| 16/09/2007

“Este Gobierno es macaneador y mentiroso”

Fue conjuez de la Corte Suprema, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro del tribunal que juzgó a las Juntas Militares y ministro de Justicia. Quiere ser senador por la UCR que apoya a Lavagna y critica duramente a Kirchner.

Publicado en Suplemento Domingo, Diario Perfil, 16-9-2007.
Reportaje: Magdalena Ruiz Guiñazú.

Candidato a senador por la lista de la UCR que apoya a Lavagna en la Capital, el doctor Gil Lavedra trae también consigo un imponente currículum que lo recuerda no sólo como jurista y ex ministro de Justicia, sino además como integrante del tribunal que juzgó a los comandantes de la dictadura, conjuez de la Corte Suprema de Justicia entre 2002 y 2005, juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, desde muy joven, miembro del cuerpo de profesores de la Facultad de Derecho de la UBA.

En su confortable estudio jurídico (una casa antigua en la Avenida Santa Fe), habla de su asociación política con el ex ministro de Economía:

—Voy a hacer campaña con Lavagna. Por supuesto. Acuérdese de que la Unión Cívica Radical ha concertado con el doctor Lavagna y sus equipos un verdadero programa de gobierno, y ha decidido que él es el hombre con experiencia probada para conducir la aplicación de un plan que abarca todas las áreas. Es la propuesta más seria que ofrece la oposición, y constituye un camino alternativo y superador al desempeño del actual Gobierno.

—Y para usted también, me imagino, la perspectiva de poder legislar no sólo como político sino como jurista...

—Todo cargo representativo trae consigo una gran responsabilidad, porque la gente deposita allí mucha confianza y una credibilidad que hoy se encuentra sumamente disminuida en nuestra sociedad –Gil Lavedra sopesa las palabras–. Además, nunca me tocó ser representante por el voto popular. Esto, claro, equivale a someterse al escrutinio público y... ¡por supuesto, trae cierto cosquilleo! Sobre todo por el miedo a defraudar, a no cumplir con todo lo que uno quisiera... Mire, hace falta tanto, pero tanto, para que las cosas se hagan mejor, que no podemos dejar de preguntarnos si vamos a estar a la altura de las circunstancias –reconoce con absoluta humildad.

—Sin embargo, doctor, a lo largo de su vida usted ha sido parte de acontecimientos históricos, como fue integrar el tribunal que juzgó a los comandantes de la dictadura...

—Sin duda, pero me parece que toda esa etapa, el juicio, la labor de la Conadep, significó una bisagra porque no sólo fue un juicio a las violaciones masivas de Derechos Humanos, sino que fue un juicio a las dictaduras y, como tal, significó un punto de partida de la recuperación democrática en la Argentina.

—Desde ya. ¿Por qué será, entonces, que actualmente el presidente Kirchner (por otra parte, abogado) tiene mucha renuencia a tocar el tema del juicio, que fue tan importante?

—Yo creo que este Gobierno ha hecho oportunismo en relación con los Derechos Humanos. Y lo pienso porque creo que ha tratado de capitalizarlo políticamente. Ha medrado con el tema y en este sentido, ha intentado desconocer todo lo que se ha hecho en la Argentina con anterioridad. Fíjese que el caso de Argentina es aún más singular que el de Grecia, porque allí se realizó un juicio militar para juzgar a los coroneles. En nuestro país, en cambio (y es un caso único en el mundo), se trató de un tribunal civil que juzgó crímenes cometidos por una dictadura militar saliente y aplicando reglas del Derecho nacional, puesto que no aplicamos aquellas que integran el Derecho internacional en materia de derechos humanos. Insisto en que, en este aspecto, la Argentina ha tenido un comportamiento ejemplar por ser una de las primeras naciones que establecieron el derecho a la verdad. En ese sentido, la Conadep (que actuó como comisión de la verdad) hizo una extraordinaria labor que luego fue ejemplo de muchísimas otras comisiones de la verdad en el mundo. En el juicio a los comandantes se juzgó, limitadamente en un comienzo, a los jerarcas del régimen militar por los crímenes más aberrantes, y también es importante subrayar que Argentina es líder en materia de reparaciones. Ha pagado ya cerca de setecientos millones de dólares. Y hoy, después de muchos años, ha llegado a la hipótesis extrema, que es “la persecución por siempre”, puesto que los delitos de lesa humanidad siempre deben ser juzgados. Creo que son hechos muy elogiables, pero que han ido dándose en el transcurso del tiempo. ¡Los derechos humanos no nacieron con Kirchner! Y por cierto que quienes hemos vivido en esa época sabemos que actualmente el contexto es muy diferente. ¡Hoy resulta fácil descolgar un cuadro o pronunciar un discurso descalificador en la ESMA! Lo difícil fue poner el pecho en aquellos primeros años de la democracia.

