los ingresos quedarán congelados en su nivel actual. Como los costos prometen un ascenso constante, la rentabilidad será cada vez menor. Hay otros factores de irritación, pero éste es el corazón del conflicto.

La "certidumbre de largo plazo", que los funcionarios se ufanan de estar proveyendo, es demasiado sombría. Por eso, los productores agropecuarios reaccionaron como lo haría Hugo Moyano si se congelaran los salarios con la inflación desatada. En tal caso, a nadie se le ocurriría en la Casa Rosada convocar a "un diálogo hacia delante". Por eso, cuando los funcionarios de la señora de Kirchner le hacen esa invitación al campo, demuestran que no comprenden del todo la agresividad de sus disposiciones.

El contexto ha variado por obra de sus acciones (las nuevas retenciones) y omisiones -la ausencia de una política antiinflacionaria-, pero las autoridades no cambian la batería de respuestas utilizadas antes. En la superficie, endilgan al campo falta de sensibilidad social, lanzan operaciones de prensa contra algunos productores, promueven escenas de confraternidad con dirigentes industriales o estimulan los escraches de Luis D Elía. Por lo bajo, intentan una negociación sin percibir que la dirigencia rural fue desbordada. Las asambleas rurales se convirtieron en cortes de ruta, sin conducción alguna. Esta modalidad alarmaba ayer a algunos líderes agrarios por la presunción de desbordes espontáneos o provocados por algún infiltrado. Además, el Gobierno presiona a los feedlots para que entreguen ganado el lunes y eso hace temer incidentes, si los camiones ven su paso interrumpido.

Hasta el martes, desde las cuatro entidades buscaron a Julio de Vido para exponer su drama ante Néstor Kirchner -recurso frecuente desde que el ex presidente ordena a sus colaboradores que "no le lleven problemas a Cristina"-. Pero el miércoles, con la ratificación de las medidas oficiales, ese puente se rompió.

Para éstas sólo puede haber negociación, si se corrigen las medidas. ¿Alcanzaría con que el alza de las retenciones a la soja sea del 5% y no del 9%? ¿Haría falta que la baja de las alícuotas para el maíz y el trigo pase del 0,8 al 5%? ¿Debería la Presidenta hacer rodar una cabeza? Los dirigentes rurales garabatean estas alternativas en sus conversaciones.

El miércoles pasado, las especulaciones incorporaron otro dato. Los contratos que se negocian para las operaciones con soja en el mercado de futuros de Chicago tuvieron caídas del 30%. A esa noticia se atribuyó ese día la baja del 4% de la Bolsa de San Pablo. ¿Les llegó a las commodities el deterioro de la economía global? ¿Está la Argentina por subirse a una ola que, según sostuvo Kirchner hasta hace pocas horas, jamás tocaría sus costas? Son acertijos prematuros. Otra novedad del conflicto es que puso al Gobierno demasiado cerca de una crisis política. Son varios los intendentes que asisten a las protestas, aun cuando estén alineados con Kirchner. El ministro de la Producción de Entre Ríos, Héctor Motta, participa de los cortes de ruta. La secretaria de Integración Regional de Hermes Binner, María Alarcón, los organiza. Su ex jefe, Carlos Reutemann, repetía el martes en el Congreso: "No siembro más soja". En Córdoba, Juan Schiaretti mira con asombro los costos que paga el senador Roberto Urquía, a quien los huelguistas le paran los camiones de su Aceitera General Deheza. Juan Urtubey, de Salta, y el radical K Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, guardan silencio, alarmados: en sus provincias el negocio está más amenazado, porque el rinde de la soja es menor. Daniel Scioli calla, como de costumbre, aunque buena parte de su electorado esté en pie de guerra.

El malestar provincial es comprensible, cuando se examina la contabilidad federal. Si los US$ 15.000 millones que el Gobierno retiene fueran al bolsillo de los productores agropecuarios, el Tesoro percibiría unos 5200 millones por el impuesto a las ganancias. La mitad de esa recaudación iría a las provincias. Es el equivalente al déficit fiscal de todas ellas juntas.

¿Hasta cuándo seguirá esta transferencia de ingresos sin que los gobernadores se quejen? Cristina Kirchner tiene la suerte de que ninguno exhibe el temperamento de su esposo, en los tiempos en que comandaba Santa Cruz envuelto en la bandera federal. Y la asiste otra ventaja: las medidas anunciadas no deben pasar por el Congreso, ya que se emiten bajo el paraguas de la ley de emergencia económica. Aunque en la oposición se preparan para encender la mecha con proyectos para cambiar las retenciones.

Hay episodios menos relevantes, pero llamativos por lo risueños, como D Elía acusando a los agricultores de golpismo por inmiscuirse en su especialidad: el corte de rutas. Con tal de zafar de la crónica policial, el productor agropecuario Moyano denunció a sus colegas terratenientes por mantener trabajadores en negro. Castigó a Gerónimo Benegas, del sindicato de trabajadores rurales, aliado suyo en su otra actividad, el sindicalismo.

Más importante que curiosear en las incoherencias de las fuerzas de choque del oficialismo sería comprender el sentido final de las disposiciones de Lousteau. Algunas de sus explicaciones fueron inconsistentes. Por ejemplo, que el desaliento a la producción de soja estimulará a una ganadería que ya su amigo Guillermo Moreno se encargó de arruinar. Como Lousteau es muy inteligente, hay que suponer que persigue otros objetivos. Los Kirchner no quieren encarar una política de ataque a la inflación y eso hace que algunos expertos teman por la solidez fiscal, durante el año próximo. Creen que, para contener los precios regulados, los subsidios deberán ser cada vez más voluminosos. Habría que apostar a que el perspicaz Lousteau advierte el problema y que, tal vez, pretende conjurarlo con sus retenciones. Sería de lamentar que esa estrategia reflejara que se adaptó a la decisión oficial de convivir con la inflación.