Opinión | 13/11/2017

Presupuesto 2018. Participación ciudadana y vivienda digna. Ley 341

Por María Patricia Vischi, diputada porteña (Suma+ Evolución).

En el año 2000 se sancionó la Ley 341, poniendo en marcha el Programa de Autogestión para la Vivienda (PAV) en la Ciudad de Buenos Aires. Destinado a hogares en situación habitacional crítica. Por esta ley, el PAV otorga subsidios o créditos con garantía hipotecaria.

La Ley prevé que estos hogares –a título individual o incorporados a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro–, elijan y compren terrenos, contraten servicios profesionales, adquieran los materiales necesarios y gestionen el cobro de los certificados de avance de obra.

Desde la sanción de esta ley unas 30 Cooperativas inauguraron sus obras, dando solución habitacional a más de mil familias en distintas Comunas de la Ciudad.

Es evidente que ante la dimensión del déficit habitacional local, el impacto cuantitativo del PAV resulta exiguo.
Sin embargo, obtuvo mejores resultados que la producción estatal de vivienda en otros campos. El PAV produjo arquitectura que fue asimilada por el tejido urbano, como cualquier otra edificación de nuestra Ciudad. Fue ejecutada a menores costos y durante el proceso creó “consorcialidad” entre los futuros propietarios, es decir, los propietarios asumen la responsabilidad de administrar sus consorcio, situación distinta a la conflictividad que presentan los mega proyectos de ejecución estatal, como Soldati o Lugano, donde todavía hoy el Estado es el que se tiene que encargar de esa tarea.

Este Programa a través de la Ley 341, llevó a las familias, a ser parte de una experiencia única, enriquecedora, altamente educativa e inspiradora a nivel social y cooperativo. Esa participación, transformaron a las organizaciones en mutuales o cooperativas con un objetivo común: el acceso a la vivienda definitiva.

El programa de autogestión, comprometió a las organizaciones a llevar adelante, la tarea de: organizarse social y legalmente; elegir profesionales para realizar el emprendimiento; conseguir el terreno apto para el proyecto; transitar la burocracia administrativa gubernamental; mantener el espíritu de unidad dentro de las organizaciones para no perder de vista el objetivo principal; aprender sobre la marcha, algo de arquitectura y de economía de interés social; de trámites y buscadores de mejores precios, de contrataciones y en otros casos transformarse en mano de obra para llevar adelante el proyecto.

Por estas razones es que estimulo con convicción esta ley y el programa de autogestión que de ella deriva.

Porque mediante ella no solo se beneficia aquel que obtiene su vivienda, también se beneficia el gobierno que se libera de la tarea de construir y adjudicar y en muchos casos seguir administrando el consorcio. Porque es de sana economía, dado que se construye un 35 por ciento a 40 por ciento más barato que la obra pública; porque llega a una franja de la sociedad totalmente excluida de la posibilidad de acceder al crédito bancario y porque la integración al tejido urbano es en armonía.

Hoy creo que debemos poner en valor esta ley, corregir las trabas burocráticas, dar continuidad al programa de autogestión y garantizar un presupuesto suficiente y una ejecución fluida.

Por todo ello es que, el pasado martes 7 de noviembre, con motivo de la presencia de los funcionarios que componen la cartera de Jefatura de Gabinete de Ministros para debatir el Presupuesto 2018 del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en la partida pertinente a la Ley 341, realicé la correspondiente pregunta de por qué la significativa reducción respecto al monto asignado al mismo ya que dicho programa sufrió una quita de doscientos quince millones de pesos ($215.000.000) respecto al año 2017, es decir un 54 por ciento, manifestando además mi preocupación.

Y permítanme hace referencia al Barrio donde milito. Con el mismo tenor me expresé sobre el Programa Rehabilitación de la Boca, que debe dar respuesta a los problemas habitacionales de los habitantes de los conventillos ubicados en el Barrio, ya que se prevé disminuir el monto de este Programa en un 64 por ciento en relación al Presupuesto 2017, involucionando en ciento cinco millones de pesos ($105.000.000).

La opinión del Poder Ejecutivo de la Ciudad ya estaba manifestada al formular el Presupuesto, más allá de la respuesta brindada. Quedó evidenciado, una vez más, que tenemos distintas prioridades.

A continuar, entonces, trabajando a favor de la participación ciudadana y por el derecho al acceso a la vivienda digna.
 

 


Conectando con facebook..