—¿Usted piensa que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron exigencias del momento, que no hubo más remedio que promulgarlas? ¿Fue un error?

—Es contrafáctico. Yo no estaba de acuerdo, sobre todo con la sanción de la Obediencia Debida, pero también entiendo que era muy difícil en aquellos momentos saber lo que resultaba conveniente. Hay que recordar que se trataba del primer gobierno civil después de una dictadura. Era un gobierno civil que estaba sufriendo levantamientos militares. Fueron tres: Semana Santa, Monte Caseros, Villa Martelli y otro, el de los Albatros, quizás olvidado. El gobierno civil tampoco tenía el dominio completo de la fuerza. Esto hoy parece una locura porque vivimos en un régimen democrático mucho más consolidado. Es muy difícil ubicarse en aquel contexto, pero lo cierto es que quizás los indultos a los ex comandantes y a los juicios que quedaban pendientes no eran necesarios. Con respecto a las leyes de perdón, creo que son contingencias históricas. Hoy se han levantado, y sus protagonistas han señalado que fueron leyes fruto de una necesidad sólo explicable por razones políticas. Lo cierto es que, en este momento, nadie pide juzgamientos.

—Nos quedamos en el presente, entonces. Hablando de instituciones, ¿no le parece muy preocupante lo ocurrido en la elección a gobernador en la provincia de Córdoba?

—La definición mínima en democracia es que las elecciones sean libres, limpias y competitivas. Si hay fraude, se está violando el ejercicio de la soberanía popular, y me parece que Córdoba ha instalado (creo que por primera vez desde que se recuperó la democracia) el fantasma del fraude. No sé si lo hubo realmente, pero la manera en que se manejó la cuestión lo hace sospechar. Es un bochorno que resulte imposible contar con resultados electorales hasta muchas horas después de cerrados los comicios. ¡Transcurría la madrugada y no se sabía qué había ocurrido allí! Las declaraciones del candidato Schiaretti, que se atribuía una victoria primero por el 20%, luego por el 10 y finalmente por 7 o por 3, resultó un bochorno. Esto le causa un daño enorme al sistema. Por lo tanto, creo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr una mayor credibilidad. ¡Si fuera necesario, contar los votos uno por uno! Repito que estos son los daños que producen una herida profunda en el tejido de la democracia.

—Claro. Es como reforzar (sobre todo en los jóvenes) aquello de “que se vayan todos”...

—Sí, es como la consolidación de la mentira y del engaño. Tampoco sabemos, por ejemplo, qué cantidad de pobres hay en el país, porque se falsean las cifras de los índices oficiales. Tampoco sabemos cuánto aumentaron los precios. Es la imposibilidad de transparentar los procedimientos y, por otra parte, la impunidad para romper las reglas establecidas. ¡Es difícil establecer una política de medición seria si no se cuenta con los instrumentos adecuados! Y, ojo, que este ocultamiento de la verdad parece que ha sido una constante de este Gobierno. Es un Gobierno macaneador y mentiroso, porque dice cosas que no son ciertas. Un Gobierno de tribuna, desde la cual hace anuncios que luego se desvanecen, demostrando una gran habilidad para manejar en forma discrecional los dineros públicos. Porque el gran instrumento político que ha tenido el Gobierno no han sido las políticas públicas, ¡sino la administración de la caja, disciplinar a través del dinero de todos a la propia tropa y comprando a los adversarios!

