El Estado somos todos

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El proyecto de ley girado al Congreso abre una gran posibilidad para consolidar la República o puede lastimar severamente la representatividad de sus instituciones. Opinión de Oscar Aguad

LaNación.com.ar – Esto depende de la voluntad que ilumine al partido del Gobierno y del compromiso de los legisladores en canalizar las expectativas manifestadas en pueblos y ciudades.

El proyecto, tal como ha sido enviado, es casi un acto de provocación. Si después de 100 días de protestas y con el pueblo manifestando su bronca, el Gobierno no entendió la reacción que produce la prepotencia, la arrogancia, el atropello y lo que la gente cree del poder concentrado en el puño de dos personas: hemos perdido el tiempo, lo seguiremos perdiendo y seguramente deberemos empezar de nuevo.

Un debate que incorpore a los productores y sus organizaciones dotará a esta ley de la virtud que permita resolver este conflicto e iniciar un camino que impulse el desenvolvimiento armónico de los sectores productivos y de todas las regiones.

Si se vota sin debate, el país seguirá convulsionado y la parálisis del campo se extenderá a la industria, el comercio, los servicios y el empleo.

Este debate con los productores, al igual que cuando se tratan otros temas estratégicos, de ninguna manera significa resignar poder a ningún interés sectorial si éstos se complementan con los de un proyecto que los articule y donde la creación de riqueza evite que para satisfacer a unos, otros sientan un despojo injusto.

En este tiempo en el que es imperativo resguardar la paz social y la convivencia, hay que suspender esta resolución que poco impacto tiene sobre las finanzas públicas y enardece un debate que el Congreso debe dar sin limitaciones de tiempo ni sujeto a disciplinamientos forzados.

Tenemos la enorme responsabilidad de evitar que los argentinos dejen de creer en sus representantes y aventar el demérito que sobrevuela al Congreso. Como opositores presentaremos un proyecto alternativo y consensuado, pero la obligación y el deber del Congreso es servir a la resolución de una crisis que lleva 100 días con costos gravosos e imprevisibles.

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