Legisladores | 29/05/2017

Los fueros que sobran y las leyes que faltan

Mientras en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Fueros no reúne el consenso suficiente, la diputada nacional Carla Carrizo opinó para Télam sobre la necesidad de que se eliminen los fueros a los jueces e integrantes del Poder Ejecutivo y no sólo a los parlamentarios.

Desde que Argentina recuperó su democracia, en 1983, todos los ex Presidentes, salvo Raúl Alfonsín, fueron procesados por distintos casos y uno, Carlos Menem, condenado, sin que aún la Corte se haya expedido sobre si esa condena es firme. Lleva la ciudadanía tres años esperando un pronunciamiento que los integrantes del máximo tribunal estiman no es prioritario resolver. Más, el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, asumió con un proceso abierto que luego concluyo con su inocencia. El ex vicepresidente, Amado Boudou, será recordado no por lo que hizo en su función sino por la historia de sus causas que los medios informaron durante sus años de mandato.

Hoy la corrupción que en Argentina es tragedia y ficción, se reproduce en los medios a través del caso Odebrecht y sus vínculos con el diputado Julio De Vido. Simultáneamente, los fueros parlamentarios se presentan como el obstáculo que impide a los jueces avanzar en la liberación de la ciudadanía de los delitos de corrupción de la dirigencia política. Pero ¿podrían los jueces federales liderar el Lava Jato como lo sugirieron la semana pasada en ocasión de crear una nueva Asociación Nacional? No.

Porque a diferencia de Sergio Moro, juez que lideró en Brasil ese proceso, o de Antonio Di Pietro que lideró Manos Limpias en Italia, ellos gozan hoy de mayores privilegios que los políticos que procesan, aunque no condenan. No los motiva la justicia, sino en el mejor de los casos la negociación y, en el peor de ellos, la extorsión. El Lava Jato inició en Brasil en 2014. En tres años produjo 130 condenas con un total de 1362 años, 5 meses y 21 días de pena. Mani Pulite inició en 1992. En un año habían declarado 4000 empresarios y políticos de diversos partidos. ¿Cuántos duran los casos de corrupción en Argentina? 14 años según datos de ACIJ. En todo ese tiempo ¿cómo es que ningún fiscal salió en los medios por procesar a los jueces ante semejante negligencia institucional? Hay estadística de funcionarios y políticos procesados ¿cuál es la de jueces y fiscales?

Los allanamientos que hoy iniciaron con el caso Odebrecht ¿emulan los que inició el Juez Rafecas luego de tener 8 años la causa de José López y de la televisión de los 8 millones en el convento? Es obvio que pretender la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción no es obligar a jueces a ser responsables sino avalar a que exacerben ad infinitum su capacidad de negociar o extorsionar al poder de cualquier gobierno. "Defección estratégica", el nombre técnico con que la Ciencia Política califica al caso de los jueces en Argentina.

Hoy hay fueros que sobran. No sólo en legisladores. La ley 25.320 otorga inmunidades inconstitucionales a jueces e integrantes del Ejecutivo. Insólito caso de inmunidades parlamentarias extendidas a otros poderes que ninguna democracia permitiría. En 17 años ningún fiscal reclamó su inconstitucionalidad. Hoy por esa ley los jueces y funcionarios del ejecutivo tienen inmunidad de arresto. Si fuesen condenados sin juicio político previo no podrían ser detenidos. Procesos, allanamientos, condena y arresto es la discusión; jueces incluidos. Y hay leyes que faltan. Una que, como en otros países, no blinde con el desafuero y el juicio político a integrantes de los poderes públicos cuando son procesados o condenados por corrupción.

Alcanza con establecer la duración del proceso cuando la credibilidad de un juez, funcionario o legislador este en juego. Se dice que los ciudadanos no penalizan la corrupción cuando votan. No es verdad. La dirigencia no les ofrece los criterios para elegir. 

 


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