—¿Usted cree que casos como Skanska, la bolsa de Felisa Miceli, la valija de Antonini, etcétera, son producto de una impunidad absoluta, o forman parte de un clima preelectoral que alguien puede estar armando?

—Yo creo que son el resultado de políticas concretas. Los fideicomisos, el manejo de los fondos públicos a través de fideicomisos, la ley de superpoderes, la delegación de facultades legislativas, los decretos de necesidad y urgencia, son todos instrumentos que se han utilizado para poder manejar sin control los dineros públicos. Discrecionalidad y débil control tienen un único resultado: corrupción. Yo creo que, en materia de obra pública y contrataciones, Skanska es un caso aislado, pero que detrás del tema de la valija con 800.000 dólares o la bolsa de Micelli vamos a encontrar muchos más casos.

—En dos palabras: ¿impunidad absoluta?

—Me parece que en materia de corrupción e impunidad tenemos, por desgracia, largos méritos. No sé qué ha pasado con los escándalos por corrupción de la década del 90, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con el Banco Nación? ¿Y con el contrabando de armas? ¿Cómo no va a descreer la sociedad en las instituciones, si no se han podido dar las respuestas adecuadas? ¡No hemos podido aplicar la Ley! Se trata simplemente de eso, repito, de aplicar la Ley ante casos evidentes de corrupción.

—Lamentablemente, hay muchas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el hecho de que la secretaria Picolotti, cuyo informe sobre saneamiento del Riachuelo no fue aceptado por la Corte Suprema y que sin embargo sigue en funciones, cerró la planta de Shell (entre paréntesis, ¡ahora reabierta!). Siendo abogado de la empresa Shell, ¿qué dice usted sobre esto?

—No voy a hablar sobre este caso concreto porque soy abogado de parte, y eso me inhabilita. Pero me parece que éstas no son buenas maneras para crear un clima verdaderamente serio para atraer inversiones que Argentina necesita. Este Gobierno ha tenido un gran crecimiento económico, pero no ha distribuido con equidad. Tampoco ha tenido políticas serias y sostenibles. Varias cosas. Por ejemplo, lo del Riachuelo. Este es un gobierno sin políticas, salvo en algunos aspectos como salud y educación. En el resto, carece de políticas públicas. No las tiene en materia de seguridad. No las tenía, tampoco, en el tema medio ambiente. Lo que hizo la Corte fue decir : “Señores, yo no puedo establecer cuáles son las políticas públicas adecuadas, pero si aquí hay una violación a un derecho colectivo, como es el del medio ambiente, bueno, ¡díganme qué van a hacer!”. Como sabemos, la secretaria Picolotti presentó una determinada propuesta que los expertos consultados por la Corte descalificaron. La secretaria Picolotti se vio envuelta, también, en lo que significa el manejo de plata sin control. Me parece una vergüenza lo que hemos leído acerca de este tema: nombramiento de parientes, utilización irregular de fondos públicos, etcétera. ¡Finalmente, no sabemos si quien clausuró Shell fue un primo o un sobrino de la secretaria! –se ríe– ¡Es muy posible que esos parientes sean empleados de Medio Ambiente!

—¿Cuál es la óptica, a través de la ley, para leer, por ejemplo, los índices oficiales sobre la inflación?

