Apoya el Gobierno el ascenso de un ex carapintada

La Nación – En una nueva muestra de su versatilidad ideológica, el Poder Ejecutivo defendió el ascenso del teniente coronel Alejandro Jesús Sánchez, cuya promoción fue objetada ante el Senado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por haber participado en el alzamiento militar de Semana Santa contra el gobierno de Raúl Alfonsín, en abril de 1987.

El pliego se encuentra en estudio de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, junto a más de 300 pedidos de ascensos de miembros de las tres Fuerzas Armadas que serán discutidos el próximo martes.

El CELS también objetó las promociones de los oficiales del Ejército José Demaría y Gustavo Motta, y de la Fuerza Aérea Jesús Guasti.

Pero el caso que más llamó la atención a los senadores es el de Sánchez, en particular los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Defensa para defender la promoción del militar.

Es que la nota remitida por la ministra Nilda Garré admite que la propuesta de ascenso fue "formulada con conocimiento de los antecedentes del oficial", es decir de su participación en un alzamiento contra el orden democrático y su posterior indulto por el gobierno de Carlos Menem, en 1989.

Sin embargo, Garré defiende el ascenso en el hecho de que "se ha tomado en consideración su particular contribución a la implementación de las políticas del Ministerio de Defensa para la transformación del área de Inteligencia del Ejército", sin dar mayores precisiones en relación con la tarea desempeñada por Sánchez.

Este no es el primer ascenso que recibe el oficial. En 2003, con la propuesta del gobierno de Néstor Kirchner, fue promovido a su actual grado de teniente coronel.

Por su parte, el CELS impugna al militar por considerar que su pasado "no se condice con la ética necesaria para cumplir funciones en unas Fuerzas Armadas acordes con la democracia".

Sánchez fue incluido en el decreto de indulto 1004/89, firmado por Carlos Menem, que conmutó condenas a los militares que participaron de las rebeliones de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. En el caso del militar objetado, se encontraba encausado junto a Aldo Rico.

Los otros militares impugnados son José Eduardo Demaría, a quien el CELS imputa haber estado destinado en Campo de Mayo entre los años 1976 y 1978. Sobre este oficial, el Ministerio de Defensa asegura que esa información "no parece corresponder con la realidad", ya que, según los registros de la cartera y del Ejército, tras graduarse en el Colegio Militar en diciembre de 1976, fue destinado al Batallón de Ingenieros en Construcciones 141 de La Rioja, a partir de enero de 1977 y hasta octubre de 1979.

Más impugnaciones

La objeción al coronel Gustavo Motta, en tanto, está relacionada con su presunta participación como instructor en la Escuela de las Américas. Según la nota remitida por Garré, sobre la base de un informe elevado por el propio interesado y de evaluaciones realizadas por la ONU, el oficial "no llegó a desempeñar funciones de instructor" en ese establecimiento con sede en Fort Benning (EE.UU.) y denunciado como centro de adiestramiento para la tortura y represión de militares latinoamericanos.

El último oficial cuestionado es Jesús Guasti, de la Fuerza Aérea, a quien el CELS acusa de haber participado en tareas de "espionaje ilegal a diez periodistas de medios gráficos y a una ONG de mujeres, violando la ley de defensa nacional" que prohíbe a los militares realizar inteligencia interna.