Aberrante manipulación

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Por Luis Gregorich

La Nación – ¿Por qué los candidatos "testimoniales" del oficialista Frente para la Victoria? Escuchar las explicaciones de ellos mismos causa a la vez risa, depresión y vergüenza ajena. Es por convicción, para defender el modelo, para no volver a los 90 y evitar el caos y la explosión. ¿Y para eso hace falta designar a candidatos que nunca ocuparán las bancas que eventualmente ganen en las elecciones? ¿No sería mejor dedicarse a administrar eficazmente el gobierno? ¿No sería mejor que las elecciones transcurran, simplemente, con normalidad? En particular, el gobernador Scioli da tristeza cuando justifica su actitud con "sanatas" dignas del Fidel Pintos de la mejor época.

No, no se trata de un problema de convicción o de modelos. Se trata de un asunto de (dudosa) conveniencia electoral, motivado por la gradual pérdida de apoyo en sectores de la población antes considerados seguros. Se trata, ya que las clases medias urbanas en su gran mayoría no votarán al Gobierno, de al menos retener los votos de las capas menos politizadas, más aferradas al clientelismo, que leen menos los diarios y que ni siquiera se preocupan -porque no tienen tiempo ni ganas- de los debates por televisión. En un imperdonable menoscabo a la inteligencia de los votantes, se trata de confundirlos, de asustarlos, de hacerles creer que perderán lo poco que tienen si el Gobierno es derrotado, de sugerir ambiguamente que debe votarse a los candidatos-señuelo porque están en juego, en cierto modo, sus cargos ejecutivos de gobernadores o intendentes, y no meras bancas legislativas.

Dentro de este aberrante mecanismo de confección de listas y de manipulación del voto, que ignora toda prudencia institucional -probablemente se vuelva contra quienes lo han generado-, el caso del gobernador de Buenos Aires es el más flagrante ejemplo de ilegalidad, que en su caso ya no vulnera sólo el sentido común y las leyes, sino que hace tabla rasa de nuestra Carta Magna, como han señalado distinguidos constitucionalistas. El artículo 73 de la Constitución, que no ha sido modificado por ninguna reforma, dice con claridad: "Los eclesiásticos regulares no podrán ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando". Es decir que Daniel Scioli no puede, simultáneamente, ser gobernador de Buenos Aires y representar a su provincia en el Congreso; como no ha renunciado a su cargo, su candidatura es nula de toda nulidad, inexistente y sin sustento alguno, por aspirar a una banca que le está prohibida expresamente. Ya no importa, siquiera, si asumirá el cargo o no; simplemente, no puede ser candidato.

Pero en el imaginario del Gobierno todo es posible. Solo faltó, por pudor (o tal vez por miedo), la candidatura de la Presidenta en la ciudad de Buenos Aires, tan refractaria al discurso de la desesperación oficialista.

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