Condiciones de trabajo adecuadas

Carla Carrizo diputada nacional de SUMA + ECO por la ciudad de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de seguridad en los hospitales, institutos y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, con el fin de brindar a los pacientes y al personal que en ellos se desempeñan condiciones adecuadas de trabajo.

"La situación en los centros de salud es angustiante, resulta indispensable brindarles condiciones de seguridad adecuadas a médicos y pacientes que hoy ven amenazada su integridad en los hospitales de nuestro país", afirmó la legisladora nacional.

El proyecto, que está acompañado por la legisladora nacional por la Unión Cívica Radical, María Gabriela Burgos, propone que el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación, deberán elaborar coordinadamente un Protocolo de actuación destinado a la prevención y acción frente a situaciones de violencia en los establecimientos de salud.

El protocolo será obligatorio para dichos establecimientos, y deberá contener como mínimo disposiciones relativas a:

• Modos de prevención de la violencia en el lugar de trabajo.

• Capacitación del personal de seguridad y del personal de los centros de salud para responder a situaciones de violencia.

• Los procedimientos a seguir por el personal de seguridad y de los centros de salud en casos de urgencia.

• La cantidad de agentes de seguridad con la que debe contar cada establecimiento, de acuerdo a la complejidad y organización interna de cada uno.

• Condiciones de los equipos e instalaciones de seguridad, teniendo en cuenta las diferencias entre unidades específicas.

"Consideramos prioritario que se implemente un protocolo de actuación a nivel nacional y veríamos con agrado que el resto de las provincias se aboquen a la tarea de crear protocolos para los hospitales que están sujetos a la jurisdicción provincial", señala la iniciativa presentada por la legisladora de ECO.

"Numerosos reclamos de la sociedad civil evidencian la urgencia de esta medida", sostiene el proyecto de Carrizo en sus fundamentos. "Es hora que los protocolos de actuación se difundan a nivel nacional y dejen de ser una decisión facultativa o ad hoc de cada establecimiento de salud, para ser una política pública planificada", agrega la iniciativa.

La norma presentada por la diputada Carrizo estipula que el Poder Ejecutivo deberá garantizar el presupuesto para la puesta en práctica de este protocolo de seguridad, también el equipamiento tecnológico para poder llevarlo a cabo y deberá controlar periódicamente la aplicación ajustada de este conjunto de medidas.