Controlar a la ex SIDE

La Nación – Muchas veces alejada de su legítimo cometido, la Secretaría de Inteligencia o ex SIDE fue usada por muchos gobiernos como instrumento de control político, herramienta de presión y caja para financiar coimas o comprar votos de legisladores, así como testimonios y silencios en causas judiciales comprometedoras. El actual gobierno también la ha empleado como una suerte de consultora de la campaña de Néstor Kirchner en las elecciones legislativas del año pasado.

Este panorama que oscila entre lo decadente y lo delictivo data de hace décadas y se ha ido agravando ante la constante impunidad de que gozan quienes emplean a la central de espías con finalidades espurias. Por eso hay que destacar los recientes esfuerzos realizados por legisladores de la oposición para intentar controlar a la ex SIDE.

Paradójicamente, la oposición cumpliría así uno de los más caros deseos de Cristina Kirchner.

En 2002, ella y su esposo denunciaron una campaña de persecución y desprestigio en su contra orquestada desde el organismo, dirigido en aquella época por Carlos Soria. La entonces senadora Cristina Kirchner impulsó el proyecto de resolución 1659/02, "instando al funcionamiento inmediato de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia".

Si bien esa comisión está a cargo de la auditoría de las acciones que se realizan con los fondos secretos, es sabido que poco y nada pudo controlar y sólo tuvo acceso a una muestra contable inferior al cuatro por ciento del presupuesto del organismo.

Pero ahora la comisión cuenta con una mayoría de legisladores opositores, y han sido ellos quienes se han propuesto revertir la situación y poner en marcha los controles hasta ahora ausentes.

Por ejemplo, comenzarán a visitar las bases secretas del organismo y solicitarán los detalles de los gastos reservados de los últimos cinco años.

Ese último punto reviste especial relevancia porque es sabido que la secretaría constituye una verdadera caja negra en lo que hace al manejo de esos fondos. De esta caja hasta ahora sin control salieron los 400.000 dólares para que el doblador de autos Carlos Telleldín acusara a ex policías bonaerenses de haber intervenido en la voladura de la AMIA. De allí también habría salido el dinero para que algunos senadores votaran la reforma laboral durante el gobierno de la Alianza. El mismo origen tuvo el financiamiento de encuestas políticas para el Gobierno.

Más problemática resulta otra de las intenciones de los legisladores opositores en la comisión bicameral, como es la de acceder a los listados de los teléfonos intervenidos por orden judicial, tarea que, desde la desaparición de la vieja empresa telefónica estatal Entel, realiza la Dirección de Observaciones Judiciales ("Ojota") de la ex SIDE.

En una central de inteligencia que no se caracteriza por su profesionalismo, esa tarea se presta al chantaje, la presión o las filtraciones, en particular si algunos teléfonos intervenidos corresponden a funcionarios que son objeto de investigaciones judiciales.

Existe en cambio otro proyecto dentro de la comisión para quitarle esa función al organismo y traspasarla a la Corte Suprema de Justicia.

En materia de controles externos a la Secretaría de Inteligencia, todo está por hacerse. No resultará fácil, pero es preciso comenzar cuanto antes para ir perfeccionando sobre la marcha los mecanismos. No puede haber sectores del Estado que se encuentren más allá de la ley, de los controles y de la rendición de cuentas, porque se convierten en las áreas ideales para realizar las tareas más sucias y contrarias a un régimen democrático, y propias de un estado policial.

Por eso también, el Congreso y la Justicia deberían investigar si tal vez ese grado de oscuridad y de autonomía es el que ha permitido que Francisco Larcher, un kirchnerista que ocupa el segundo puesto en importancia en la secretaría pero el verdaderamente ejecutivo, haya incrementado su patrimonio en poco más del 900 por ciento desde que asumió hace siete años.