—Esto es barrer bajo la alfombra. ¡Todo el mundo sabe que la inflación no es la que dice el Indec! ¿Cuál es la política del Gobierno con respecto a la inflación? ¡Ocultarla! O si no, mandar al secretario Moreno para apretar a los comerciantes, para que los índices no suban. Esto es risible y no es serio. Por lo menos, esto no asegura un desarrollo sostenido del país. Sin embargo, tiene que ver con la concentración de poder. El Congreso está desaparecido y el Gobierno actúa por sí mismo, gobierna por decreto, mientras el Congreso ni dicta leyes ni controla. Yo creo que ésta es una de las razones por las cuales me gustaría ganar una banca en el Senado. Para que el Senado cumpla con su función. Repito: controlar y dictar leyes. En Argentina todo funcionaría mejor si cada uno hiciera lo que debe. Debemos ser un país sensato, previsible, normal, en el cual la Ley sea el marco que regule la conducta de todos los ciudadanos. También me parece que las herramientas jurídicas que pretende utilizar el Gobierno para intentar disciplinar los precios son de terror. La Ley de Abastecimiento, por ejemplo, era una ley dictada por Gelbard y Perón en plena doctrina de la Seguridad Nacional, y es una ley que no solamente no está en vigencia, sino que para la cultura jurídica vigente en estos tiempos resulta ostensiblemente inconstitucional. Y es sobre la base de estos instrumentos que el secretario Moreno trata de que los productores y comerciantes acaten sus órdenes.

—En ese sentido, es muy interesante la disposición que tomó la Corte Suprema en Salta la semana pasada, para obtener mayores fondos para el ejercicio de la Justicia y evitar las lentitudes que conocemos.

—La Justicia no solamente debería tener una mayor autonomía, sino poder hacer su presupuesto. Hay muchos países que establecen, para la Justicia, un porcentaje fijo en el presupuesto. En el caso de la Justicia argentina, la mayor parte del dinero se va en pagar recursos humanos, o sea en sueldos, y no queda mucho para tecnología u otras inversiones. La Justicia tiene que modernizarse y tecnificarse, debe establecer distintas formas de aumentar la oferta de Justicia para que esta enorme demanda pueda ser canalizada. Recordemos que la Justicia significa “el lugar” donde la gente canaliza sus confictos y puede ver protegidos sus derechos. En términos de porcentaje del Producto Bruto, este aporte ha disminuido. Nominalmente, la Justicia ha aumentado la plata que se le asigna pero no así el porcentaje asignado sobre el Producto Bruto.

—Por ejemplo, los tribunales de Familia, donde últimamente hemos visto casos tan dolorosos como mellizos “devueltos” después de seis años a su madre biológica, menores discapacitadas y violadas a las que una jueza no permite interrumpir el embarazo, etcétera, nos permiten pensar que en esta área la ley prima sobre el sentido común. ¿Usted cree que sería factible modificar la mentalidad de ciertos jueces?

Gil Lavedra suspira:

—Mire, hablando de temas de reforma judicial, en este momento la Justicia tiene la misma organización para ejecutar un pagaré que para atender un caso de familia. Y esto, verdaderamente, es un disparate. Hay determinadas materias y procesos que requieren poco juicio y una gran informatización. Por ejemplo, los juicios ejecutivos en los que los formularios son casi mecánicos. Otros, en cambio, requieren mucho del juez y de las disciplinas auxiliares. Obviamente, los problemas de familia... ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente, que la oficina judicial no puede estar organizada del mismo modo para atender una quiebra o un problema de familia. Y esto tiene que ver con que la reforma de la Justicia pasa por distintas maneras de organizar el servicio de una oficina judicial. Y, por supuesto, esto incluye la capacitación de los jueces que, creo, debe ser permanente. Además, los jueces deben acudir siempre a la ayuda que les brindan disciplinas auxiliares en temas tan delicados como las relaciones familiares. Y esto también rige en los temas comerciales. El juez no sabe “todo”. Debe apoyarse en el aporte de los peritos y expertos que colaboren con él. En ese sentido, la iniciativa de la doctora Highton de Nolasco (miembro de la Corte Suprema) es encomiable. Se trata de crear una oficina permanente de consulta y guía en problemas familiares, que estará abierta al público durante las 24 horas. Y es una de las maneras por la cual la Justicia podrá estar más próxima a las necesidades de la gente. Será una Justicia más abierta y amigable para el ciudadano.

 


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