Legisladores | 11/06/2018

"Aborto legal por una sociedad más justa" por Juan Nosiglia, Legislador de la Ciudad de Buenos Aires

 

El debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llegó al Congreso después de muchos años de que muchos sectores de la sociedad pidamos tratar esta práctica que se realiza sistemáticamente de manera clandestina. La legalización del aborto es un reclamo histórico que desde el año 2005 es impulsado por la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, asociación integrada por movimientos de mujeres, movimientos sociales y militantes de distintos partidos políticos. De 2005 a hoy, el proyecto de IVE se presentó 6 veces, logró la firma de 60 diputados y, por diferentes razones, incluyendo la negativa de la ex presidenta a tratar el tema, jamás llegó al recinto.

 

Los datos son conocidos por todos. Según las cifras del Ministerio de Salud de la Nación, el aborto clandestino es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias argentinas. Y, según las cifras difundidas por UNICEF, cada año nacen 3000 bebés de niñas de entre 10 y 14 años, la mayoría producto de casos de abuso sexual. Las estimaciones indican que se realizan 500 mil abortos inseguros cada año y 60 mil mujeres deben ser hospitalizadas como producto de estas prácticas. De acuerdo con los últimos datos oficiales del Ministerio, en 2016 murieron 245 mujeres embarazadas por diversas causas y, sobre ese total, el 17% fueron muertes por embarazos que terminaron en aborto. 

 

La experiencia internacional demuestra que en aquellos países donde legalizaron el aborto, la mortalidad materna descendió abruptamente. Según la ONU, desde los años 70, 60 países avanzaron con la legalización del aborto, 40 lo hicieron durante las décadas del 90 y 2000. Por citar dos ejemplos, en España y Portugal, la cantidad de abortos descendió desde su legalización en los años 2010 y 2007 respectivamente. España, que tiene un número de habitantes similar al de Argentina, tiene 94.000 abortos por año.  El caso de Uruguay es uno de los más estimables; 37% de las muertes maternas eran a causa de abortos. Desde su legalización en el año 2012, Uruguay tiene mortalidad materna casi nula y representa el 8% de los casos.

 

El aborto existe y se practica todos los días en Argentina. El aborto es un problema de salud pública porque genera muertes que podrían ser evitables, y por eso el Estado tiene que hacerse responsable, esto es lo que estamos debatiendo. También es un problema de equidad de género y de equidad social; afecta únicamente a las mujeres, niñas y adolescentes. Y afecta, principalmente, a las mujeres de bajos recursos. Hoy está en juego la salud de mujeres que arriesgan su vida. 

 

En la defensa por la legalización del aborto también se sostienen los valores de la libertad e igualdad. En la última reunión plenaria, la Diputada Nacional Carla Carrizo señaló: ¿Quiénes somos para arrogarnos cuándo un embarazo es deseado o no, cuándo está en riesgo la salud mental de una mujer. ¿Decidiremos nosotros por ellas?“. Es la firme creencia en un Estado secular que no se atribuya la potestad de decirle a las mujeres cómo vivir ni cómo decidir. Con argumentos similares, pero esta vez dirigidos a la presión ejercida por la Iglesia Católica en la provincia de Tucumán, la Diputada Nacional Teresita Villavicencio sentó posición a favor de la despenalización, siendo la única diputada por esa provincia que firmó el proyecto de ley. Advirtió sobre la necesidad de dejar las creencias religiosas para el fuero personal y también se dirigió al Arzobispo, quien días atrás presionó públicamente a los Diputados llamándolos a votar en contra de la despenalización. 

 

Justamente el caso de Tucumán es paradójico y reflejo, al mismo tiempo, de lo que pasa en muchas Provincias bajo fuerte presión de la Iglesia, lugares donde no se dictan los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral, y la única propuesta es mantener los abortos en la clandestinidad, negando su existencia. Quienes se oponen a la despenalización omiten deliberadamente el hecho de que el aborto ya está legalizado por el Código Penal para casos especiales. De hecho, respecto del debate por el derecho a la vida (desde la concepción) y la inconstitucionalidad del proyecto, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos acaba de sostener que ´no es admisible otorgar condición de persona a un embrión´, que ´la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino es gradual e incremental´. 

 

Somos mayoría los radicales que creemos que el proyecto de legalización del aborto es un escalón importantísimo para avanzar hacia una sociedad más justa y  equitativa. Somos muchos quienes seguimos adhiriendo a la fe cívica, credo histórico del radicalismo; porque sostenemos que es la única fe que debe predominar en el ámbito de lo público; porque la única religión que debe sostener la política es la de garantizar la vida, la libertad y la igualdad de todos y cada una de las personas. El bloque Evolución Radical apoyará por unanimidad.

 

 

JUAN FRANCISCO NOSIGLIA

Diputado de la Ciudad de Buenos Aires

Evolución - UCR

 


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