| 18/09/2007

Gil Lavedra, D´Alessio y Giudici le piden informe a Alberto Fernández sobre protección de testigos en las causas por violaciones a los Derechos Humanos

Los ex miembros de la Cámara Federal que condenó a las juntas militares y Silvana Giudici presentarán mañana martes un escrito en la Jefatura de Gabinete.

El candidato a senador por la UCR Capital, Ricardo Gil Lavedra, y el jurista Andrés José D'Alessio presentarán mañana al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, un pedido de informe respecto de la actividad cumplida dentro del “Programa Verdad y Justicia”, creado en el ámbito de esa Jefatura por el Presidente Kirchner mediante el decreto nº  606/07.

Ambos miembros de la Cámara Federal que condenó a las juntas militares que usurparon el poder en la Argentina entre 1976 y 1983 harán la presentación ejerciendo los derechos que confiere el Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional, en coincidencia con el primer aniversario de la desaparición del albañil Jorge Julio López, quien era testigo en una causa por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y se convirtió en el primer desaparecido en democracia.

Gil Lavedra y D'alessio serán acompañados en la presentación por los miembros de la fórmula presidencial de la Concertación por Una Nación Avanzada (UNA), Roberto Lavagna y Gerardo Morales. Tras la presentación, ofrecerán una conferencia de prensa a las 11:00 en la esquina de Balcarce e Hipólito Yrigoyen.

En el escrito los juristas pedirán al jefe de Gabinete que detalle la actividad cumplida dentro del indicado “Programa Verdad y Justicia” para realizar un mapa de riesgo respecto de testigos, el plan de protección de éstos, y para agilizar el trámite de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Gil Lavedra y D’alesio plantearán que a raíz de su “preocupación por las demoras y dilaciones en la tramitación de las causas promovidas en los últimos años por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableciera la invalidez de las leyes llamadas de obediencia debida y punto final, dando lugar así a la reapertura de cientos de expedientes” ambos elaboraron un proyecto de ley destinado a agilizar la marcha de tales procesos, el cual fue adoptado por el Bloque de la UCR en el Senado de la Nación y presentado en acto público el pasado 16 de mayo.

Seis días después de ese acto, el Poder Ejecutivo dictó el decreto nº 606/07 por el que se creó el llamado “Programa de Verdad y Justicia”, en cuyos considerandos se afirmaba que “el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad es un proceso que sentará bases profundas para el fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática. La apertura y el avance de una gran cantidad de causas judiciales, luego de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, marcan un punto de inflexión en este proceso, que requiere el ajuste de las capacidades estatales”. Asimismo se estableció que la jefatura de Gabinete, en su carácter de coordinador, “será responsable del seguimiento del proceso de memoria, verdad y justicia en su conjunto, para evaluar avances, retrocesos y necesidades; y de remover los obstáculos que afecten su normal desenvolvimiento”

A esos efectos se adoptó el compromiso de realizar en el plazo de noventa días un diagnóstico de los hechos de amedrentamiento que hayan sufrido las personas vinculadas a las denuncias o causas judiciales, identificando posibles autores y estableciendo un mapa de riesgo la situación y proponer un plan de protección de víctimas y testigos.

Gil Lavedra y D’alesio plantearán que “la cuestión tiene enorme relevancia institucional pues pese a la vigencia de la ley 25.764 que estableció el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, hace hoy un año se produjo la desaparición de Julio López, único hecho encuadrable desde la recuperación de la democracia en la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, aprobada por nuestro país en el año 1995, además del confuso y no aclarado episodio que rodeó el secuestro de Luis Gerez, al punto que obligó a la intervención personal del Presidente de la República”.

Los juristas destacarán también que “el Subsecretario de Promoción y Protección de los Derechos Humanos sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hay 360 testigos críticos (entre 4500), 35 amenazados y 5 que requieren especial protección, además de 12 funcionarios y magistrados amenazados”.

Los ex camaristas apuntarán que desde la sanción del decreto no ha sido brindada  información alguna sobre el curso de las acciones encomendadas al Coordinador del “Programa” y que, en cambio, “lo que se  conoció fueron las quejas que él mismo formulara acerca de la falta de elementos y personal, según puede leerse en el diario Página 12, edición del 5 de julio del corriente, a 44 días del dictado del decreto (…) en acto al que se quiso dar una gran publicidad periodística, con foto del Presidente en el momento de firmarlo, como resulta de la noticia oficial suministrada por la Presidencia de la Nación con fecha 24 de mayo pasado”.

Gil Lavedra y D’alesio señalarán que se ha agravado el “atraso de las causas por violaciones masivas a los derechos humanos” y que “hasta el presente sólo se ha condenado a dos policías y se encuentra en trámite el proceso a un cura”. En su nota los juristas destacarán que hasta el momento el gobierno se limita a atribuir responsabilidad por las demoras a los jueces “sin explicar qué medidas se han tomado o propuesto para crear las herramientas  que puedan solucionar esta situación angustiosa y guardando absoluto silencio acerca de la tarea cumplida por el organismo específico que se creara para hacerlo”.

 


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