Duros cruces en el debate sobre la Ley de Radiodifusión

Clarín – El segundo encuentro que mantuvo ayer la mesa de diálogo sobre la Ley de Radiodifusión -organizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), despertó encendidas críticas al proyecto oficial. Legisladores de distintos sectores cuestionaron básicamente que el Gobierno pretenda forzar el ingreso de su anteproyecto al Congreso -que aún no tiene estado parlamentario- mientras aún no fueron tratados otros cuatro proyectos que están en danza desde hace cinco años.

Como parte de esos disensos, en un momento, el diputado Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica, se retiró del salón luego de aclarar que se sentía ofendido por tener que debatir "solamente el proyecto oficial" en lugar de tratar aquellos que tienen estado parlamentario desde el 2002. "Si el oficialismo quiere presentar este proyecto que siga la vía institucional y que no lo presente en plena campaña electoral", dijo en tono airado.

Previamente, Luis Lazzaro, coordinador general del COMFER defendió los lineamientos del proyecto oficial y destacó que "los medios de comunicación deben atender, no sólo al mercado y al interés comercial, sino también el interés del público y deben seguir dando contenidos", dijo.

Con todo, los funcionarios no contestaron algunos interrogantes que plantearon los panelistas. Por ejemplo, si el Gobierno aceptará audiencias públicas en el Congreso para debatir el tema y si presentará el anteproyecto antes de las elecciones del 28 de junio.

Respecto del objeto de regulación y la autoridad de aplicación que debe tener la ley (los dos aspectos propuestos para debatir en la mesa de ayer), la diputada Silvana Giúdici, de la Unión Civica Radical (UCR) sentenció: "No puedo desconocer que este proyecto es intencionado. Es impulsado por funcionarios que administran la publicidad oficial", dijo. Y agregó: "me preocupa que la autoridad de aplicación -que debe tener actores de la sociedad civil- esté por debajo de la secretaria de Medios".

Varios especialistas coincidieron en que debería buscarse mayor independencia de la Autoridad de Aplicación frente al poder político de turno.

ARPA (radios privadas) cuestionó la mirada de corto plazo y alertó sobre el riesgo de atomización del sector, que al debilitarse podría derivar en una concentración en manos del Estado. La Asociación de TV por cable criticó que el anteproyecto beneficie a las grandes empresas de servicios públicos en desmedro de las pymes,y puso como ejemplo los procesos de regulación de la convergencia de Inglaterra y México.