Opinión | 02/10/2017

¿Por qué es importante una ley de educación de la Ciudad?

Por Juan Francisco Nosiglia, legislador porteño (Suma+ Evolución)

Cada conflicto que se desencadena en las escuelas de la Ciudad es, en el fondo, reflejo de que la educación, el sistema educativo y las instituciones educativas no parecen hoy responder adecuadamente a las expectativas y las aspiraciones de la mayoría de nuestra sociedad. Esto se manifiesta en índices que determinan una tendencia de bajas tasas de egresos de los niveles secundarios y superior, altos niveles de repitencia y resultados poco alentadores en materia de aprendizajes escolares. En consecuencia, una amplia mayoría coincidimos en la necesidad de reformar el sistema y plantear nuevos objetivos y desafíos.

El 1º de octubre se van a cumplir 21 años consecutivos de que la Ciudad desobedece el mandato constitucional de sancionar una ley de educación propia. Todos estos años el Gobierno de la Ciudad se rigió a través de leyes nacionales y, en algunos temas específicos, de normativa local.

¿Por qué es importante una ley de educación de la Ciudad? Porque ninguno de los problemas del sistema, de los generales a los particulares, se va a resolver sin un diagnóstico y una propuesta que ponga en perspectiva de mediano plazo los cambios que necesita la educación pública en todos sus niveles.

Es cierto que ninguna ley de por sí va a resolver los problemas de la Educación, pero abrir el debate de una ley propia de la Ciudad implica, en primer término, tomar la decisión de volver a poner a la educación en el centro de las políticas del Gobierno de la Ciudad. Implica la decisión, en términos presupuestarios, de llevar la inversión a los niveles que históricamente asumió el Gobierno de la Ciudad, y atarla a metas y objetivos institucionales, por encima del 25% del su presupuesto. Implica reafirmar los principios que siempre sostuvieron nuestro sistema educativo, como la igualdad, la universalidad, la responsabilidad del Estado, la laicidad, la gratuidad, la participación y la inclusión, entre otros, y que en muchos de los debates superficiales de estos días en los medios de comunicación se ponen en cuestionamiento.

Por otro lado, tenemos la certeza de que la calidad del sistema educativo nunca será mejor que la calidad de sus docentes. En este sentido, hay que trabajar para jerarquizar y ordenar la formación docente y mejorar los mecanismos de evaluación. La Legislatura porteña, por ejemplo, sancionó la ley que crea el Instituto de Evaluación Educativa, pero aún esperamos su puesta en funcionamiento plena. Lo mismo sucede con la importantísima inversión que se ha hecho en tecnología (más de 3300 millones de pesos y 600 mil computadoras entregadas en seis años) pero sin sustento, sin una política de seguimiento, capacitación y desarrollo de programas de herramientas aplicadas a los procesos de aprendizaje.

Hay muchísimo para hacer en la articulación entre los niveles, utilizando recursos humanos del sistema universitario, pensando en herramientas como tutorías y en el seguimiento de las trayectorias escolares, por ejemplo, a través de un legajo único.

Hemos presentado nuestro proyecto de ley de educación de la Ciudad con la convicción de que el marco de la discusión de esta ley en la Legislatura habilitará a pensar en grandes consensos para sancionar una norma que dé fundamentos, sentido y direccionalidad a la política educativa. Un debate plural para construir acuerdos entre los diferentes actores representativos del sistema, que faciliten la formulación de políticas públicas y orienten las trasformaciones y las reformas con independencia de la gestión política que las implemente. 

 


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